La DGA reabre el debate sobre Biscarrués con el PP pero sin Riegos del Alto Aragón

Aragón reabrirá hoy el debate sobre el embalse de Biscarrués y la regulación del río Gállego, aplazado por la crisis del coronavirus. La DGA ha convocado a los 19 integrantes de la comisión permanente, entre los que están partidos políticos, regantes y colectivos ecologistas, entre otros, para empezar a fijar objetivos y la metodología de trabajo de la Mesa del Agua. El debate empezará un mes después de la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el proyecto de Biscarrués y en plena polémica por el trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos del Ebro a Santander.

A esta primera reunión sí acudirá finalmente el PP, que antes del inicio de la pandemia expresó sus dudas acerca de la "gran indefinición" de la iniciativa, que llegó a calificar de "mesa trampa". También estará Vox, que se levantó de la última gran mesa convocada por el Gobierno de Aragón, en la que se cerró la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, al considerar que no se cumplían unos mínimos de transparencia.

César Trillo, presidente de la Federación de Regantes del Ebro y de Riegos del Alto Aragón, estará en calidad de máximo representante de la Federación, pero avisó: "En cuanto se traten temas como Biscarrués o se hable de Riegos del Alto Aragón me saldré". "Llevamos 40 años de pactos y promesas, y en cuatro décadas no se ha hecho nada respecto a la regulación del Gállego. Para perder el tiempo no hace falta ir", sentenció ayer.

A su entender, la mesa es "un juego político" en el que no está dispuesto a participar. "Yo me debo al mandato de la asamblea, y la asamblea me lo tiene prohibido", dijo. Falta por saber, asimismo, cuál será la actitud de Podemos y CHA, socios de Gobierno de Javier Lambán. Este foro generó discrepancias en el seno del cuatripartito semanas antes de que estallara la crisis de la covid-19, ya que, mientras el presidente aragonés y el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, abogaban por centrarlo en Biscarrués –"donde está el problema"–, nacionalistas y podemistas exigían ir más allá y hablar de todos los conflictos hidráulicos abiertos en Aragón.

Lo hacían en virtud del acuerdo de gobernabilidad firmado en agosto, que en su punto 94 recogía el compromiso a trabajar por la resolución de los conflictos del agua en Aragón. Dicho apartado fijaba el desarrollo "de las necesarias infraestructuras del territorio para el progreso del medio rural con el agua como recurso vertebrador, de generación de riqueza y oportunidades y de cohesión del territorio". "Todo ello sin olvidar las restituciones justas a afectados por embalses ejecutados o no", añadía el documento.

El Ejecutivo persigue ampliar y actualizar el pacto de 1992, una tarea que se antoja complicada ante la negativa de Riegos del Alto Aragón y de colectivos como Coagret, que ha trasladado a Lambán por carta su "profundo desacuerdo tanto en el fondo como en la forma" del debate.