educación
Aragón considera que los fondos covid del Estado también deben llegar a la educación concertada
El borrador que se debate en el Congreso recoge que las ayudas solo se destinarán a la escuela pública.
El Departamento de Educación considera que la financiación para adecuar los colegios e institutos a la situación postcovid debe llegar a todos los centros educativos, incluida la escuela concertada. Una premisa que también defienden otras comunidades autónomas pese a que el Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos presentó este miércoles un borrador en el Congreso de los Diputados en el que se detallaba que "la totalidad del incremento" se destinará a la educación "pública de gestión directa". La iniciativa salió adelante a pesar del voto en contra de PP, Ciudadanos, UPN JxCat y PNV. El debate de las conclusiones continuará este viernes.
En Aragón la situación parece más calmada, a la espera de conocer el documento definitivo que aborde el destino de los 2.000 millones de euros que se repartirán entre todas las comunidades para hacer frente a la situación provocada por la crisis del coronavirus que ha puesto en evidencia, según el borrador presentado en el Congreso, la existencia de una brecha digital, las diferentes capacidades de respuesta de los centros educativos, el aumento de las desigualdades en los procesos de acompañamiento y la dificultad de condiciones de educabilidad en la vivienda.
El Gobierno de Aragón recuerda que la prioridad actualmente es el inicio de curso con la mayor normalidad posible, y para ello –insiste– se ha diseñado un plan de contingencia para todos los centros. Atendiendo a estas cuestiones, especifican fuentes de la Consejería dirigida por Felipe Faci, "la financiación del plan debe ser para todos los centros", descartando de este modo la exclusión de la enseñanza concertada. El presidente de Escuelas Católicas en Aragón, José Luis Sampériz, confirmó que la relación con el Departamento es "cordial" y detalló que actualmente están "en conversaciones" sobre esta y otras cuestiones.
Desde la dirección nacional, José María Alvira especificó que el plan de reconstrucción presentado por el Gobierno suponía "una buena oportunidad para aunar esfuerzos" en la educación. Por ello lamentó que se trate de una "ocasión perdida" al "excluir expresamente a la enseñanza concertada". Reconoció que cabría la posibilidad de que, aunque el documento saliera adelante tal y como se planteó este miércoles, las autonomías pudieran reorganizar los fondos.
La Consejería aragonesa está a la espera de este acuerdo final por si incluyera condicionantes al uso de estas cuantías. Una cuestión que a priori parece descartada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, pero que todavía no ha trasladado de manera oficial. Tampoco se ha detallado qué volumen percibirá Aragón del total de 2.000 millones de euros que se repartirán entre las autonomías. Lo único que ha trascendido es que la transferencia previsiblemente será en septiembre y que se dividirá por etapas educativas: el 80% financiará mejoras en la enseñanza de 0 a 16 años y el resto irá destinado a estudios postobligatorios.
Dudas por la educación especial
Además del debate existente respecto a la escuela concertada, el PP presentó alegaciones al documento aprobado este miércoles porque supone "un ataque" para los centros de educación especial, puesto que en uno de los apartados detalla que se abordará la lucha contra la "segregación escolar" asociada a la "vulnerabilidad sociocultural y económica familiar o la discapacidad". Esta propuesta para la reconstrucción de la educación se suma a las dudas generadas por la nueva legislación de educación –Lomloe–, también conocida como Ley Celaá.
Desde Aragón, el portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo especificó en su cuenta de Twitter: "No vamos a dejar a nadie atrás, dijo Pedro Sánchez. Salvo a aquellos que no superen el filtro de nuestro habitual sectarismo y desprecio a la libertad de elegir, le faltó añadir".
El documento finalmente fue aprobado este miércoles por el Congreso de los Diputados, aunque podrá ser modificado este viernes, cuando se debatirán las conclusiones en la Comisión de Reconstrucción. Durante este mes, se llevarán al Pleno de la Cámara baja.
Las familias afectadas piden un reparto "justo"
Las familias de la escuela concertada solicitaron un reparto "justo" y reclamaron que los menores matriculados en estos centros no sean considerados "alumnos de segunda" y que no queden relegados de las ayudas para la recuperación educativa tras la crisis sanitaria y social provocada por la covid-19. Un aspecto que se incluye en el documento aprobado ayer en el Congreso de los Diputados.
La Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fecaparagon) lamentó la decisión del Gobierno de querer limitar estas ayudas a los alumnos de la escuela pública y confiaron en que Aragón, en función de sus competencias, pueda hacer un "reparto justo". La presidenta, Concepción Ibáñez, recordó que no se puede excluir de manera directa a un colectivo de familias tan importantes y que la Administración tiene la obligación de garantizar la "igualdad de oportunidades".
"Seguimos siendo centros sostenidos con fondos públicos y, por lo tanto, merecemos que se nos dote de los recursos necesarios como material y profesionales", especificó, al tiempo que señaló que esta crisis sanitaria ha afectado a todos los centros por igual. El consejero Felipe Faci, insistió, siempre ha trasladado su apuesta por una "convivencia pacífica" entre la escuela pública y la concertada en Aragón, puesto que "todos tenemos cabida".
Ibáñez hizo hincapié en que los centros educativos concertados ya acumulan un "déficit" que se verá aumentado todavía más si finalmente no son beneficiarios de la parte que les correspondería de estos fondos, cuyo objetivo es asegurar el regreso al aula en las condiciones más óptimas y en caso de que no se pudiera, llegar a ofrecer la enseñanza de manera ‘online’.
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de la Escuela Pública (Fapar) apoyó que el reparto, si es por centros educativos, se haga solo en los públicos; pero detalló que si se trata de ayudas individuales para los alumnos, debería hacerse en función de sus necesidades sin tener en cuenta en dónde cursan sus estudios.
