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Tres familias se plantean denunciar en el juzgado la muerte de sus allegados en una residencia de Zaragoza

Una familia denuncia a un centro de mayores de Zaragoza por la muerte de un hombre de 83 años.

El día a día del cementerio de Torrero durante la pandemia del coronavirus.
El día a día del cementerio de Torrero durante la pandemia del coronavirus.
José Miguel Marco

Los familiares de un anciano de 83 años fallecido el 26 de abril en el hospital a causa de la covid-19 han presentado una denuncia en el juzgado de guardia para que se diriman las supuestas responsabilidades que pudo tener en su muerte la residencia en la que vivía. Su abogado, Ricardo Agoiz, ha dirigido la denuncia por presunto homicidio imprudente contra el centro (la propiedad, la directora, el médico y sus respectivas aseguradoras) y el Gobierno de Aragón por su posible responsabilidad indirecta derivada de la función inspectora de las residencias.

El letrado, que este jueves informó de la posibilidad de que otros allegados de usuarios de la residencia se sumen a la denuncia, ha asegurado este viernes que tres familiares de ancianos fallecidos en el mismo centro de mayores se han puesto en contacto con él para estudiar sus casos concretos y ver si son susceptibles de presentarse en el juzgado y sumarse al procedimiento.

En cuanto a la primera denuncia, el abogado de la asociación el Defensor del Paciente mantiene que lo importante no es si el hombre tenía o no coronavirus (enfermedad que se le diagnosticó una vez ingresado), sino si se le mantuvo en la residencia cuando debería haber sido hospitalizado para recibir los cuidados necesarios para evitar su muerte.

Por su parte, fuentes de la residencia Santa Bárbara manifestaron este jueves que desconocían la existencia de la denuncia y les sorprendió enterarse por la prensa. Añadieron, no obstante, que estaban esperando que ocurriese "algo así" en cualquier momento dada la "demonización" del sector que se ha hecho durante la pandemia.

“Nos parece bien que todo aquel que crea que se ha actuado mal denuncie. Así puede salir a la luz todo lo que se ha hecho, ya que hablamos de un sector al que todavía no se le ha reconocido el servicio que ha dado. Nos sentimos olvidados", dijeron.

Añadieron que los familiares siguen confiando en las residencias y subrayaron que estas "no son centros sanitarios". "Nosotros no derivamos a hospitales. El que está aquí vive como si fuera su casa y si hay algún problema llamamos a su médico del centro de salud o al 061, que son quienes deciden", explicaron. Puntualizaron que las residencias no están obligadas a tener médico, aunque a veces lo tienen, con horario tasado.

Indicaron que desde que comenzó la crisis sanitaria por la pandemia el contacto con la consejera de Derechos Sociales de la DGA, María Victoria Broto, y su secretario general técnico José Antonio Jiménez ha sido continuo y estrecho y se les informa diariamente de los casos de fallecidos y de los contagios.

Mientras, una de las hijas del fallecido relató que desde el 14 de marzo las comunicaciones con su padre fueron más difíciles, especialmente a partir del 1 de abril. "Nos decían que estuviéramos tranquilos, que estaba bien, aunque en abril apenas pudimos hablar con él. Pedimos que le cargaran el móvil y el día 6 mi padre llamó a mi hermana y le dijo que estaba muy mal", relató. La hija, preocupada, volvió a comunicar con la residencia.

Le indicaron que lo que tenía era depresión por no ver a la familia, aunque esa tarde fue a verlo el médico de Valdespartera y le recetó paracetamol", cuenta. A la mañana siguiente insistieron en que estaba bien, pero por la tarde fue hospitalizado.

El médico que lo recibió dijo que estaba muy grave con neumonía bilateral, desorientado y deshidratado. "Una trabajadora admitió que estaban desbordadas y no daban abasto en turnos de trabajo de 14 horas y con la plantilla diezmada. Los cuatro amigos de mi padre en la residencia han muerto. Él luchó por su vida, era muy positivo y estaba agradecido a los médicos. Era un héroe sin capa", señala la hija.

Por su parte, el Gobierno de Aragón indicó que aún no tiene constancia de la denuncia y que se estudiará cuando llegue. "Cuando se tenga, se atenderá a los requerimientos que sean necesarios. Añadió que se trata de un centro supervisado como todos los de las Comunidad y "como todos los que han tenido casos positivos", explicó. Comentó que no se tiene constancia, en este momento, de que haya habido otro tipo de reclamaciones.

Según se hace constar en su denuncia, el 6 de abril ya había dos fallecidos en la residencia y 24 trabajadores de baja por síntomas compatibles con el coronavirus y dos días más tarde se contabilizaban cuatro muertos y 31 empleados de baja.

Fuentes de la residencia eludieron aportar ninguna cifra concreta de afectados acogiéndose a la ley de protección de datos.

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