El 24% del personal de la Administración en la DGA está de baja o "dispensado"
De los 11.824 empleados, un 9,8% está de baja, el 6,8% tiene riesgos y un 2,8% espera destino.
Unos 3.000 empleados públicos de los 11.824 asignados a la Administración General del Gobierno de Aragón no acuden al trabajo por la crisis del coronavirus. De ellos, un 9,83% está de baja por una enfermedad o por estar infectado por coronavirus; otro 6,8% figura como personal de riesgo, en el que se incluyen trabajadores de edad avanzada, con afecciones patológicas graves (oncológicos) o embarazadas; un 4,9% tiene reconocido un deber de atención inexcusable ya sea a niños, mayores o a enfermos de covid-19 y el 2,87% restante corresponde a funcionarios que están a disposición de la organización a quienes les pueden llamar para reforzar servicios en función de las necesidades en cualquier momento.
El porcentaje de funcionarios que trabajan es mayor si se toma en consideración la plantilla global de la DGA, que se eleva por encima de los 56.000 empleados públicos, de los que un 92% está activo, según los datos ofrecidos por el Ejecutivo autonómico. Casi la mitad de los funcionarios corresponde a los servicios de Salud, unos 25.460 trabajadores, entre los que hay más de 800 infectados. El segundo colectivo más numeroso en la DGA está asignado a Educación, con 16.700 empleados, y la mayoría de ellos está teletrabajando. Varias auxiliares de educación especial fueron reasignadas, por orden de Función Pública, a los centros intermedios habilitados por Servicios Sociales para atender a mayores que vivían en residencias y que están infectados de covid-19. Durante esta crisis también se ha derivado a residencias varios sanitarios de Atención Primaria.
Reasignaciones
La reasignación de personal de la DGA a las áreas que experimentan un mayor volumen de trabajo está recogida en el Real Decreto Ley 1/2020 del 25 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que se adoptaron medidas urgentes para responder al impacto generado por la covid-19. "Por razones de urgencia e inaplazable necesidad" la Administración podrá "atribuir a su personal el desempeño temporal en comisión de servicios forzosa para la realización de funciones, tareas o responsabilidades" cuando "no puedan ser atendidas con suficiencia por el personal que desempeñe con carácter permanente los puestos de trabajo o funciones que tengan asignadas", dicta, en su artículo 13. Y la consejería de Economía también se ha beneficiado de ello.
Cuando empezó a llegar a la consejería de Marta Gastón un aluvión de Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE), se reorganizó el departamento para destinar al servicio unos 180 trabajadores adicionales. Más tarde, fueron asignados por Función Pública 160 adicionales de otras áreas para cubrir esas vacantes. En el IASS, por su parte, ha habido 60 movimientos para reforzar la atención en centros residenciales.
Ajustes normativos
La Administración autonómica se ha visto obligada a ajustar la normativa y la regulación del trabajo a las condiciones que variables que ha ido marcando esta crisis. Con el objetivo de garantizar la prestación de servicios básicos y proteger, al mismo tiempo, la salud de los trabajadores, se fueron dictando instrucciones. Las primeras tuvieron por objeto primar la atención telefónica y telemática frente a la presencial, y restringir las reuniones. Se retiró, además, del trabajo a los empleados vulnerables (enfermos oncológicos y embarazadas). Con el cierre de los colegios, y más tarde de los centros de día y de mayores, se buscó flexibilizar los horarios para facilitar la conciliación familiar.
El mayor reto fue implantar el teletrabajo, que solo había sido objeto de pruebas piloto en la Administración. Tal fue así que había funcionarios que se llevaban trabajo a casa y tenían que regresaban presencialmente a su puesto cuando completaban las tareas. La situación cambió cuando la aplicación de soluciones telemáticas permitió acceder de forma segura al sistema informático. En la actualidad, se va reduciendo el personal que teletrabaja en beneficio del que opta por el trabajo presencial en las sedes de la Administración, pero por turnos.
