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Función Pública ordena a los trabajadores de la DGA el retorno al trabajo presencial

Tramita 12 autorizaciones para empezar a aplicarlo desde el lunes y fija el horario de apertura de 7.30 a 20.30. CC. OO. denunciará ante inspección de trabajo que no les han consultado

En la imagen, el edificio Pignatelli, sede del Gobierno aragonés en Zaragoza.
En la imagen, el edificio Pignatelli, sede del Gobierno aragonés en Zaragoza.
José Miguel Marco

El Gobierno de Aragón ha ordenado la reincorporación "ordenada y paulatina" al trabajo presencial del personal de Administración General. Funcionarios de doce departamentos regresarán ya el lunes a sus puestos sin que los sindicatos hayan podido presentar alegaciones al respecto. Comisiones Obreras (CC. OO.) tiene previsto denunciar el lunes ante la inspección de trabajo que ni les han consultado ni disponen de información sobre las medidas de protección que se van a adoptar al respecto. El sindicato pedirá, por ello, "que se depuren todas las responsabilidades establecidas por la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, incluidas las penales".

Para facilitar el acceso ordenado a sus sedes, la DGA modificará los horarios de apertura, que irán de las 7.30 a las 20.30, y flexibilizará la entrada y salida de los funcionarios. Francisco José González, secretario general de la sección sindical de CC. OO. en el Gobierno de Aragón, urge que en el edificio Pignatelli se fije el aforo. "Ahora van de 300 a 400 trabajadores. Los 900 que están asignados cómo lo harán", cuestiona. Recuerda, además, que sería conveniente establecer circuitos en los recorridos en el interior del recinto, garantizar dos metros de distancia entre los puestos de trabajo y, en los puestos de atención al público, regular el acceso que, durante estas primeras fases, se realizará a través de citas previas.

Dentro de los incumplimientos cometidos por la DGA, González destacó que no informó al sindicato del total de personas que se van a incorporar a partir del lunes, ni de las medidas de protección que se van a adoptar: aforos, itinerarios de entrada, salida y circulación, medidas de protección individual… con lo que no está dando a la representación de los trabajadores el preceptivo trámite de alegaciones. Insisten en que Función Pública ha incumplido deliberadamente los trámites necesarios de tres días para realizar la comprobación de las medidas de protección.

La instrucción dictada por Función Pública prioriza el teletrabajo "siempre que sea posible". Da prioridad para desempeñarlo a las personas "especialmente sensibles" y a las que tengan menores de 12 años o mayores a su cargo. Entiende como personal especialmente sensible a los mayores de 60, las embarazadas, los diabéticos y enfermos cardiovasculares (incluida la hipertensión), pulmonares, inmunodeficientes y oncológicos. La DGA admite la posibilidad de que los funcionarios compaginen el teletrabajo con la modalidad presencial, en el caso de que fuera posible.

Para los empleados con cargas familiares que deban incorporarse a su trabajo, se permite completar la jornada presencial (que deberá ser al menos del 50%) con el uso de días de libre disposición, festivos recuperables, bolsa de conciliación, exceso de horarios o vacaciones y reducciones de jornada. También podrá solicitar un permiso sin retribución o una excedencia a su cargo.

CC. OO. solicitó, sin éxito, que se extendieran los permisos por deber inexcusable de los que disfrutaban el 4,9% de los 11.824 funcionarios de Administración General hasta fin de curso, pero se ha decidido suprimirlos. Consideran, por ello, que la DGA "está jugando con la salud de sus trabajadores y trabajadoras o vulnerando el derecho a la negociación colectiva".

González reprochó que "parece que los políticos quieren sacar pecho de que la Administración está a la cabeza de la recuperación aunque no sea necesario, pues los plazos administrativos están suspendidos". Es más, recordó que aún hay que regular qué ocurrirá con las vacaciones de julio y agosto, pues al llegar la nueva normalidad se multiplicará el trabajo. Y cuestiona, además, que el material de protección adjudicado a algunos puestos sea el más adecuado.

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