La crisis de precios, motivada esencialmente por el mal funcionamiento de la ley de la cadena alimentaria, fue uno de los motivos, casi el esencial, que llevó a miles de agricultores y ganaderos a ocupar las calles para reivindicar medidas urgentes que garantizasen la rentabilidad de unas explotaciones que se encontraban ya al borde del abismo. Fue antes de que la expansión de la pandemia obligara a tomar drásticas medidas para evitar la propagación del coronavirus. 

Y con esas movilizaciones, que las organizaciones agrarias convocantes decidieron suspender tanto para contribuir a frenar el Covid-19 como para emplearse a fondo en su actividad y garantizar así el abastecimiento de alimentos a la población ahora confinada en sus hogares, el sector consiguió que el Gobierno moviera ficha y aprobara, el pasado 25 de febrero, un real decreto de medidas urgentes para modificar la ley de la cadena alimentaria, que, entre otras medidas, introduce la obligación que incluir una cláusula en los contratos que indique expresamente que el precio pactado entre el productor y el comprador cubre los costes de producción, prohibe las actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos, también la destrucción del valor a lo largo de la cadena y se endurecen las infracciones y prevé la publicidad de las infracciones graves o muy graves.

En ese trámite se encontraba el proceso cuando estalló la crisis del coronavirus. Pero la declaración del estado del alarma no ha impedido que el procedimiento siga su curso.

El decreto de medidas urgentes fue convalidado en pleno cumplimiento de la cuarentena, el pasado 25 de marzo, en el mismo pleno del Congreso de los Diputados al que en el que solo participaron presencialmente los diputados que iban a intervenir y en el que las votaciones se hicieron de forma telemática, convocado para debatir la prórroga del estado de alarma, que mantiene a toda la población confinada, al menos, hasta el 11 de abril.

Segunda fase

Y ahora el proceso entra en una segunda fase, la elaboración de un anteproyecto de ley en el que se incluirán, como explican desde el Ministerio, nuevas medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, dotar de mayor transparencia a las relaciones comerciales y reforzar la posición del productor. Asimismo, se incorporará a la legislación española la directiva comunitaria que hace referencia a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

Y para todo ello, y como es perceptivo, el Departamento que dirige Luis Planas ha iniciado el proceso de consulta pública para que tanto los ciudadanos, como las organizaciones agrarias y asociaciones del sector puedan expresar su opinión con carácter previo sobre los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma, la necesidad y oportunidad de su aprobación, sus objetivos y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Eso sí, habrá que hacerlo por vía telemática, de modo que los interesados en participar en esta consulta pública previa podrán hacerlo remitiendo, por correo electrónico, sus contribuciones a la dirección sgfi@mapa.es. El Ministerio recuerda además que "no serán tomadas en consideración las contribuciones a esta consulta pública que tengan carácter anónimo".