crisis del coronavirus
Broto niega que exista un protocolo para no derivar al hospital a ancianos de residencias
La consejera de Ciudadanía ha salido al paso de unas informaciones publicadas a nivel nacional y ha asegurado que las muertes en centros residenciales (738) suponen el 3% de los usuarios de estas instalaciones
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, después de firmar con el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, el convenio de creación del Observatorio Aragonés de la Soledad, ha negado este miércoles que exista un protocolo de no derivar ancianos de las residencias a los hospitales, tal y como se publicó en un medio nacional. En este sentido, ha asegurado que “todo es transparente” y “todas las personas que han necesitado hospitalización así se ha hecho”.
Tres meses después de que se detectara el primer contagio en la Comunidad por coronavirus, Broto ha añadido que durante este tiempo no ha existido ningún protocolo en Aragón referente al tratamiento o derivación a los hospitales de los ancianos afectados residentes en estos centros y que se ha hecho “todo lo necesario”, en coordinación “extrema” con la Dirección General de Salud Pública.
Según el último boletín de vigilancia epidemiológica de Aragón, desde el inicio de la pandemia, la región ha notificado 893 decesos, de los que 738 han sido ancianos de residencias, lo que supone casi el 84%. Es el porcentaje más alto de decesos en estos centros registrados en las comunidades autónomas. A este respecto, la consejera de Ciudadanía, que lamentó esta mortalidad, ha indicado que la Comunidad tiene 22.000 plazas residenciales, la mitad que Madrid (44.000), que tiene cinco veces más población que Aragón. “Sentimos mucho la situación, pero hay que tener en cuenta el envejecimiento de la población, que la pandemia ha sido muy cruel con las personas mayores, y los agrupamientos ha sido un problema”. En Aragón, ha dicho, ha fallecido el 3% de las personas que estaban en una residencia. “En la Comunidad de Madrid, con la que se nos compara, ha ha muerto el 13,5% de quienes están en una residencia”. Extrapolando este porcentaje que ha tenido Madrid, “aquí hubieran muerto 2.972 personas. La fotografía es muy clara”. Se ha referido así a las declaraciones del portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, quien este martes citó específicamente a Aragón para afirmar que las comunidades autónomas gobernadas por socialistas las que tienen las “peores cifras” en cuanto al número de fallecidos. Broto ha subrayado que “Maroto conoce muy poco la realidad de Aragón".
En Aragón hay 288 residencias de mayores, 15 de titularidad del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 56 de otras instituciones como ayuntamientos o comarcas y el resto de titularidad privada o privada concertada.
La consejera ha destacado que se ha trabajado “con mucho rigor” y ha recordado la puesta en marcha de los centros covid, equipamientos intermedios a los que se derivaron ancianos de residencias. Ha reconocido que el sistema no estaba preparado para esta crisis del coronavirus. Aragón trabaja ya en un nuevo modelo residencial y ha insistido en que el Gobierno central cumpla con la Ley de la Dependencia y asuma el 50% de la financiación, para tener así profesionales “mejor formados y mejor pagados”. Broto ha adelantado, además, que la DGA va a destinar 1,5 millones de euros para dar respuesta a los gastos extraordinarios que han tenido que asumir estos centros para hacer frente a la pandemia.
Observatorio Aragonés contra la Soledad
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, y el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, han firmado este miércoles en la sede del Justicia el convenio de colaboración entre ambas instituciones para crear el Observatorio Aragonés contra la Soledad (OAS), cuyo principal objetivo crear un grupo permanente de análisis dirigido a velar por las personas mayores que viven en soledad no elegida, favoreciendo la atención, prevención y protección social, fomentando su bienestar emocional y seguridad para prevenir el riesgo de aislamiento y exclusión social.
Este grupo de profesionales deberá analizar y controlar esta realidad, así como aportar nuevas medidas para hacerle frente, en la reuniones periódicas y grupos de trabajo que se establecerán.
Este convenio se tenía que haber firmado el 18 de marzo, pero fue necesario retrasar la fecha hasta este miércoles por la declaración del estado de alarma. El trabajo previo, ha dicho el Justicia, ya se había desarrollado.
Ángel Dolado ha subrayado: “Si este Observatorio era importante antes de la crisis sanitaria, en estos momentos resulta imprescindible para saber cómo debemos afrontar el cuidado de nuestros mayores al amparo de la dignidad de las personas, y al tiempo, seguir estudiando el fenómeno de la soledad que sufren algunos ciudadanos”.
