crisis del coronavirus
Aragón rechaza el plan de desescalada de Sánchez pero lo aplicará por "lealtad"
El Ejecutivo de Javier Lambán advierte de que "no es el plan de Aragón y no recoge la realidad de la Comunidad"
Como un jarro de agua fría cayó en el Gobierno de Aragón la propuesta de desescalada que dio a conocer ayer el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez; un plan dividido en cuatro fases, que se prolongará hasta finales de junio y que toma como unidad de aplicación la provincia, sin diferenciar entre el medio rural y las grandes ciudades. "Este no es el plan de Aragón ni el que se ajusta a la realidad aragonesa. No atiende a la especificidad del medio rural, pero es el Gobierno el que toma las decisiones sobre la recuperación de la normalidad. Y, por lealtad institucional, nosotros colaboraremos con el Gobierno en su aplicación". Con esta rotundidad mostró el cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) que lidera el barón socialista, Javier Lambán, su contrariedad por un plan que ningunea su propuesta de acompasar la vuelta a la normalidad al volumen de población y al impacto de la pandemia.
La prudencia que aplicó la DGA al escalonar el regreso a la actividad empezando por núcleos con menos de mil habitantes, para pasar a los de 5.000 y a los de 20.000, y dejando fuera las capitales, Zaragoza, Huesca y Teruel; Calatayud, Utebo y Cuarte de Huerva, nada tiene que ver con un plan nacional que sitúa en una misma fase, con sus respectivas restricciones, a una ciudad de 700.000 habitantes y a pueblos casi despoblados y sin contagios de covid-19.
A pesar del malestar inicial, la DGA no da la batalla por perdida. La documentación remitida por Sánchez recoge, una vez más, que "las comunidades podrán proponer a Sanidad que un ámbito concreto sea declarado en una fase diferente del proceso de desescalada". Para ello, deberá remitir un informe motivado y la viabilidad de aplicarlo, y será el ministro Salvador Illa el que decida. Y a esta excepcionalidad se podría acoger el cuatripartito para intentar evitar que la situación de Zaragoza capital, donde se prevén más dificultades para acceder a fases de desescalada más avanzadas, perjudique al resto de la provincia.
Incluso el propio presidente Sánchez señaló, en la presentación del plan, que aunque consideran que lo mejor es aplicar el plan por provincias, las comunidades pueden presenten sus alternativas y, si están motivadas, el Gobierno "no tendrá problemas para adecuarlo".
Otro de los criterios que invita a pensar que podría haber más cambios es que antes de que se arranque el proceso, previsto para el 4 de mayo, se podría celebrar la octava conferencia de los presidentes autonómicos con Sánchez, en la que más de uno le recordará su postura al respecto.
Las cuatro fases
El proceso que llevará a la Comunidad a una "nueva normalidad" arrancará, primero, en Formentera (Islas Baleares) y La Graciosa, El Hierro y La Gomera (Islas Canarias), que entrarán el lunes en la fase 1. Aragón tendrá que esperar al 11 de mayo para hacerlo pues se determinará, por provincias, la fase a aplicar en función del sistema sanitario, la situación epidemiológica, la protección colectiva y datos socioeconómicos y de movilidad. En la fase 1 (la inicial) se admitirán "con condiciones estrictas de seguridad y limitación de ocupación" actividades en terrazas de bares, hoteles y alojamientos turísticos y lugares de culto, con un tercio de la ocupación. En la siguiente (la 2), abrirían bares y restaurantes, cines, monumentos o exposiciones y espectáculos de menos de 50 personas, siempre con un tercio de su aforo, y se ampliará a la mitad en los lugares de culto. En la fase 3 (avanzada), aumentarán los márgenes de aforo y ocupación, siempre con la recomendación de usar mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos, además de mantener las distancias de seguridad. El comercio abrirá al 50% del aforo.
En la aplicación de las restricciones que van aparejadas a cada una de las etapas se buscará la colaboración de los ayuntamientos y las comunidades, que en algunos parámetros tienen asignadas las competencias. Lo que no se admitirá hasta que lleguemos a la "nueva normalidad", dentro de seis u ocho semanas, será la libre circulación entre provincias. Si se permitiera, aseguró Sánchez, "elevaríamos el riesgo de propagación del virus". Así que las segundas residencias quedan vetadas, a no ser que se encuentren en la misma provincia. Sí se admitirán viajes por motivos laborales. Cada fase se prolongará dos semanas y se revisará la situación de cada unidad de aplicación en función de unos parámetros sanitarios que serán públicos. Sánchez quiso dejar claro que los protagonistas de la desescalada serán los ciudadanos, y en su responsabilidad individual y en la disciplina social hizo descansar el éxito del proceso. Aunque la normalidad real no llegará hasta que se dé con la vacuna o un tratamiento efectivo.
