La DGA modificó el presupuesto para cubrir un agujero de 193 millones en nóminas a fin de año

Las modificaciones presupuestarias aprobadas el pasado mes de diciembre por el Gobierno de Aragón revelan un agujero de 193,3 millones de euros en el capítulo de personal. El déficit estructural en la dotación económica para la plantilla de Educación y los profesionales sanitarios es de grandes proporciones, ya que solo estos dos departamentos suman casi 174 millones, el 90% de la cuantía total en el capítulo 1 de las cuentas. Además, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) tuvo que transferir otros 20 millones adicionales para cubrir las necesidades de Educación y Sanidad.

También requirieron una inyección para poder abonar las nóminas a fin de año en las consejerías de Presidencia (4,18 millones), Agricultura (3), Vertebración del Territorio (395.960 euros), el Banco de Sangre (247.400 euros) y el Instituto Aragonés de la Juventud (103.000 euros).

Toda la información se extrae de los centenares de folios que acaba de remitir la Consejería de Hacienda a las Cortes de Aragón para someterse al control de la oposición y que evidencia igualmente la infradotación para cubrir el desbocado gasto farmacéutico, que requirió mover partidas por 35,47 millones, y la asistencia sanitaria, con otros 15,15 millones.

Igualmente requirió una inyección económica la Universidad de Zaragoza, cifrada en 4,65 millones, para saldar la transferencia básica pactada y las subidas de las retribuciones del personal.

Fuentes oficiales de Hacienda indicaron que estos ajustes se realizan todos los años y alegaron que en 2019 estaban las cuentas prorrogadas, por lo que no estaba presupuesta la subida salarial a los funcionarios.

El dinero se sacó de partidas de las propias consejerías afectadas, aunque las proporciones de la infradotación millonaria de Educación y Sanidad obligó a que la mayoría saliera de otros departamentos, sufriendo recortes de todo tipo. La cuantía se eleva a 190,5 millones, a la que se suma otros 79,58 millones procedentes de mayores ingresos.

Con este último importe, procedente de las entregas a cuenta del Gobierno central y de la liquidación de 2017, se sufragaron 13 millones a los profesores de la escuela concertada.

Inversiones como recurso

Por poner solo unos ejemplos, el Salud retiró 10,67 millones de la inversión para el hospital de Alcañiz, dado que no avanzaba, para pagar la Seguridad Social de sus trabajadores y con 2,7 millones previstos para la adquisición de equipos de alta tecnologías pagó recetas médicas. Otro millón que debía servir para reformar y ampliar consultorios locales acabó financiando igualmente las nóminas del personal del Salud.

Las necesidad obligaron a tirar hasta de gasto social. Así, se sacó dinero de gestión y desarrollo de los servicios sociales (20 millones), de las subvenciones para combatir la violencia de género (293.518 euros), del programa de erradicación del chabolismo (150.000).

30 millones del FITE, a nóminas

En una de las modificaciones del Salud hubo que recurrir igualmente fondos destinados al desarrollo alternativo de las comarcas mineras (1,7 millones), mientras que para el pago a los docentes se utilizaron 30 millones del Fondo de Inversiones de Teruel. Desde la DGA señalaron que esto no supondrá una merma para la provincia, dado que el programa es plurianual.

Una de las banderas del Gobierno de Lambán es el respaldo a otras entidades, pero a fin de año se emplearon 1,13 millones de los fondos de cohesión comarcal y territorial para atender las necesidades del Salud. Lo mismo pasó con otros 433.288 euros de las ayudas para países desfavorecidos.

Uno de los principales damnificados por las modificaciones presupuestarias fue el Instituto Aragonés de Empleo, cuya bajas por anulaciones de crédito ascendieron a 11,5 millones y fueron a Educación y Sanidad. Este dinero salió de los programas de inserción, formación, escuelas taller y fomento de autónomos.