coronavirus
Organizaciones sociales piden al Justicia de Aragón que abra una investigación para ver qué ha pasado en las residencias
Han redactado un Manifiesto para exigir que se subsanen las deficiencias en esta red asistencial evidenciadas por la pandemia y reivindican que haya más plazas en residencias públicas para todo aquel que las necesite
La Plataforma de Pensionistas y Jubilados de Aragón, el Espacio de información, promoción y defensa de derechos sociales, el Observatorio de Derechos Humanos, Stop Desahucios Zaragoza y la Coordinadora Provincial por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Huesca) son las organizaciones sociales que piden al Justicia de Aragón que abra una investigación exhaustiva para ver qué ha ocurrido en las residencias de Aragón. Denuncian que en dichos centros asistenciales la Covid-19 se haya cebado con los ancianos y la pandemia "haya sacado a la luz todas las carencias de estos centros que hasta la fecha se han permitido".
Estas organizaciones dicen que ha llegado el momento de cambiar. Critican que dicha inspección hasta ahora no se haya acometido por falta de medios y de inspecciones rigurosas y exigen que cuando "el 75% de fallecidos por la pandemia se han producido “curiosamente” en las residencias de mayores, la Administración las ponga bajo la lupa para ver qué ha pasado" y subsanar todas las deficiencias de cara al futuro.
En el manifiesto que han elaborado estos colectivos exigen "una investigación exhaustiva para conocer la situación real, a día de hoy, de dichas residencias de personas mayores en la Comunidad Autónoma de Aragón; que los datos obtenidos sean comunicados al Ejecutivo autónomo e instarle a tomar las medidas oportunas para corregir la situación de manera urgente y prioritaria". Y en tercer lugar, ponen el acento en "la necesidad imperiosa de disponer de plazas en residencias públicas para quienes las necesiten".
Estos colectivos incluyen en el manifiesto que han redactado el dato extraído del Instituto Aragonés de Estadística de que en 2018 "el IASS solo disponía de un 11% de las plazas residenciales para dependientes y un 7,4% eran concertadas, es decir el 18,4% de plazas "públicas", mientras que un 42% estaba en manos de empresas privadas. Y en este sentido, reclaman que igual que hay una sanidad pública, exista una asistencia geriátrica al alcance de todos los ciudadanos, algo que a día de hoy, no sucede con precios en la mayoría de los casos inasumibles". Por último, recuerdan que "lo que ha sucedido no puede volver a pasar y que de cara a futuras pandemias debe primar "la calidad , el buen servicio y la atención a nuestros mayores en las residencias de Aragón".
