Seis meses más para adaptarse

Tras una moratoria de casi dos años, el próximo 30 de junio termina el plazo para que los agricultores y ganaderos cumplan la normativa europea que impide que la aplicación del purín para fertilizar las tierras de cultivo se realice utilizando, como se hacía hasta ahora, mediante plato o abanico. A partir de esa fecha, lo obligatorio será disponer de nueva maquinaria que permite inyectarlo en el suelo por un sistema de tubos colgantes o que exige, en el caso de los estiércoles sólidos, que se entierren en el menor tiempo posible una vez que se han aplicado como abono.

El plazo ampliado no parece haber sido suficiente porque los representantes de los grupos parlamentarios en la Comisión de Agricultura de las Cortes de Aragón aprobaban por unanimidad esta semana una proposición no de ley en la que instan al Gobierno de Aragón a que dada la situación provocada por la covid-19 se amplíe hasta el 30 de diciembre de este año el plazo para adaptar y equipar las cisternas con el sistema de aplicación de purines adecuado, tal como exige la normativa.

Presentada por el grupo parlamentario popular, la pretensión de la PNL iba más lejos y defendía una nueva moratoria de un año, hasta el 30 de junio de 2021, aunque finalmente el plazo se redujo al introducirse una enmienda presentada de forma conjunta por los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos Equo, CHA y PAR.

"La aplicación de la norma está muy retrasada y solo entre el 20% y el 25% de la maquinaria está adaptada a la exigencia comunitaria", defendió Antonio Ignacio Romero, portavoz del grupo popular en dicha Comisión, que insistió en que "en estos momentos y por diferentes circunstancias, son muchas las cisternas que todavía están pendientes de equipar con sistemas de aplicación que cumplan la normativa".

Romero reconoció que el estado de alarma por la pandemia no ha provocado esta situación, pero ha contribuido a complicarla, porque, según detalló, incluso las empresas de maquinaria sufren retrasos de dos y tres meses en la entrega de sus pedidos. El diputado destacó que el grupo popular es consciente de que la gestión sostenible de los purines es una exigencia ineludible para proteger el medio ambiente y la salud pública y que el cumplimiento de la norma no solo puede acarrear una multa sino que es una de las exigencias ahora incluidas en la llamada condicionalidad de la PAC, pero insistió en que también es importante el desembolso que tienen que realizar los agricultores y ganaderos -entre 6.000 y 15.000 euros-, en estos momentos también afectados por la crisis de la covid-19.

"El sector quiere estar preparado, pero necesita más tiempo", dijo Romero. Y concedérselo, señaló, está en manos del Gobierno de Aragón.