MEDIO AMBIENTE
Los caracoles se deslizan por un limbo legal
Su colecta se consiente solo para autoconsumo y en una cantidad comedida. La ley únicamente autoriza su comercialización en criaderos, donde pasan los controles sanitarios.
Con las lluvias de estos días son muchos los ciudadanos que se aventuran a hacer una escapada e ir al campo más cercano para recoger caracoles. Esta inocente actividad, no obstante, es en realidad ilegal, pues se entiende que está regulada por la ley de Conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de 2007 que prohíbe "dar muerte, dañar o molestar los animales silvestres (...) incluyendo su captura en vivo y la recolección de sus huevos o crías".
Generalmente se suele hacer la vista gorda cuando la recogida de caracoles es poco más que un entretenimiento de la excursión, pero desde el Seprona recuerdan que la colecta solo está permitida para autoconsumo y siempre que sea “una cantidad lógica”. De hecho, únicamente se autoriza la comercialización en los criaderos porque los caracoles no se pueden introducir en el mercado sin haber pasado un control sanitario. Argumentan que, sin un control, no se puede conocer su origen y podrían haber sido recolectados en un campo donde, por ejemplo, se acaba de aplicar un fitosanitario o en la cuneta de una carretera con una alta concentración de metales pesados.
El problema surge cuando con la colecta masiva de caracoles se hace un negocio ilegal. La tibia regulación hace que grupos organizados saquen partido a una actividad que puede resultar muy lucrativa cuando ilegalmente se hace a gran escala -llegan incluso a esquilmar montes- y deja de ser ocasional o marginal. De hecho, en Aragón el Seprona se ha tenido que emplear a fondo en distintas ocasiones para confiscar toneladas de caracoles sin ningún control sanitario y que podían resultar un peligro para la salud de los consumidores. Sin ir más lejos, en 2011 la Guardia Civil de Huesca puso en marcha la que llamó ‘operación Limarco’, mediante la que incautó 1,3 toneladas de caracoles en Sariñena que iban a ser distribuidos sin ninguna garantía sanitaria en Lérida y Tarragona. En los últimos años también se han desarticulado redes organizadas dedicadas a la recogida masiva, transporte y comercialización ilícita en los montes de Fraga, Tamarite de Litera, Alcolea de Cinca y Lalueza. En paralelo, también es cierto que en pocos años la llamada helicicultura ha eclosionado en Aragón y se han multiplicado las granjas dedicadas a la producción de estos gasterópodos. Las hay en Ejea de los Caballeros, Lazuela, Santa Eulalia o en Cella, municipio caracolero por antonomasia, que reúne hasta tres explotaciones.
En la pasada legislatura desde Podemos Aragón se intentó impulsar un reglamento para que los ganaderos del sector helicícola pudieran operar con un marco de referencia (ahora dependen mucho de las reglas de cada Comunidad Autónoma), mediante el cual podrían también certificar sus productos como ecológicos, como ya hacen en el País Vasco o Cataluña. Algunos cálculos indican que el comercio del caracol puede mover hasta cuatro millones de euros en Aragón al año, pues la Comunidad se encuentra entre las más consumidoras del animal: solo por detrás de Andalucía y Cataluña.
