Se veía venir, pero no se esperaba en medio de una pandemia que ha demostrado la importancia de disponer de un sistema alimentario robusto y resistente capaz de funcionar en las circunstancias más adversas y garantizar el acceso a un suministro suficiente de alimentos asequibles para la población, pero que también ha evidenciado las graves dificultades que atraviesa el sector primario, que arrastra graves problemas de rentabilidad.

Bruselas ha ido a la suya y ha puesto sobre la mesa la llamada estrategia ‘De la granja a la mesa’, con la que quiere ir abriendo el camino para ofrecer a los consumidores una alimentación saludable que proceda de un planeta sano. Llega acompañada además de una segunda estrategia sobre la biodiversidad que tiene como objetivo, como explican desde la Comisión Europa, "devolver la naturaleza a nuestras vidas".

Es cierto que no se trata de propuestas legislativas, sino de "abrir el debate sobre la transformación de la política alimentaria europea y las medidas para frenar la pérdida de biodiversidad", pero también es verdad que las medidas en ellas incluidas para lograr una economía neutra en emisiones de CO2 supone una nueva carga en las espaldas de los agricultores y ganaderos.

Al sector no le sorprende la estrategia, incluso podría ver en ella aspectos positivos, pero considera que el momento actual, en plena crisis sanitaria, no es precisamente el más oportuno para su presentación.

No lo cree así el Ejecutivo comunitario. Su líder, la alemana Ursula von der Leyen, ya había dejado claras sus intenciones, cuando mucho antes de que se declarara la pandemia encaraba el rumbo de la Unión Europa hacia un Pacto Verde (Green Deal) con el que convertirla en referente mundial en materia medioambiental. "Es nuestra estrategia de crecimiento", dijo cuando presentó dicho plan el pasado diciembre.

La covid-19 no solo no ha reforzado sus argumentos. "La crisis provocada por la pandemia ha demostrado hasta qué punto nos hace vulnerables el aumento de la pérdida de biodiversidad y es crucial un sistema alimentario que funcione correctamente para nuestra sociedad", explicaba el pasado miércoles el vicepresidente de la CE, el holandés Frans Timmermans, acompañado por los comisarios de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, y de Sanidad y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, -con la notable y criticada ausencia del comisario de Agricultura- durante la presentación de ambas estrategias, que consideran "un elemento central del plan de recuperación de la UE" y un factor "de importancia crucial" tanto para prevenir futuras pandemias como para conseguir un sistema agroalimentario "sostenible y resistente" ante la amenaza de la creciente recurrencia de sequías, inundaciones, incendios forestales o nuevas plagas.

El sector ha reaccionado y no precisamente con aplausos. Comparten los objetivos de la estrategia pero se muestran claramente en contra de las medidas para abordarlas. Y critican por "hipócrita e incoherente" que la Unión Europea quiera que sean los agricultores y ganaderos los que carguen con la responsabilidad y el aumento de costes que supondrá el camino a un sistema alimentario más sostenible mientras se les amenaza con recortes en el presupuesto comunitario (y con ellos en la PAC) para el periodo 2021-2027.

Como su nombre indica, la estrategia ‘De la granja a la mesa’ implica a todos los eslabones de la cadena, pero pone el foco especialmente y con mayor contundencia en el primero y más débil: el sector primario.

Y es que los objetivos más concretos y «ambiciosos», como los define la propia Comisión Europea, impactan directamente en la actividad de agricultores y ganaderos. El objetivo es conseguir una alimentación saludable que proceda de un planeta sano y para lograrlo ya hay incluso fecha, en concreto en el año 2030.

Para entonces, es decir, en apenas una década, se persigue una reducción del 50% del uso y riesgo de pesticidas, pero también que se rebaje, como mínimo, un 20% el uso de fertilizantes. También se pone cifras al descenso de las ventas de antimicrobianos que se utilizan en la ganadería y la acuicultura, donde el objetivo es conseguir una reducción del 50%. Y se apuesta por lo ecológico, por lo que la meta para 2030 es que el 25% de las tierras agrícolas de los estados miembros de la Unión se trabajen con técnicas de agricultura orgánica. Y como los nuevos tiempos exigen nuevas tecnologías, para permitir la innovación digital la propuesta trabajará para que todas las áreas rurales dispongan de acceso a la banda ancha rápida para 2025. A ello se suma, y esto forma parte de la estrategia para la biodiversidad, que en 2030 al menos el 30% de las tierras y mares de Europa se hayan convertido en áreas protegidas.

