política comunitaria
Olona aplaude la propuesta del Ministerio para reformar la PAC que recoge la posición aragonesa
Incluye la eliminación de los derechos históricos y la redistribución de fondos en favor de los agricultores profesionales. El consejero de Agricultura exige que los avances se apliquen con "celeridad".
El consejero de Agricultura llegaba ayer con "gran expectativa" a la conferencia sectorial celebrada, en sesión de mañana y tarde, en el Ministerio de Agricultura. Y salía del encuentro con "satisfacción", porque la propuesta presentada por el ministro Luis Planas para elaborar el Plan Estratégico Nacional con el que se aplicará la reforma de la PACha hecho suyas las contribuciones defendidas desde hace tiempo y con insistencia por Aragón.
El ministro apoya que la definición de agricultor genuino tenga como referencia a la agricultura familiar y profesional, quiere poner en valor las externalidades del pequeño productor mediante un régimen específico, modular el límite máximo de ayudas en función de la mano de obra y eliminar las referencias a las que estaban hasta ahora sujetas las ayudas, uno de los caballos de batalla del consejero aragonés. "Desde el primer momento hemos defendido la eliminación de los derechos históricos para la necesaria redistribución de los fondos en favor de los agricultores y ganaderos profesionales y, por tanto, de los que verdaderamente dependen de la actividad agraria, independientemente del sector productivo al que pertenecen, para acabar así con los agravios territoriales", señaló el consejero.
Uno de los platos fuertes de la actual reforma es la definición del agricultor genuino, porque será esta figura en la que se priorizarán las ayudas. El Ministerio pone sobre la mesa que tengan esta consideración aquellos cuyo porcentaje de ingresos agrarios sobre los totales se sitúe en una horquilla media de entre el 20% y el 30%. Una definición de la que podrían quedar fuera, y por lo tanto sin ayudas, unos 300.000 perceptors que integran el régimen de pequeños agricultores y para los que el ministro propone, dado su papel social y medioambiental, un pago anual de entre 200 y 250 euros por hectárea para explotaciones entre 6 y 10 hectáreas.
En este aspecto, Joaquín Olona quiso hacer una apreciación. El consejero considera que es indispensable diferenciar entre "pequeño agricultor" y "pequeño perceptor", por lo que defendió que la posición aragonesa es que "los perceptores de la PAC deben ser agricultores genuinos que cumplan, además, la condicionalidad ambiental reforzada con independencia de la cuantía de la ayuda que perciban y con independencia del régimen del que proceda".
El responsable político aragonés insistió además que para el pago de la ayuda básica a la renta es necesaria "la reducción significativa del injustificado número actual de regiones productivas (estratos)", pero también que se rebajen las excesivas diferencias actuales en las cuantías por hectárea "que, en cualquier caso, deben ser iguales cuando lo sean las condiciones productivas". Y todo ello, recordó de nuevo, "obviamente con la total y definitiva supresión de los derechos individuales y de las referencias históricas".
Avance y celeridad
El consejero, que aplaude que la ayuda redistributiva a la renta tenga un tope (capping) de 100.000 euros descontando los costes salariales, insistió tras la reunión que "se ha dado un paso muy importante en orientación política sobre el futuro de la PAC". Primero, señaló, porque el Ministerio ha puesto sobre la mesa una propuesta concreta para la aplicación de la futura política comunitaria en España, pero especialmente, insistió Olona, porque en la reunión existió un gran clima de acuerdo. "Realmente no se puede hablar de unanimidad, pero sí de amplio consenso", aseguró el titular de Agricultura en el Gobierno aragonés.
Eso sí, el consejero dejó claro que seguirá mostrándose "exigente" para que el avance conseguido se traduzca, "con la máxima celeridad posible", en cambios significativos en favor del modelo familiar.
Donde hubo menos avances fue en los llamados eco-esquemas, que el consejero propone crear de forma especifica para la ganadería extensiva, para los cultivos en régimen de año y de los secanos áridos o para la aplicación de planes de fertilización y de la gestión fitosanitaria sostenible personalizados.
