El Inaem destina 10,6 millones al pago de los centros especiales de empleo
El Instituto Aragonés de Empleo tiene en marcha otras cuatro convocatorias por importe de diez millones para impulsar la contratación de jóvenes, señaló su director gerente, Raúl Camarón, al comparecer en las Cortes
El director gerente del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), Raúl Camarón, no se salió del guión. Pese a que la mayoría de partidos en la oposición en su comparecencia en las Cortes le preguntó sobre los cambios que piensa acometer en políticas activas de empleo para afrontar el reto de la mayor destrucción de puestos de trabajo que habrá en los próximos meses o si piensa apoyar más la economía social, Camarón se ciñó a enumerar las convocatorias en curso y mencionó diez millones para estimular la contratación de los jóvenes y otros 10,6 millones para el pago de los salarios de los 13 centros especiales de empleo –que reciben mayores niveles de retribución, dijo, que en otras comunidades,– y que dan trabaja a más de 2.000 personas con discapacidad en Aragón. Asimismo, anunció que se publicará «en los próximos días» la convocatoria de subvenciones del programa Arinser, que promueve la integración laboral.
Son medidas, explicó Camarón, que se enmarcan en la reorientación de la actuación del INAEM conforme a la Estrategia por la Recuperación Económica y Social de Aragón, firmado el 1 de junio para hacer frente a las consecuencias de la covid-19, «un pacto que es la envidia de muchas otras comunidades», precisó. «Hacer más con menos buscando la eficiencia y trabajando con los agentes sociales para elaborar un nuevo plan de empleo que de repuesta a la lucha contra la destrucción de empleo» es el objetivo, reconoció, sin «desatender» otros frentes para «no dejar a nadie atrás en la nueva normalidad e intentar conseguir un desarrollo justo, sostenible y duradero».
El director gerente del Inaem aseguró que tienen que buscar la eficiencia y «hacer más con menos buscando unos resultados tan buenos como los de 2019, en que se ejecutó el 90% de los 387 millones del Inaem. Recordó, además, que siguen pidiendo al Gobierno central que devuelva a la comunidad los 38 millones que le detrajo del presupuesto del Inaem para el pago de los ERTE. Y destacó que las oficinas del Instituto Aragonés de Empleo fueron de las primeras en abrir de forma presencial en España el pasado 1 de junio con sistema de cita previa y todo el trabajo que se ha hecho para seleccionar a unos mil desempleados que hacían falta para el sector sociosanitario y ayuda en residencias, así como para cubrir la falta de personal en el sector agrario.
Desde el inicio de la crisis de la covid-19, Camarón subrayó que el Inaem ha atendido más de 30.000 consultas telefónicas y ha realizado 108.000 acciones, más de 18.000 altas de demandantes de empleo, 46.000 acciones de orientación laboral y 13.000 peticiones de participación en ofertas de empleo.
Sin embargo, su enumeración de actuaciones no convenció a la mayoría de los grupos políticos. El diputado del PP Javier Campoy lamentó que mientras otras comunidades «han sido muy dinámicas y han dado muchas ayudas» Aragón ha estado «mirando al techo».
El diputado Álvaro Sanz, de IU, le reprochó que su «comparecencia esté en las antípodas del interés de la realidad» y le pidió «ir más allá en economía social». El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, le demandó más apoyo a la contratación de jóvenes que van a vivir dos crisis en poco tiempo. Javier Martínez, de Ciudadanos, le reclamó que aclarase cómo va a cambiar el Inaem para enfrentarse al gran reto de la destrucción de empleo que va a venir y se preguntó de qué forma los 2.800 cursos han mejorado la empleabilidad de 40.000 que los cursaron.
Para la parlamentaria de Podemos Equo, Erika Sanz, lo esencial es dar más apoyo a la formación del personal dedicado a los cuidados. Desde el PSOE, Ángel Peralta criticó la reforma laboral de 2012 y apuntó a la Estrategia de Recuperación como « hoja de ruta» para salir de esta crisis.
En las Cortes compareció también el director general de Economía, Luis Lanaspa, que ante las reiteradas críticas de que la DGA no apoya a los autónomos, dijo que ni los 40 millones de Avalia ni los 7 de Sodiar estaban presupuestados de los que se han consumido 30 en 400 operaciones tramitadas.
