Covid-19
Los fruticultores proponen el uso de infraestructuras públicas para alojar a los temporeros
CC. OO. y UGT critican la falta de seguridad en el campo y el sector responde que le preocupa más la salud que la cosecha.
El estado de alarma ha convertido la campaña frutícola en un quebradero de cabeza para el sector y los responsables municipales de las zonas productoras. Porque, aunque se han dado avances para intentar que las explotaciones agrarias dispongan de suficiente mano de obra, sigue sin estar claro qué protocolo sanitario se debe de seguir para dar respuesta a aquellos trabajadores que necesitan alojamiento.
Así se puso de manifiesto este lunes en la mesa de temporeros que reunió (por videoconderencia) a responsables de las organizaciones agrarias, sindicatos de clase, asociaciones de empresarios, responsables del Gobierno de Aragón, del Inaem, de Salud y Servicios Sociales, todos ellos de la comarca oscense del Bajo Cinca, cuya campaña ya ha dado los primeros pasos con las recolección de la cereza temprana. Un encuentro en el que tanto el sector como los alcaldes de los municipios volvieron a insistir en la urgencia de que las autoridades sanitarias elaboren un protocolo en el que se concrete cómo deben adecuarse las viviendas en las que se alojen los trabajadores. "Sabemos que se está trabajando en una orden y estamos esperando el contenido para actuar", señaló el alcalde de Zaidín y presidente de la comarca, Marco Ibarz, que explicó que los productores están dispuestos a tomar medidas para que los temporeros no tengan que desplazarse a comprar y cumplan así el confinamiento.
Mientras se define ese esperado protocolo, los fruticulores y los alcaldes trabajan conjuntamente para conocer cuál es el volumen de mano de obra que se necesita, cuántos los trabajadores de los que ya disponen y conocer así la demanda de hospedaje. Y para ello, y en previsión de que no se disponga de viviendas suficientes, el sector plantea la posibilidad de que puedan utilizarse las infraestructuras públicas (como polideportivos) para alojar a los temporeros e incluso habilitar espacios en el que caso de que fuera necesario realizar el aislamiento de posibles contagiados. "También se ha propuesto el uso de inmuebles privados (hoteles, pensiones o casas rurales) para que, siempre que el propietario quiera, puedan servir también como alojamiento a los trabajadores", explicó el responsable del área de fruta de UAGA, Óscar Moret, que detalló que todas estas posibles soluciones tendrán además que adaptarse a la realidad de cada municipio.
Duras críticas
Precisamente porque la reunión de ayer "fue positiva" y se desarrolló en un "ambiente de buena disposición", los representantes del sector no entiendieron las críticas vertidas ayer por CC. OO. Industria y UGT FICA. Los sindicatos, a través de un comunicado, exigieron el cumplimiento del Real Decreto sobre seguridad "también en el sector agrario", acusaron a las empresas agrícolas de querer "quedar al margen de la ley, de hacer y deshacer a su antojo y de mostrar una falta tremenda de humanidad". Manifestaron además su desacuerdo ante la posibilidad de que se abran fronteras para facilitar la llegada de extranjeros, calificaron de "ocurrencia" la propuesta de fletar aviones, rechazaron "que se permita llenar los autobuses como si fuese ganado el que va en ellos, y exigieron medidas de seguridad y equipos de protección (EPI) para los trabajadores, al tiempo que pusieron en entredicho la voluntad de los empleadores por asegurar la salud de sus trabajadores.
Unas acusaciones que sorprendieron a los representantes de las organizaciones agrarias, que aseguraron no entender la dureza de las afirmaciones de los sindicatos cuando el sector está poniendo todo su empeño en garantizar la seguridad de los trabajadores. "Lo he dicho en todas las reuniones, prefiero no coger los melocotones a que nos pongamos todos enfermos", aseguró Moret, que insistió en que los empresarios del campo no han dejado de intentar hacerse con equipos de protección "que no encuentran en ningún sitio y que han triplicado su precio".
"Es inadmisible y una gran irresponsabilidad que se dude de la buena disposición de los agricultores, que han demostrado sobradamente que la salud y la sanidad de sus trabajadores está por encima de todo, incluso de la propia cosecha", afirmó con contundencia el responsable de Asaja-Aragón, Ángel Samper.
Como un jarro de agua fría cayeron en UPA-Aragón las acusaciones de CC. OO. y UGT (al que pertenece). Su secretario general, José Manuel Roche, recordó que el campo aragonés cumple de manera "impoluta" sus obligaciones y advirtió que si conocen a empresarios que están cometiendo estas irregularidades que los denuncien con nombres y apellidos. "No es justo que se generalice, porque no es la realidad". dijo.
