Olona admite retrasos estructurales en el INAGA y anuncia un cambio en la ley

El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, ha anunciado este viernes su intención de promover una modificación de la ley del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), y sería la cuarta, para tratar de resolver los problemas de agilidad en la resolución de expedientes de los que adolece desde su creación.

Olona ha avanzado este objetivo de su departamento en respuesta a una interpelación en el pleno de las Cortes del diputado del PP Antonio Romero, quien ha incidido en que el INAGA se ha convertido en un "embudo" que impide la puesta en marcha de proyectos de explotaciones ganaderas, modernización agraria o renovables, por tanto las inversiones y la creación de empleo, y es la prueba más evidente de la mala gestión del Gobierno de Aragón.

Según el diputado del PP, el INAGA es "un lastre", las quejas de los distintos sectores productivos no cesan y los datos de los retrasos en los expedientes son "alarmantes", ya que año tras año el ritmo de entrada es mayor que el de salida y el déficit era a enero de este año de 3.933 y a finales de mayo, 4.115, casi 1.800 retrasados en sus plazos, cuando habría que ponerles "la alfombra roja" y resolverse en los tiempos establecidos.

"No digo que sea fácil, le pido que lo haga", ha aseverado Romero, quien ha recordado a Olona que lleva cinco años al frente de la consejería y que la estrategia para la reconstrucción de Aragón ante las consecuencias de la pandemia de COVID-19 incluye un plan de choque para tramitar los expedientes pendientes del INAGA.

Según Olona, el retraso en la resolución de expedientes no ha empeorado con motivo de la crisis de la covid-19, y de hecho es uno de los que mejor ha respondido al estar preparado para la gestión telemática; es una cuestión que se remota a su creación en 2003, de forma que en los últimos diez años, ha remarcado, el número de tramitaciones que pasan de un año a otro ha subido casi un 59 %.

"El problema es mucho más grave que una situación coyuntural por la crisis", ha insistido Olona, quien ha recordado que la razón de ser del INAGA es la protección del medio ambiente y que a pesar de que la ley de creación de este organismo se ha modificado tres veces, en 2004 (para acortar plazos), 2010 (recogiendo los procedimientos y competencias) y en 2013 (para agilizar y simplificar la tramitación de procedimientos), no se ha resuelto el problema, aunque no es achacable solo al actual Gobierno de Aragón.

Así, ha anunciado un plan de choque para mejorar la situación, que requeriría la cuarta modificación de la ley del INAGA en 17 años, con el fin de extender cuanto sea posible la declaración responsable, la revisión de plazos para una reducción significativa -y sería la segunda, y no se están cumpliendo, ha apostillado- y la modificación de la aplicación del silencio administrativo, en favor de la sociedad y no de la administración.

También el impulso de la colaboración con entidades dándole cobertura legal, y ha puesto como ejemplo los colegios profesionales que realizan visados y el INAGA debería darlos por buenos, la implantación de sistemas de control mediante figuras externas de certificación, la implantación de un sistema propio de notificación telemática o la inadmisión y rechazo inmediato de todos los expedientes se presentan y no cumplen los requisitos más elementales de calidad, y son muchos de los que están paralizados.

Además, ha advertido de que la normativa ambiental de Aragón, en relación sobre todo con el medio natural y forestal, adolece de inconcreción, y eso se traduce en un excesivo margen de interpretación por parte de la administración y conlleva "extraordinarias complicaciones".

Así, ha incidido en que no tiene ningún sentido que hubiera un expediente para la instalación de una granja en un espacio natural protegido "más de diez años dando vueltas" en el INAGA y su decisión fue prohibir la ubicación de ese tipo de instalaciones en espacio protegidos.