Los objetivos son claros y concretos. Las propuestas para conseguirlos resultan más ambiguas, como lamentan las organizaciones agrarias y los responsables de Cooperativas Agroalimentarias e incluso del propio ministro de Agricultura, Luis Planas, que reconoce que "de cuánto dinero se dispone para llevar a cabo esta tarea es uno de los principales elementos de preocupación del Gobierno y de todo el sector". Y es que a los sumo la estrategia recoge que para allanar el camino a alternativas y para mantener los ingresos de los agricultores, "la Comisión tomará una serie de medidas como la revisión de la directiva sobre uso sostenible de plaguicidas, la mejora de las disposiciones sobre gestión integrada de plagas (MIP) y la promoción de un mayor uso de formas seguras alternativas de proteger las cosechas de plagas y enfermedades". Se compromete además a facilitar la comercialización de plaguicidas que contengan sustancias biológicas activas y a reforzar la evaluación del riesgo ambiental de los plaguicidas, pero deja en el tejado de los estados miembros la patata caliente que supone "adoptar medidas ambiciosas y de gran alcance para implementar plenamente la legislación sobre contaminación de nutrientes".

De presupuesto disponible, ni una línea, aunque el texto recoge que será la PAC "la herramienta clave para apoyar a los agricultores en la transición hacia un desarrollo sostenible del sistema alimentario". Y, siempre sin cifras, asegura que los nuevos ‘eco-esquemas’ -el elemento incentivador incluido en la propuesta de la PAC 2020- ofrecerán "un importante flujo de fondos" para impulsar prácticas sostenibles como agricultura de precisión, agroecología (incluyendo agricultura ecológica), la creación de características del paisaje, la agricultura de carbono y la agroforestería.

El mantra de la ganadería

‘De la granja a la mesa’ vuelve a colocar en el ojo del huracán a la producción ganadera. La estrategia insiste en que "es necesario reducir su impacto ambiental y climático". Para ello, incluye el compromiso de la Comisión a facilitar la comercialización de aditivos alimentarios sostenibles e innovadores que ayudan a reducir los gases de efecto invernadero (GEI) asociados a la huella y contaminación del agua y del aire. Pero además, aunque lo haga de forma velada, deja entrever su apuesta por la reducción del consumo de este tipo de alimentos, ya que asegura que promoverá la investigación para aumentar la disponibilidad y fuente de proteínas alternativas, como las de origen vegetal, microbiano, marino y las que aportan el consumo de insectos.

Son pocas las referencias a montos presupuestarios en dichas propuestas. Pero las hay. Dos en concreto. La Comisión Europea prevé desbloquear una financiación de 20.000 millones anuales para incrementar la declaración de espacio protegidos, si bien, para este fin no solo piensa en sus propias arcas sino también en la disponibilidad presupuestaria de los fondos nacionales e incluso privados.

La estrategia habla además de otros 10.000 millones de euros, aunque más que ponerlos sobre la mesa propone gastarlos. Insiste en que la investigación y la innovación «son impulsores clave para acelerar la transición hacia un desarrollo sostenible saludable y un sistema inclusivo». Y por eso anima al sector agroalimentario a poner en marcha proyectos de I+D+i en alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura, pesca, acuicultura y medioambiente, pero también en el uso de tecnologías digitales y soluciones basadas en la naturaleza. Y les propone hacerlas realidad haciendo uso de dicha partida que podría estar disponible para el sector a través del programa Horizon Europe.

El fondo y la forma

El sector, en voz de sus representantes, no se opone a ninguna estrategia que tenga como fin modificar el modelo productivo agroalimentario europeo para luchar contra el cambio climático que, como señalan, es probablemente el debate y el cambio más importante para la agroalimentación desde que existe la PAC.

No discrepan del fondo de la estrategia ‘De la granja a la mesa’, pero discuten la forma. Para empezar coinciden en señalar que este no era el momento más oportuno para su presentación, que debía de haber esperado lo suficiente como para superar la pandemia y tener concretado el impacto que tiene sobre el sector la crisis del coronavirus.

Lo ha dicho incluso el ministro de Agricultura. Luis Planas lo deja claro: "Para objetivos más ambiciosos hacen falta medios más ambiciosos". Y advierte que, aunque es cierto que apoya la orientación hacia una mayor sostenibilidad, "no se pueden hacer cambios vertiginosos", al tiempo que alerta que, en cualquier caso, "estos objetivos no deben ser una carga suplementaria que los agricultores, ganaderos y pescadores no pueden soportar".

