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Aragón

covid-19

Denuncian que los médicos no acudieron a la residencia de Mallén donde fallecieron la mitad de los ancianos

Las facultativas dicen que siguieron el protocolo en vigor, mientras que los familias critican la mala gestión del centro y piden responsabilidades.

Imagen de la residencia San Sebastián de Mallén.
Imagen de la residencia San Sebastián de Mallén.
Heraldo

La residencia San Sebastián de Mallén fue una de las que sufrió el azote del coronavirus con mayor crudeza. Entre marzo y abril, 28 residentes, prácticamente la mitad de los que había, fallecieron con covid-19 confirmado o sospechoso. Los familiares de varios de ellos critican la situación que se vivió aquellos días en el centro y exigen que se depuren responsabilidades. Además, el alcalde y el director de la residencia denuncian que los médicos del centro de salud de la localidad -que en aquel momento eran dos sustitutas de los facultativos que tienen la plaza como titulares- no quisieron acudir a examinar el estado de los ancianos y que se limitaron a hacer una atención telefónica.

Desde la gerencia del sector sanitario Zaragoza III, al que pertenece este consultorio, apuntan en un escrito remitido a los familiares que las médicos del centro de salud “aseguran haber actuado siguiendo el protocolo en vigor”. Estas profesionales -de las cuales actualmente solo una de ellas sigue en el centro porque una de las titulares ya ha vuelto de la baja que tenía- mantienen que se hacía un seguimiento telefónico y que “se visitaba periódicamente la residencia”, o bien por parte del personal de enfermería o bien por parte de personal médico “siempre que su presencia era requerida o se necesitaba una modificación de la actuación clínica”. 

Una versión que choca de frente con la que mantienen el alcalde y el director del centro, quienes señalan que durante las dos primeras semanas solo acudió allí la médico de guardia de Gallur, a la que tenían que llamar los fines de semana por estar cerrado el consultorio. Esta sí accedió a pasarse por la residencia y la situación que se encontró al entrar fue “terrible”, según recuerda ella misma. “Los vi muy mal, los ancianos estaban enfermos de verdad, no había criterios de derivación a hospitales...”, relata Ana Blasco. 

Esta médico reconoce que “todos teníamos miedo” de acudir a una residencia con tantos casos, asegura que ella solo hizo su trabajo y lamenta “no haber podido hacerlo antes”. “Yo casi lloraba y decía que algo más habrá que hacer”, recuerda sobre un caso que le ha marcado.

La gestión de la crisis fue, por momentos, “un caos”, como reconoce el alcalde de la localidad, Rubén Marco. El edificio de la residencia San Sebastián es municipal, y su gestión la lleva una asociación cuya junta directiva está formada por los miembros de la corporación municipal y que está presidida por el propio alcalde. Marco cree que el trágico balance de fallecidos obedece a “un cúmulo de situaciones” y denuncia que se sintieron “muy solos”.

El primer caso saltó el 29 de marzo. Falleció al día siguiente. A partir de ahí, y mientras subía el número de muertos, comenzó una cascada de bajas laborales entre las trabajadoras, o bien por tener síntomas o por ser población de riesgo. El propio director del centro, José María Gutiérrez, tuvo que quedarse en casa teletrabajando por prescripción médica. En total, en el centro llegó a haber 17 bajas de una plantilla de 33, lo que complicó aún más las cosas.

En una residencia sin médicos ni enfermeros, llamaron al centro de salud pero las facultativas que allí estaban “no quisieron venir”, denuncia el alcalde de Mallén. Durante toda esa semana fueron apareciendo nuevos pacientes con síntomas compatibles con la covid, pero las atenciones médicas se limitaban a las llamadas telefónicas entre el personal de la residencia y las médicos del centro de salud, en las que estas últimas daban instrucciones sobre el cuidado a los ancianos en función de los síntomas que observaban. “No pisaron la residencia a pesar de que se lo pedíamos todos los días”, confirma el director del centro.

Los familiares no se meten en este asunto, ya que “es la palabra de uno contra la palabra de otro”, aunque critican que desde la residencia no se les informaran de esta circunstancia. Ellos denuncian que las cosas en el centro no funcionaban bien desde antes de la irrupción de la pandemia y que, con el virus ya dentro, no fueron informados correctamente sobre el estado de familiares. “Nos decían que todo iba bien, pero luego nos íbamos enterando de lo que pasaba”, señalan los portavoces de un grupo de 20 afectados que estudia constituirse en asociación.

Con el personal en cuadro, el propio alcalde y varios concejales se metieron de voluntarios para ayudar en la residencia. Varios familiares quisieron hacer lo propio, pero no se lo permitieron. El primer edil, incluso, desinfectaba por las noches las instalaciones, ya que la UME tampoco pudo acudir a la petición de ayuda. “Empezaron a llegar los fallecimientos y nadie nos daba soluciones o ayudas, no nos dejaron ni comprar test”, relata Marco.

José María Gutiérrez, el director de la residencia, insiste en que “el apoyo médico brilló por su ausencia” y que “faltaron medios de los organismos públicos”. “Hasta mediados de abril, todo lo que recibimos de la DGA fueron 40 mascarillas de papel y 100 guantes, cuando para entonces habíamos usado 8.500”, señala. “Ahora nos señalan como culpables, pero hicimos todo lo que pudimos”, asegura.

Finalmente, la residencia quedó intervenida por el IASS del Gobierno de Aragón el 14 de abril. Entonces, ya con apenas una veintena de ancianos y con varias trabajadoras de vuelta tras sus bajas, se pudo empezar a encauzar la situación.

Los familiares, por su parte, creen que “algo se ha hecho mal desde dentro”. “En todas las residencias de los pueblos cercanos no ha habido ningún muerto y aquí, la mitad”, señalan. Por eso, como ya informó HERALDO el 30 de junio, enviaron un escrito denunciando la situación al IASS, al Salud y al Justicia, que está estudiando el caso. Los familiares no descartan iniciar acciones judiciales, pero de momento piden “que se reconozcan los errores que se han cometido” y que “se depuren responsabilidades”. “A las personas que murieron no nos las pueden devolver”, lamentan.

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