Repollés cifra en 1.946 sanitarios contratados y al PP no le sale la cuenta
"Nunca jamás se ha realizado un esfuerzo similar de contratación", hasta el punto, ha asegurado la consejera, de que todos los profesional de la sanidad que se han formado en la Comunidad están contratados.
La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha destacado este viernes el esfuerzo del Gobierno de Aragón en la contratación de profesionales de la sanidad, que ha cifrado en 1.946, aunque según la diputada del PP Ana Marín, las cuentas "no salen".
Repollés y Marín han mantenido en el último pleno del periodo de sesiones antes del parón veraniego un rifirrafe a cuenta de la contratación comprometida de sanitarios con motivo de la pandemia de covid-19, por la falta de personal y cierre de consultorios médicos en el medio rural y por la atención telemática, sin que según la diputada del PP se tenga en cuenta el envejecimiento y dispersión de la población en un territorio que no tiene en la conexión a internet "su mejor virtud".
Marín ha cuestionado, en ese aspecto, que se quiera potenciar la telemedicina sin atender esas circunstancias y la importancia de la relación médico-paciente, que muchos de los consultorios que tuvieron que cerrar por la pandemia no haya abierto por falta de personal, o lo hayan hecho con reducción de horario o días de atención cuando los pueblos duplican o triplican la población en verano.
Marín no duda de que se haya hecho un esfuerzo en la contratación que ayer mismo cifró en 1.800 profesionales "pero -ha añadido- a nosotros no nos salen las cuentas", ya que el pleno anterior dijo que se habían ofertado 194 plazas y 82 vacantes estructurales.
La consejera ha subrayado los esfuerzos en la contratación de personal sanitario del Gobierno de Aragón desde 2018, fundamentalmente en Atención Primaria, -73 profesionales adicionales ese año, 22 en enero de 2019 y en mayo de 2020, para reforzar la atención ante la pandemia, 194-, a lo que ha sumado 82 de la oferta de todas las vacantes estructurales, que se han contratado a todos los profesionales que acabaron la especialidad en mayo (123), más 136 enfermeras especialistas 125 médicos de familia, para los equipos de rastreo.
"En total, 1.946 efectos, 1.818 nombramientos estatutarios y 128 contratos extraordinarios del 061 y de Salud Pública", ha subrayado Repollés, quien ha apuntado además que durante el estado de alarma se permitió la contratación de los médicos que habían acabado la especialidad pero no tenían nota de corte en el grupo de MIR, y todos los que quisieron accedieron a un contrato.
Asimismo, y por la sentencia contra la jubilación forzosa a la que obligó el anterior gobierno del PP de profesionales, y que fue "nefasta" por sus consecuencias económicas en indemnizaciones, se han incorporado 39, cinco de ellos de medicina de familia.
"Nunca jamás se ha realizado un esfuerzo similar de contratación", hasta el punto, ha asegurado la consejera, de que todos los profesional de la sanidad que se han formado en la Comunidad están contratados.
Además, ha alabado el funcionamiento de los equipos que por la pandemia se han desplazado a otras áreas sanitarias, y ha puesto como ejemplo el caso de los que se han desplazado a diario desde Zaragoza a Caspe, o el equipo de enfermería de Fraga, un modelo tipo "comando" de refuerzo cuando sea necesario con el que se ha conseguido que los brotes en Aragón estén "en fase de control", con todos los casos detectados.
Marín, tras reiterar que según con las cifras aportadas le salen 920 facultativos contratados, lejos de los 1.800 anunciados, ha reprochado a la consejera que insista en "falsear" y en culpar al PP de la reincorporación de médicos jubilados.
Porque según la diputada, los que tuvieron que jubilarse durante la legislatura 2011-2015 ya tienen más de 70 años, y por tanto los que se incorporan ahora son los que se siguieron jubilando durante el primer mandato de Javier Lambán. "La norma del PP no les debió disgustar tanto, ya que la siguieron aplicando hasta finales de 2017", ha remarcado.
Repollés, en su réplica, ha aclarado que en 2015 el consejero Sebastián Celaya impulsó un nuevo plan de recursos humanos que incluía la prolongación en el servicio activo, con lo que corrigió esa decisión "nefasta" del PP, pero el daño "ya estaba hecho" y ha sido este gobierno el que tiene que pagar 30 millones de euros en indemnizaciones.
