La DGA toma las riendas de las residencias de La Merced y El Portillo por falta de personal
Broto defiende que los centros de mayores sean los últimos en la desescalada y detalla que hay 454 trabajadores infectados.
El departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales ha intervenido otras dos residencias en Aragón, La Merced, ubicada en la ciudad de Huesca, y El Portillo, en Zaragoza, fundamentalmente debido a las bajas que se han producido entre el personal y dado que era necesario atender a mayores que presentaban síntomas de coronavirus. De esta forma, se ha podido reforzar la plantilla y resolver cuestiones organizativas. Actualmente la situación está controlada, según la consejería, gracias también a que se ha podido derivar a algunos mayores de esas residencias a los centros Covid-19.
La dirección de La Merced, más conocida como Casa Amparo, regida por un patronato, se encuentra ahora en manos de un funcionario del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que también ha aportado una trabajadora. Aquí se registró un brote hace unos días con ocho mayores contagiados y varios trabajadores. Es el segundo centro intervenido en la capital oscense, después del de Los Olivos, que prácticamente se quedó sin personal y donde han fallecido en las últimas semanas 14 ancianos. En Teruel está bajo este régimen el asilo de San José; y en Zaragoza, los centros de Illueca, donde se han confirmado esta semana 16 contagios, Vera del Moncayo y Épila. El Portillo se suma a esta lista. Es un centro muy pequeño, con apenas 19 plazas.
Las intervenciones se han realizado con el objetivo de "colaborar" en lugares donde se han visto superados por la situación, sin que esto, según fuentes del departamento, implique ninguna crítica, ya que han tenido que afrontar circunstancias muy difíciles.
La desescalada, muy lejos
Con la afección que el Covid-19 tiene en las residencias, la consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, propuso este viernes que sean las últimas en incorporarse al proceso de desescalada. En una comparecencia telemática en las Cortes, defendió el trabajo que se ha realizado desde su departamento y abogó por que se realice una profunda reflexión sobre el modelo de residencias vigente.
Broto defendió los centros Covid-19, donde hay ocupadas 215 plazas y se han tramitado 75 altas, y expuso que en las residencias hay 454 trabajadores infectados o sospechosos. Detalló, también, que el Gobierno de Aragón ha realizado 410 contratos desde el inicio de la pandemia para sus once residencias entre sustituciones, atribuciones de funciones, acumulación de tareas y otros casos.
En la bolsa de empleo para las residencias hay 4.116 personas inscritas, 1.457 con titulación y 2.659 sin titulación, y se han enviado a las residencias listados de 1.086 trabajadores con titulación y 456 carentes de ella, con 77 contratos confirmados. Además, se han desinfectado 80 centros y se han repartido 207.000 pares de guantes, 9.000 pantallas protectoras, 77.000 mascarillas quirúrgicas y 2.500 batas, en entregas semanales. Por todo ello consideró la consejera que «el sistema público ha sido fundamental para paralizar y minorar la pandemia».
Menos complaciente con la gestión de la DGA se mostró la diputada del PP Marian Orós, que recordó que Aragón es la quinta comunidad con más fallecidos en residencias, 501, y que las residencias siguen pidiendo "refuerzos", exigiendo que se entregue material EPI de "calidad" y que se hagan más test para llegar a la fase de contención, en la que ya se encuentra Alemania.
La diputada de Cs Loreto Camañes animó a revisar el modelo residencial y el portavoz de Vox, David Arranz, reclamó que se generalice la realización de test diagnósticos y lamentó que "nuestros mayores han muerto como han muerto, algunos como ciudadanos de segunda". Álvaro Sanz, de IU, defendió el papel de sector público y se mostró preocupado por las condiciones laborales de quienes prestan el servicio.
