El ‘pasaporte covid’ y los registros en los bares generan dudas jurídicas

Después de la polémica que se desató de inmediato, el gobierno de la Comunidad de Madrid está poco a poco matizando su propuesta. La frase de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, sobre que su intención es “proteger, no discriminar” ya dejó entrever el martes que el tema es peliagudo y el miércoles no tuvieron más remedio que bajar el rango del 'pasaporte de inmunidad' que, en origen, habían planteado. Madrid, aún así, está dispuesta a lanzar en septiembre una suerte de registro (‘cartilla covid’) para que quienes tengan anticuerpos y hayan pasado la enfermedad "puedan hacer vida normal". Argumentan que estas personas “ya no pueden contagiar ni ser contagiados”. Sin embargo, este tipo de documento además de los recelos éticos que despierta se enfrenta a infinidad de dudas jurídicas por chocar contra la privacidad y la protección de datos.

Roberto Ferrer, abogado experto en nuevas tecnologías y en ley de protección de datos, explica que, legalmente, tiene que existir una proporcionalidad con la finalidad que persigue la medida. “Entiendo que en una situación de pandemia no hay que ser fundamentalista en la defensa de la protección de datos, pero hay límites que con esta propuesta no se respetan”, explica. Ferrer, miembro del Colegio de Abogados de Zaragoza, explica que una propuesta como la ‘cartilla covid’ debería cumplir con las reglas de la proporcionalidad que son tres. “Que la medida sea idónea, esto es, que sirva seguro para alcanzar el objetivo, y ni siquiera científicamente hay garantías de que el pasaporte sea útil. En segundo lugar se atendería a sus ‘necesidad’, en el sentido de que sea imprescindible pasar por aquí para lograr el objetivo. Tampoco es el caso, porque hay otras medidas posibles. Por último, tampoco se cumple la proporcionalidad de que el bien común sea mayor que el perjuicio individual”, apunta el abogado.

Aún es pronto para saber cómo pretende Madrid articular la ‘cartilla covid’, pero si no hay un súbito cambio legislativo, la medida se topará -incluso- con el artículo 9 del reglamento europeo y la ley nacional de protección de datos, que viene a decir que, aunque los datos sanitarios se cedan de forma consentida, se crearía una situación discriminatoria para muchos ciudadanos.

Contagiarse a propósito

Esto es lo que denuncian las asociaciones de consumidores que creen que, incluso, “podría empujar a la población a infectarse para así conseguir las ventajas que lleva asociada la cartilla covid”. Eso generaría más estrés en los hospitales, en los centros de atención primaria, y dispararía el número de contagios. Desde la federación de consumidores Facua muestran su rechazo a una propuesta “sin ninguna base científica” porque “nada garantiza que la persona que lo porta sea totalmente inmune, ya que aún no hay evidencias claras de que quien haya pasado la enfermedad del covid-19 no pueda volver a contraerlo o que el test pueda ser fallido porque existen los falsos negativos”. También la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció ayer esta falta de evidencias y dijo estar preocupada por "que se pongan en marcha iniciativas sin respaldo sanitario que no solo no nos protegen de contraer la enfermedad, sino que además atentan directamente contra la privacidad de los afectados".

La Comunidad de Madrid, que en 24 horas ya rebajó un tanto las expectativas, no ha aclarado si el ‘pasaporte covid’ servirá para entrar a establecimientos ni si se exigirá para hacer uso de determinados servicios, pero los consumidores lo consideran una “discriminación directa” y una “vulneración de sus derechos”. “Falta mucha definición y saber qué mecanismos se van a articular, pero en función de la idea expresada sí hay incertidumbre o, incluso, sospechas de que no se ajusta a los derechos fundamentales”, dice Ferrer. El experto también pone en tela de juicio los registros con nombre y DNI en el acceso a algunas salas, bares y recintos: “Es un poco desproporcionado pedir tanta información personal. Para favorecer los rastreos bastaría con un número de contacto, porque también en los autobuses o el tranvía hay aglomeraciones de gente y allí nadie solicita un registro previo”, opina. En este sentido, la propia app europea de rastreo por proximidad solo solicita un número de teléfono y el resto de datos personales quedan al margen.

Respecto al transporte, desde el pasado 20 de abril en Renfe ya se exige un 'billete personalizado' para quienes reserven plaza de AVE, Alvia o Euromed. Únicamente quedan fuera de este protocolo los servicios de Cercanías y Regionales, en los que -al menos de momento- no es obligatorio introducir el número de teléfono móvil y los datos de contacto del viajero. El nuevo método, que precisa la misma información que la de un billete de avión y que también han puesto en marcha líneas de autocar interregionales, es "una medida preventiva” para poder contactar a los viajeros en caso de necesidad por la alerta sanitaria o incidencia en la circulación”, explican fuentes de la compañía.

El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló este miércoles que ningún organismo internacional respalda una medida como la cartilla, que dejaría fuera a todos aquellos que no se hayan sometido a una prueba PCR. Señalan los especialistas que el tratamiento de los datos de la salud forman parte de la intimidad de cada cual y, además, debe conocerse a través de qué método se almacenan, con qué fines y durante cuánto tiempo. Se corre el riesgo añadido de que estos datos, si no están lo suficientemente encriptados y protegidos, puedan caer en manos de ciberdelincuentes con lo que sería peor el remedio que la enfermedad...

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