Cooperativas Agroalimentarias muestra su compromiso con el Pacto Verde, pero matiza que "la sostenibilidad medioambiental no será posible sin sostenibilidad económica. Y muestra su "preocupación" ante la decisión de la Comisión Europea de abrir el debate con unos objetivos medioambientales muy ambiciosos, "sin tener en cuenta la falta de rentabilidad de un sector productor que ha demostrado ser básico en el abastecimiento de alimentos a la sociedad, mientras esta ha estado confinada por la pandemia".

Por eso, considera "fundamental" diseñar medidas de impulso estructural que sirvan para encarrilar el desequilibrio en una cadena alimentaria donde "el productor es el eslabón más débil y el primero en sufrir". Lamenta que no se tenga en cuenta la pérdida de competitividad que supone un modelo europeo altamente exigente frente a los productos importados obtenidos con condiciones menos restrictivas. Y, sobre todo, exige que los objetivos que se marquen estén basados en evidencias científicas, en estudios de impacto e investigación de alternativas "y no en opciones ideológicas".

Mucho más críticas son las organizaciones agrarias. Así, Asaja lamenta que Bruselas se haya plegado a unas orientaciones ecologistas "que asestan un duro golpe a la agricultura". Para esta organización agraria, las severas limitaciones que impone la estrategia no hacen sino privar a los agricultores de unas herramientas «esenciales» para garantizar la salud de los animales y los cultivos.

COAG, a la que pertenece la aragonesa UAGA, habla de "hipocresía y de políticas de escaparate", porque, en su opinión, ‘De la granja a la mesa’ exige más compromisos (y mayores costes de producción) al sector agrario, pero no se compromete ni asegura el refuerzo de la Política Agrícola Común (PAC) y mucho menos cuestiona los tratados comerciales. La organización agraria considera que los productores deben ser protagonistas de la lucha contra el cambio climático y tienen que liderar el compromiso por un modelo sostenible, pero la UE debe dar un paso al frente y "establecer el principio de soberanía alimentaria así como condicionar las importaciones a los estándares de calidad y bienestar animal que exige al campo europeo y que este ya cumple".

Para UPA, la estrategia tiene luces, pero, sobre todo, muchas sombras y numerosas "incongruencias". Entre ellas, esta organización agraria destaca los objetivos de reducción de fitosanitarios y antibióticos y no tanto por la imposibilidad de utilizarlos sino porque no da alternativas a aquellos agricultores y ganaderos que tengan que prescindir de ellos. Critica además la negativa idea de fomentar una menor producción de carne.

"Queda todavía mucho camino por recorrer, pero es un avance"

Si hay algo que queda claro en la estrategia presentada por Bruselas es su intención de reducir -se concreta con porcentajes y fechas- el uso de fertilizantes y fitosanitarios químicos en las producciones agrícolas. Y se deja claro que uno de los más ambiciosos objetivos es conseguir que en 2030 un cuarto de la superficie agrícola europea tenga el calificativo de ecológica.

Y si se propone producir más alimentos orgánicos es porque la Comisión Europea quiere que la dieta saludable que defiende para sus ciudadanos incorpore de forma habitual (y más asequible) este tipo de alimentos, para lo que tiene previsto potenciar medidas -promoción y adquisiciones públicas- para favorecer la demanda de estas producciones.

Por eso, no es de extrañar que el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica haya mostrado su buena acogida a la propuesta ‘De la granja a la mesa’. "Celebramos este tipo de iniciativas que avanzan hacía un modelo productivo más sostenible. La racionalización del uso de productos de síntesis y su eliminación donde sea posible es una buena noticia para el medio ambiente", señalan desde este organismo.

Consideran que la propuesta europea es "una buena noticia", y aunque reconocen que "todavía queda mucho camino por recorrer", las limitaciones al uso de los pesticidas y la decidida apuesta por la agricultura y la ganadería ecológica "suponen avanzar por el buen camino desde la producción que aún no trabaja en la elaboración cultivos ecológicos".

En Aragón existen actualmente 68.665 hectáreas dedicadas a este tipo de producción y más de un millar de operadores, que llevan 25 años demostrando, señala el comité, "que se puede producir con 0% de pesticidas y 0% de fertilizantes de síntesis". Y entre sus ventajas CAAE destaca que no se trata solo de una producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente sino que además "en gran parte del territorio la producción ecológica es la más recomendable de llevar a cabo dado que aumenta el valor añadido del producto y reduce los costes".

La estrategia está encima de la mesa, pero necesita ahora la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, a donde llegarán tras pasar haber sido sometidas a "un amplio debate público", al que las instituciones europeas han invitado a todos los ciudadanos y las partes interesadas de la Unión Europea. Y el comité aragonés deja claro que tiene su apoyo.