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sanidad y educación

Aragón prevé recibir unos 400 millones de los 16.000 que se integran en el fondo covid-19

Hacienda muestra una "moderada satisfacción" al conseguir que se mejore la propuesta inicial. La oposición, el PAR y CHA critican el reparto, con un peso de la población que ven "excesivo".

El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, en la comparecencia de este lunes en las Cortes solicitada por el PP para explicar el impacto del coronavirus.
El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, en la comparecencia de este lunes en las Cortes solicitada por el PP para explicar el impacto del coronavirus.
Cortes de Aragón

El Gobierno de Aragón espera ingresar unos 400 millones del fondo covid-19, los 16.000 millones de euros no reembolsables con los que el Estado quiere ayudar a las comunidades a afrontar los gastos en Sanidad y Educación que ha provocado la pandemia. Desde la consejería de Hacienda reconocieron este martes que sienten una "satisfacción moderada", pues la asignación para la Comunidad ha mejorado desde la propuesta inicial al lograr introducir el concepto de "población protegida equivalente", que incorpora criterios como mayores de 65 años o la dispersión, que reflejan la singularidad de Aragón. Pero los demás partidos consideran que el reparto perjudica a la región, por un peso excesivo de la población. Los 2.000 millones destinados a Educación se repartirán atendiendo, exclusivamente, al padrón de alumnos de 0 a 16 años y de 17 a 21 años (no se sabe si de 2019 o 2020), sin atender al sobrecoste de la escuela rural. Tampoco ha dado respuesta el Gobierno a la petición que formuló la DGA para retomar los mil millones comprometidos de inicio para gasto social, que desaparecen definitivamente; ni a la solicitud de cargar al ministerio de José Luis Ábalos los 800 millones destinados a compensar unas pérdidas en el transporte público que benefician, sobre todo, a Madrid, Cataluña y Canarias.

Más allá de las distintas valoraciones que se realizan desde las autonomías sobre el reparto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiso hacer hincapié este martes en que es la primera vez en la que un gobierno pone a disposición de las comunidades 16.000 millones no reembolsables para Sanidad y Educación. Y advirtió de las dificultades al fijar el reparto: "La distribución en una España plural, diversa, siempre entraña una complejidad. Lo que un territorio prefiere no es lo que a otro le viene bien en términos de densidad de población, envejecimiento o circunstancias geográficas". Eso hizo que el Gobierno, atendiendo al desigual impacto de la pandemia, fuera "modificando los criterios con un mayor peso de la población". Aceptando, para ello, la propuesta aragonesa de que se optara por el concepto "población protegida equivalente".

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Montero se escudó en que "ningún territorio se identifica al 100% con el modelo que se ha aprobado". Dedujo, por ello, que como todas las autonomías se quejan, se demuestra que "no está hecho a medida de ninguna de ellas". "Estoy contenta y satisfecha porque creo que responde con criterios de igualdad y equidad a un reparto complicado", resaltó.

De los 16.000 millones de euros del fondo, 9.000 millones se destinarán a sufragar gastos en Sanidad, 2.000 serán para Educación y los 5.000 restantes para paliar la pérdida de ingresos tributarios (ingresos por los impuestos de transmisiones y actos jurídicos documentados y por los tributos de matriculación, así como los impuestos sobre el juego) y en el transporte. Los primeros 6.000 millones para Sanidad comenzarán a repartirse en julio, y los otros 3.000 millones, en noviembre.

Un fondo "no reembolsable"

El Gobierno aragonés analizaba este martes las cifras, que se moverán en torno a los 400 millones y que no se conocerán al completo hasta final de año, dado que el segundo tramo destinado a Sanidad, de 3.000 millones de euros, se calculará con las variables sanitarias a 31 de octubre. Insistieron en Hacienda en que se trata de un "fondo no reembolsable" y que, por tanto, Aragón no tendrá que devolver nada al Estado, y será una transferencia que no repercutirá en su deuda ni en la generación de intereses. Es precisamente lo que destacó el diputado de IU, Álvaro Sanz, que describió el fondo como una "medida histórica que vuelve a demostrar el compromiso con los servicios públicos más castigados por la pandemia y con los esfuerzos que las comunidades han realizado a tenor de la afección que ha tenido en sus territorios".

Más críticos se mostraron con el reparto portavoces parlamentarios socios del PSOE en el cuatripartito. Jesús Guerrero, del PAR, criticó que Aragón "sigue saliendo perjudicada con el nuevo reparto que prima la población" y reclamó que se tengan en cuenta las peculiaridades de la región: "Los aragoneses no queremos ser españoles de tercera, sino de primera". Joaquín Palacín, de CHA, valoró como "fundamental" esta inyección de dinero para afrontar una situación "inusual", pero censuró que no se tenga en cuenta ni la apuesta que se ha hecho durante años por la Sanidad Pública, ya que se premia a las comunidades que menos gastan en este tipo de servicio esencial; "ni se tenga en cuenta el coste de prestar servicios como la Educación o la atención primaria sanitaria en Aragón". Pidió más dinero para ayudas al alquiler y al transporte.

Un "agravio" para Aragón

PP y Cs centraron sus críticas en el peso de la población. La portavoz de Hacienda del PP, Carmen Susín, lamentó, en un primer análisis, que "una vez más" se prime la población. "Lambán ha estado callado y eso lo vamos a pagar el conjunto de los aragoneses. Además, muchos de estos fondos van a llegar con demasiado retraso, las comunidades están ahogadas y Pedro Sánchez y su gobierno llegan tarde", denunció.

Para Daniel Pérez Calvo, portavoz de Cs, "Aragón sale claramente agraviada". Y, en su opinión, es una constante: "Cada vez que hablamos de reparto de dinero para las autonomías con criterios en línea con la ley de financiación, agravio al canto. Es un modelo de reparto basado en criterios de población, que es lo mismo que decir en criterios electorales, en los que los territorios despoblados salimos perjudicados". "La condición de no reembolsable no justifica las diferencias en el reparto", pues será así para todos, recordó.

Desde el grupo parlamentario de Vox en las Cortes consideraron que las decisiones adoptadas por el Gobierno "responden nuevamente a la estructura autonómica generadora de desigualdades entre españoles y a los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez para mantenerse en el poder".

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