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CSIF denuncia deficiencias en la atención sanitaria de las cárceles por no transferir la competencia a Aragón

Denuncian que hay carencia de plantilla, con un salario inferior al del Salud, y se ha notado en la cobertura de la crisis de la covid-19

Instituciones Penitenciarias va a repartir unas 400 mascarillas en las prisiones de Aragón a los funcionarios que tengan contacto con presos y proveedores.
Instituciones Penitenciarias va a repartir unas 400 mascarillas en las prisiones de Aragón a los funcionarios que tengan contacto con presos y proveedores.

El sindicato CSIF reclamó que Aragón lleva 16 años de retraso en haber asumido la competencia de la atención sanitaria con los presos de los centros penitenciarios (Zuera, Daroca y Teruel) y los CIS de Huesca y Zaragoza y esto afecta a las condiciones laborales de los médicos y enfermeros. De hecho, precisan que un médico de prisiones cobra 1.000 euros menos que uno del Salud, y en los tres meses de la crisis de la covid-19 se ha acentuado la falta de personal sanitario.

El sindicato defiende que el hecho de no disponer de la competencia sanitaria, como en Cataluña y el País Vasco, ha puesto en evidencia estos meses de la crisis sanitaria la carencia de personal médico en las cárceles de Zuera (1.300 internos) y Daroca (400 presos). Aunque la exdirectora general de Instituciones Penitenciaras, la aragonesa Mercedes Gallizo, lo intentó en su mandato (2004-2011) la negociación no fructificó.

CSIF ha presentado sendos escritos al Justicia de Aragón y al Defensor del Pueblo reclamando estas transferencias y ambas instituciones han admitido a trámite las quejas y se van a dirigir al Gobierno de Aragón y a Instituciones Penitenciarias para que abran la negociación.

En este sentido, fuentes de Instituciones PenitencIarias señalaron que había unas negociaciones avanzadas con las comunidades de Navarra y Baleares, y que su voluntad es agilizarlas, ya que la ley 16/2003 estipulaba ya que se cerrara la transferencia en 18 meses y han trascurrido 17 años.  

El sindicato denuncia la carencia de personal sanitario, sobre todo en cuanto a médicos, cuya disminución es constante porque Madrid no cubre las bajas ni las jubilaciones. La incidencia de la covid-19 en las cárceles aragonesas ha sido de un funcionario contagiado en Daroca; en Zuera dos funcionarios y un interno, y en Teruel cinco funcionarios, de los cuales lamentablemente uno falleció por esta causa.

La prisión de Daroca, con 400 internos, ha pasado los días duros porque solo dispone de un médico activo, que está localizado a 80 kilómetros del centro penitenciario, aunque la plantilla debería ser de seis facultativos. También hay carencias del personal de enfermería. Durante la situación de colapso sanitario, cuatro enfermeras (de una plantilla de 7) dieron cobertura las 24 horas durante todos los días de la semana. Recientemente se han incorporado tres trabajadoras porque había otras tantas bajas sin cubrir desde octubre.

En Zuera, con 1.300 internos, también hay puestos sin cubrir porque de ocho médicos designados, solo hay tres activos, que realizan las guardias a 50 kilómetros de la cárcel. También faltan cuatro enfermeros y cinco técnicos auxiliares de enfermería. En Teruel, no hay tantos problemas de personal, pero también sufren los inconvenientes en la atención sanitaria por no pertenecer al Servicio Aragonés de Salud.

“Ante las carencias de personal, los reclusos reciben una atención sanitaria deficiente y no es posible un correcto control de los pacientes crónicos. El déficit de personal permite únicamente dar una asistencia de urgencia. En una situación de urgencia vital, cuando el médico está de guardia localizada, solo reciben asistencia por parte de un enfermero y el médico al teléfono haciendo un diagnóstico telefónico sin poder valorar al paciente. En estas condiciones, las personas privadas de libertad no disfrutan de una asistencia sanitaria como la del resto de los ciudadanos. Además, al no pertenecer al Salud estos pacientes no pueden participar en campañas de prevención por ejemplo de cáncer de mama o de colon. Y el personal sanitario no tenemos acceso a sus historias clínicas. No sabemos ni la medicación que toman, solo lo que ellos nos cuentan”, denuncia Silvia Moriche, delegada de Prisiones de CSIF Aragón.

Este sindicato critica que el incumplimiento de la transferencia afecta a las condiciones laborales de los trabajadores. “No hay médicos que quieran ir a trabajar a las cárceles y cuesta encontrar personal de enfermería. Las diferencias retributivas respecto al personal del Salud son muy grandes. Hay sobrecarga de trabajo; los centros penitenciarios están alejados de los núcleos urbanos y no se pagan gastos de transporte, y las guardias se pagan muy por debajo delo que paga el Salud. La diferencia en el sueldo mensual puede suponer 500 euros al mes en enfermería y entre 1000 y 1.400 euros para médicos”, precisa Silvia Moriche.

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