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¿Cuántos aragoneses se beneficiarían del Ingreso Mínimo Vital?

El Gobierno pretende planea sanciones y castigos para quienes defrauden con esta prestación, con la que además quiere aflorar economía sumergida.

Sin el sentido de una fuerte obligación hacia nuestros semejantes los derechos humanos son pura teoría.
Sin el sentido de una fuerte obligación hacia nuestros semejantes los derechos humanos son pura teoría.
HERALDO.

El Gobierno central está a punto de poner en marcha una de las medidas 'estrella' de la legislatura. Se trata del Ingreso Mínimo vital (IMV), una prestación que tratará de cubrir las necesidades básicas de los hogares más desfavorecidos y que comenzará a hacerse efectiva el día 15 de este mismo mes. La estimación del Ejecutivo es que el subsidio beneficie a unos 850.000 hogares en todo el país.

La ayuda será, según lo estipulado en el BOE, compatible con las rentas que abonan las comunidades autónomas, como el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). Los titulares de esta prestación social en la Comunidad, cuya cuantía mínima es de 491 euros, son más de 7.902. De este modo, el IAI permite cubrir en la actualidad las necesidades de 18.726 personas, de las cuales 4.909 son menores. Las comunidades podrán completar el IMV o eliminar sus propias prestaciones y Aragón pedirá la competencia propia, como ya se ha concedido a País Vasco y Navarra.

La idea del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social es que esta renta llegue especialmente a los cerca de 100.000 hogares monoparentales con bajos ingresos, de los que la gran mayoría están conformados por una madre y uno o varios menores. El IMV asigna a cada tipo de hogar un umbral personalizado mínimo de renta mensual que es el que se va a garantizar. Ese umbral varía entre los 462 y los 1.015 euros al mes en función del número de personas que convivan como beneficiarios y de sus características.

Entre otros requisitos, los perceptores deberán tener más de 23 años -salvo que se tenga un hijo a cargo- y menos de 65, así como tener residencia continuada e ininterrumpida en España durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud y residencia legal en el país en el caso de ciudadanos extranjeros.

Para los solicitantes que viven solos, no integrados en una unidad de convivencia, se exige haber vivido durante al menos los tres años previos a la solicitud de forma independiente de los progenitores.

El Gobierno pretende hacer un seguimiento de los casos y planea sanciones y castigos para quienes defrauden con esta prestación y para aquellos que ayuden u omitan el bloqueo de estas prácticas. También se pretende aflorar, en la medida de lo posible, economía sumergida, y desincentivarla.

Unos 30.000 hogares aragoneses

Desde el colectivo de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales de Aragón se estima que la medida podría llegar "a unos 30.000 hogares aragoneses". Según el último informe de Rentas Mínimas del Ministerio de Sanidad, un total de 168.826 ciudadanos aragoneses están en riesgo de pobreza, lo que implica que sus ingresos están por debajo del 60% de la mediana del conjunto de la Comunidad.

A nivel nacional, y en cuanto a titulares y miembros de la familia dependientes de ellos, en 2018 hubo 679.180 perceptores o beneficiarios de rentas mínimas de inserción, de los que 374.883 eran mujeres y 304.297, hombres. El 74,6 % de ellos son de nacionalidad española. Por grupos de riesgo, predominan el de familia monoparental (sobre todo de madres) y el de personas sin hogar o exclusión social severa. Y en edad, el grupo mayoritario es el que está entre 35 y 44 años, seguido del que está entre 45 y 54 años.

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