La central térmica de Andorra cerró sus puertas el pasado martes dejando en una situación incierta a las familias que, en los últimos decenios, han vivido de la minería del carbón en la provincia de Teruel. La imponente maquinaria de la planta dejó de latir esta semana y con este apagado, el carbón pasa a formar parte del pasado del territorio y se pone el punto final a varias generaciones mineras. Atrás quedan aquellos años en los que a Andorra y a Ariño llegaron gentes de todo el país para trabajar en el sector, bajar al tajo cada día y pertenecer a una familia, la minera, que ha sido ejemplo de lucha, tenacidad y duro trabajo.

La planta andorrana lleva por nombre ‘Central Térmica Teruel’ y fue construida entre los años 1974 y 1979 con objeto de llevar a cabo un uso extensivo de los lignitos negros procedentes de explotaciones situadas en la cuenca minera turolense, mezclados con carbones de importación. El lignito se transportaba hasta el parque de carbones de la central por camión y los carbones importados llegaban por barco hasta el puerto de Tarragona y, desde allí, por ferrocarril hasta la planta. Como combustible auxiliar para arranques y apoyo a la combustión se utilizaba gas natural.

La vida útil inicial de esta planta no superaba los 20 años pero se ha ido alargando con diferentes inversiones. Concretamente, se llevaron a cabo una serie de actuaciones que conllevaron destinar cantidades superiores a los 400 millones de euros. Como resultado de ello, la central consiguió estabilizar las emisiones a la atmósfera en niveles inferiores a una tonelada por megavatio/hora producido. No obstante, han faltado 190 millones para cumplir la normativa europea ambiental que entró en vigor el pasado 1 de julio. Pero esta inversión tampoco eran garantía de futuro ya que Endesa sí invirtió en su central de Compostilla (León) y también la cerró esta semana.

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Durante sus cuatro décadas de actividad ha producido 224.000 GWh, equivalentes al consumo de electricidad peninsular durante un año. Para ello ha necesitado 142 millones de toneladas de carbón, de las que 110,9 millones fueron de carbón nacional y 31,7 millones de importado. Las compras de lignito a empresas de la zona, como Samca o Compañía General Minera, se elevaron durante los años de explotación de la central a 73,3 millones de toneladas. Las minas de Endesa aportaron 36 millones de toneladas. El resto, 1,6 millones, correspondió a hulla nacional. Por su parte, el carbón de importación procedió de Sudáfrica, Indonesia, Australia, Estados Unidos, Rusia, Colombia y Chile. Desde el principio, todos los parámetros medioambientales tuvieron gran relevancia en la explotación de la central, especialmente en lo referente al control de las emisiones y de la calidad del aire en el entorno, dado el elevado contenido en azufre y cenizas del lignito local.

La silueta de la central en sí misma es un símbolo en la panorámica paisajística andorrana. Consta de tres grupos con una potencia total de 1.100 MW y cada uno dispone de caldera, turboalternador y torre de refrigeración. Completan la instalación el parque de carbones y caliza, el sistema de evacuación de cenizas y escorias, la planta de desulfuración y la chimenea de 343 metros de altura para la evacuación de los gases de combustión.

Estas instalaciones serán desmanteladas y, en su ubicación, Endesa plantea «el mayor parque fotovoltaico de Europa» que producirá 1.725 MW de potencia y supondrá una inversión de casi 1.500 millones de euros en tres fases. «Tras cuatro décadas en la zona, queremos seguir estando pero con renovables y por eso presentamos un plan voluntario de acompañamiento al cierre». Así lo explicó el director de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, en la última visita a la central cuatro días antes de su cierre. La creación de empleo más inmediata se plantea para estas labores de desmantelamiento que podrán adjudicarse en breve tras la firma el martes de la autorización de cierre por parte del Ministerio de Transición Ecológica. El lunes comenzaron los cursos de formación que oferta Endesa y en los que hasta febrero se irá formando a personal en tareas relativas al desmantelamiento y la instalación de placas y molinos.

Se requerirán hasta 200 empleados entre este mes de julio y 2025, según la estimación que hace Endesa en su plan de desmantelamiento dividido en varias fases que se prolongarán cinco años. Este 2020 serán 15 personas las que realicen estas labores; en 2021, 72; en 2022, 200; en 2023, 158; en 2024, 41 y en 2025, nueve. Además, a estos puestos de trabajo se sumarán los relativos para poner en marcha las plantas de renovables que la eléctrica impulsará en los terrenos en los que se ubica la central. Serán casi un millar repartidos entre 2020 y 2027, aunque este pico mayor de empleos llegaría en el año 2023. Una vez terminado el desmantelamiento y el proyecto de Endesa –a partir de 2027–, los empleos fijos se reducirían a 138. No obstante, por el momento sólo estarían asegurados alrededor de 600, puesto que el resto irán ligados a que el Gobierno central adjudique finalmente a Endesa los megawatios de evacuación (1.000) que quedan libres en Andorra y que saldrán a subasta.

Saber quiénes serán esos trabajadores y a qué empresas estarán vinculados es la gran incógnita. Tras una reunión previa mantenida este viernes, en la próxima semana podrían salir de dudas los 120 empleados que pertenecen a Endesa y todavía operan en la planta andorrana. Tienen previsto otro encuentro con la dirección en el que podrían conocer qué va a ser de su futuro. De estos 120 empleados pertenecientes a Endesa, habrá algunos que podrán optar a la prejubilación, otros que serán reubicados en la zona y otros que podrán quedarse en las instalaciones. La propuesta de los mayores de 60 años es que los más jóvenes puedan quedarse y de hecho, ya acordaron con la empresa que, en caso de trasladarse a otros centros, tendrían que estar dentro del territorio. «Nos han dicho varias veces que en el desmantelamiento habrá gente de la empresa pero no nos concretan cuánta ni quién», dijo Gustavo Mañas, uno de los trabajadores.

Quienes tienen un presente y un futuro más complicado son los empleados de las subcontratas, algunos de ellos con más de 20 años de servicio en la central térmica. Los 47 trabajadores de Maessa –empresa que se encargaba hasta el martes de las labores de mantenimiento de la planta– firmaron el despido el pasado 30 de junio y los 20 de Nervión, que se dedican a labores de limpieza, terminan su contrato el 31 de agosto. Los que han terminado cobran desde este miércoles el paro y algunos de ellos ya han hecho las maletas. No saber si van a tener trabajo en el corto plazo les ha llevado a barajar y aceptar otras alternativas laborales fuera del territorio. Subrayan estar «desamparados» con la disolución del comité y creen que alguna empresa del mismo grupo que Maessa (ACS) volverá a Andorra para trabajar en las tareas de desmantelamiento. Eso sí, las contrataciones empezarán desde cero. «Mañana vendrá Cobra, Moncobra o quien sea. Pero, al final, el mismo será lo mismo. Yo me voy el día 13 y ya no sé si volveré», recalcó Pedro Miñana, presidente del comité de empresa de Maessa el martes durante la concentración que se celebró en las puertas de central en el último cambio de turno de las 13.30.

Hay familias que prefieren esperar, como la de Rebeca Freitas. «Mi marido trabaja para Maessa y se ha quedado en el paro, pero yo tengo trabajo aquí y mi hijo es de aquí. No nos queremos ir, así que esperaremos a ver qué pasa con los cursos de formación que, aunque no garantizan el trabajo, es lo único que queda», dijo. De momento, se han convertido en la única opción.

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