"El acuerdo entre el Gobierno y Bildu dinamita el diálogo social y rompe todos los puentes"

Indignado. Así se ha mostrado Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón, con el acuerdo que parece haber alcanzado el Gobierno de España con Bildu para proceder a la derogación de la reforma laboral, aprobada por el Partido Popular en 2012. "No se puede dejar la normativa laboral en manos de los herederos de ETA", ha dicho esta mañana en la "conversación de contingencia" sobre la salida de la crisis en Aragón, organizada por APD Zaragoza en la que ha intervenido junto a Félix Longas, presidente de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón y de APD en la comunidad, y Marta Gastón, consejera de Economía y Empleo.

"Este acuerdo dinamita el diálogo social y rompe todos los puentes", ha subrayado el máximo responsable de los empresarios en Aragón. "Genera una enorme inseguridad jurídica y provocará más destrucción de empleo y más paro en España", ha añadido. A su juicio, "Ciudadanos de haber sabido este acuerdo oculto no habría apoyado al Gobierno en la prórroga del estado de alarma".

Para Mur, que ha mostrado su total rechazo a plantear ahora una derogación completa de la reforma laboral, lo que ahora se necesita son certidumbres y trabajar desde la unidad para salvar a las empresas y que puedan salvar los empleos. Lo que menos hace falta, ha reiterado, es dinamitar los puentes de diálogo entre empresarios y sindicatos. Lo que urge, ha indicado, es favorecer el consenso para que la recuperación no sea tan lenta y se pueda reactivar el consumo. "Somos partidarios de medidas concretas, no de megaplanes para salir de esto ya que la afección va por sectores".

Hay tres ejes, ha planteado, fundamentales para la recuperación económica. El primero es repensar la Administración para que sea más ágil y se dinamicen las inversiones; el segundo, es promulgar planes que favorezcan el consumo local y que al menos la mitad de las compras del Ejecutivo autonómico las haga a productores o industriales que trabajen en Aragón; y el tercero, el apoyo a la liquidez. "No somos partidarios de ayudas directas, pero el Gobierno de Aragón si puede avalar a las empresas para que consigan créditos; es un poco infantil pensar en ayudas directas a autónomos que supondrían un coste mensual de 40 millones, algo que no se puede asumir", ha reconocido.