La DGA ve "indicios de delito" en la residencia de Burbáguena, que se muestra "sorprendida" por la denuncia por el brote de coronavirus

El brote de coronavirus que afecta a la residencia de Burbáguena, que ya ha costado la vida a dos ancianos mientras que otros 62 están infectados -14 de ellos permanecen ingresados en el hospital Obispo Polanco de Teruel-, acabará en los tribunales. El Gobierno aragonés anunció este jueves que presentará una denuncia por la vía penal en el juzgado de guardia "tras constatar la existencia de indicios de delito en los hechos acontecidos".

Según explica el Ejecutivo autonómico en una escueta nota, tanto Salud Pública como el Departamento de Ciudadanía han realizado inspecciones en el geriátrico -donde viven 96 mayores- y han levantado actas sobre lo sucedido. Señala también que aunque se iniciarán los procedimientos sancionadores administrativos que correspondan, "la gravedad de lo ocurrido" lleva a formular una denuncia "para la exigencia de las responsabilidades que pudieran proceder".

Fuentes de la plantilla de trabajadores declararon este jueves que desde hacía tiempo venían alertando a los responsables del centro, gestionado por los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, de que algunos residentes tenían fiebre y estaban "como apagados", pero que estos síntomas fueron atribuidos a las altas temperaturas del verano y no fueron derivados a un hospital. Se quejaron, además, de que han escaseado los guantes y las mascarillas.

Estas fuentes laborales afirmaron también que algunos empleados empezaron a sentirse mal en los últimos días pero que, pese a ello, no se les hizo la prueba PCR. En concreto, relataron que, el lunes pasado, una trabajadora comunicó "que se encontraba fatal" y no por ello la enviaron a casa de baja. Esta empleada ha dado positivo, lo mismo que otros ocho compañeros, cinco de los cuales se sometieron al test este jueves.

Juan Vela, representante de los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, se mostró "sorprendido" por la denuncia, que conoció por una llamada de teléfono de la consejera María Victoria Broto, ya que no le consta que en las actas de las dos inspecciones realizadas al centro figure "ningún acto de gravedad" que las justifique ni conoce las acusaciones. También expresó su malestar por las formas empleadas. "No entiendo a qué viene la denuncia, si creen que hemos hecho algo mal pueden recabar información, pero es que no nos la han pedido", dijo. "Ni siquiera ha habido un expediente administrativo previo", subrayó.

Vela señaló que sí le han transmitido que la denuncia tiene relación con la ausencia de medidas de prevención, como las epis, aunque según él, "siempre ha habido, en todos nuestros centros". La sorpresa es doble porque la institución religiosa ha colaborado activamente con el Gobierno de Aragón en la pandemia, por ejemplo, haciéndose cargo del centro covid de Gea de Albarracín.

El anuncio de la denuncia se produce días después de que la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas desvelara en el Congreso los problemas por los que ha atravesado la residencia de Burbáguena para conseguir que a sus trabajadores se les hiciera la PCR. Oramas contactó con la socialista Susana Sumelzo y ambas se dirigieron a la Comunidad de Aragón y al Ministerio de Sanidad sin obtener solución.

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