La DGA disparó el déficit hasta 300 millones en 2019 y casi triplicó la media autonómica

El Gobierno de Aragón cerró el año pasado con un déficit de 300 millones de euros, lo que supuso casi triplicar la media autonómica. El límite fijado para el año pasado era tan solo del 0,1% del PIB regional, pero el gasto desbocado, fundamentalmente en el capítulo de personal, provocó que se acabara disparando hasta el 0,8%, lo que le convierte en la quinta región más incumplidora. Solo le superan Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura.

La desviación es mucho mayor en realidad, dado que la diferencia entre ingresos y gastos en las cuentas de la DGA alcanzó los 386 millones, tal y como pone de manifiesto la Intervención General de la Administración del Estado. No obstante, se ha podido reducir a efectos de la contabilidad nacional en 86 millones gracias al pacto alcanzado con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado 7 de febrero: no computar a las comunidades autónomas la parte del déficit de 2019 imputable a la cuantía del IVA pendiente de liquidar de 2017 que no les abonó finalmente. En el caso de Aragón, supone dos puntos.

Este acuerdo permite rebajar el déficit de Aragón a efectos oficiales, pero no evitará que el cuatripartito se vea obligado a recurrir al endeudamiento para hacer frente al pago íntegro de los 386 millones. La cuantía se acerca a la previsión de la portavoz de Hacienda del PP, Mamen Susín, que defendió sin éxito elaborar un nuevo presupuesto y debatir el techo de gasto para ajustars a la realidad. Ni siquiera con el ajuste de dos décimas se cumplió la previsión de la DGA, que comunicó al Ministerio de Hacienda que acabaría con un déficit del 0,6%.

La DGA no sale bien parada en lo que se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de 2019. No solo se saltó con creces el límite de déficit, sino que superó ampliamente la media autonómica, del 0,3%, lo que evidencia que Aragón tiene un serio problema en sus cuentas autonómicas. Además, supone un grave retroceso tras haber logrado cumplir en 2018 gracias a la contabilización extra de fondos europeos y al cobro de los 58 millones de la sentencia de Plaza.

Doble incumplimiento

La DGA no solo se saltó el objetivo de déficit, sino que también lo hizo con la regla de gasto. En este caso, solo hicieron los deberes Andalucía, Baleares y La Rioja, como constata el Ministerio de Hacienda en su informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad.

En lo único que Aragón estuvo en los parámetros fijados es en lo que se refiere a la deuda pública: debía quedarse en el 21,7% de su PIB regional y con este porcentaje acabó el año: 8.315 millones, diez menos de los autorizados. Eso sí, lo cumplieron catorce de las diecisiete autonomías.

El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, manifestó que el agujero estructural de Aragón ronda el 0,7% "como consecuencia del déficit de financiación". Además, aludió al impacto que supuso la subida salarial a los funcionarios que pactó el Estado con los sindicatos y que tuvo que aplicar la DGA, en torno a 54 millones. "Cualquier decisión que nos venga impuesta debería llegar con su correspondiente dotación presupuestaria", reivindicó.

Pérez Anadón reconoció que en cuanto el Ministerio de Hacienda comunique oficialmente la desviación a las autonomías tendrá la obligación de presentar un plan económico financiero en el plazo de un mes. Esto supondrá asumir recortes de gasto entre este año y el siguiente en plena crisis por el coronavirus, lo que complicará aún más la respuesta de la Administración a esta emergencia y cumplir, al mismo tiempo, sus compromisos presupuestarios.

Un objetivo de déficit irreal

Por ello, reivindicó que el objetivo de estabilidad se flexibilice al menos este año y el siguiente para "ajustarse a la realidad". "No queremos desviarnos de la senda de estabilidad ni vamos a tener un actitud irresponsable, pero insisto en que el ritmo debe ser compatible", apostilló.

Pérez Anadón recordó que todos los estudios apuntan a una severa caída del PIB en este ejercicio, que podría superar el 12%, por lo que resulta irreal plantearse que el objetivo de déficit se mantenga en el 0,2%, dos décimas de las previstas en su día, y que en 2021 se pretenda reducir al 0,1%. "Si se plantea un ajuste del déficit como si no hubiera pandemia no es real ni creíble", aseveró.

El consejero de Hacienda recordó que antes de la pandemia ya tomaron las primeras medidas al haber incumplido el objetivo de déficit, como bloquear 45 millones de gasto, crear una unidad de gestión con poderes para intervenir y el encargo de sendos informes a la Autoridad Fiscal (Airef) sobre el gasto en farmacia, el personal de Educación y la financiación de la Universidad. El primer recorte se centró en la inversión, con 29 millones, y afecta también al gasto corriente, transferencias y activos y pasivos financieros.

Las conclusiones de la Airef estarán listas a finales de año, lo que permitirá disponer de un amplio catálogo de medidas para abordarlas a partir del próximo año con el fin de garantizar una mayor eficiencia sin renunciar a la prestación de los servicios fundamentales.