La empleadas del hogar dicen que "menos es nada" porque estaban "muy desprotegidas"

“Bien”, “menos es nada”, son algunas de las valoraciones que las empleadas del hogar hacen del nuevo real decreto anunciando por el Gobierno y que trata de preservar que dispongan de algún ingreso mientras dura el estado de alarma. Para Lidia, natural de Rumanía, que lleva trabajando en el sector desde hace nueve años “la situación está muy confusa, los empleadores no saben qué tienen que hacer”, dice. “Yo trabajo en dos casas: en una me han dicho que me van a dar un certificado para que pueda ir sin problema a atender a una persona mayor enferma y en otra me han dicho que no vaya que tengo suspendido el contrato”. La verdad, confiesa, es que “estamos muy al descubierto y ya no por mí sino por todas las mujeres que estamos en el sector se agradece que al menos se acuerden de nosotras”. Eso sí, pide al Gobierno que aclaren a quién cubre y a quién no esta ayuda ya que las empleadas del hogar por su régimen especial no tienen derecho a paro. “Hay mucho lío”, reconoce.

“No lo veo mal. Menos es nada. Por lo menos nos van a dar el paro que ni a eso teníamos derecho”, asegura otra trabajadora María José: “Yo voy a tres casas, en una me han dicho que me pagan mientras dure esto, en otra atiendo a un minusválido y en la tercera me han comentado que no me van a pagar hasta que vuelva en verano”. En su opinión, hacía falta que ayudasen ya algo a este colectivo. “En mi caso soy ya mayor, siempre han cotizado por mí, pero ahora me da miedo por esta crisis quedarme al final sin nada” en un sector en el que abunda la economía sumergida.

Valoración de las afectadas

“Me parece estupendo”, opina Cristina. “En una de las dos casas donde trabajo me han dicho que no me querían dar de baja y aunque no voy a trabajar, me pagan, pero en la otra no me han comunicado nada. Por lo tanto, en caso de que finalmente no me paguen poder cobrar el paro sería estupendo porque estamos muy desprotegidas”.

“Yo soy una afortunada. Las dos señoras que cuido me han dicho que no vaya porque están delicadas de salud pero que me pagarán como siempre”, indica Rita, una venezolana que lleva tres años y medio en Zaragoza y que también atiende en casa a un familiar con demencia senil. “Por supuesto me parece muy bien que el Gobierno se haga cargo de las personas más vulnerables como somos las empleadas del hogar”.

En cuanto a la ayuda de 440 euros que el Gobierno ha aprobado conceder a desempleados con un contrato temporal de al menos dos meses de duración finalizado después de la entrada en vigor del estado de alarma y que no contasen con cotizaciones suficientes para acceder a otra prestación, UGT y CC. OO la consideran positiva, pero insuficiente. “Habrá que ampliarla a más colectivos”, subraya Manuel Pina, de CC. OO. Aragón, ya que “siguen quedando fuera muchas personas que han finalizado contratos temporales, agotado prestaciones contributivas o asistenciales, y en esta coyuntura, tienen materialmente imposible encontrar un empleo”. 

Juan Arceiz, de UGT Aragón, entiende también que hará falta extender esta ayuda a más personas: “Nos tememos que al arranque de la actividad los trabajadores eventuales salgan de las empresas a miles. Ojalá nuestras previsiones fallen, pero nos tememos lo peor. Por eso, ampliar las coberturas sociales de forma coyuntural mientras se reactiva la economía será imprescindible”. Y advierte que “los jóvenes y eventuales serán de los más perjudicados”.

Desde OSTA, Jorge Ruiz de Lazcano asegura estar ya “gravemente preocupado por las personas trabajadoras de ETT que están sufriendo suspensiones de sus contratos en base al artículo 45 del convenio colectivo de las empresas de trabajo temporal, condenándoles a no poder acceder a ningún tipo de prestación y quedando fuera de toda ayuda económica”.

Es el caso de un trabajador eventual de Plastic Omnium en Pedrola, empresa que hace los depósitos de combustible para la planta de PSA en Figueruelas. “Tenía un contrato de seis meses y el viernes 27 de marzo nos llegó una carta de que nos lo suspendían aunque la empresa ya nos había mandado a casa el día 18 con permiso obligatorio. Yo tengo paro anterior pero no puedo utilizarlo al tener el contrato suspendido. Si no me lo arreglan y esto dura varios meses, no tendré ni para comer. Porque ni la ETT nos da respuesta ni tampoco la empresa. Si por lo menos nos hubiera metido en un ERTE, cobraríamos el paro, pero así nada de nada”. Y tampoco pueden optar a la nueva ayuda del Gobierno. “Literalmente nos han dado la patada y nos han dejado sin cobrar nada, y sin saber hasta cuando nos tendrán así”, afirma desesperado.

En otro sector, el de servicios, una trabajadora de la nueva tienda de Bricomart (del grupo Adeo), que iba a abrir en Zaragoza el 18 de marzo en el polígono de Cogullada, asegura que los 440 euros que da el Gobierno son “una miseria que no cubre las necesidades básicas”. Tendrían, dice, que “preguntarle a la gente si vive con sus padres ya que no llega ni para el alquiler”. En su caso, junto a bastantes compañeros, un centenar, la multinacional les ha rescindido el contrato. “Estábamos de prueba tres meses. Se cumplían en abril porque nos contrataron el 7 de enero. Y no les ha importado que trabajásemos 12 horas a destajo para tener la tienda lista para la inauguración. Nos tuvieron unos días de vacaciones en casa mientras decidían qué hacer hasta que el 25 de marzo nos comunicaron la rescisión del contrato”. Ella asegura que podrá aguantar porque tenía paro anterior, pero reconoce que muchos se van a quedar en la estacada. Solo confía en que vuelvan a llamarles cuando esto pase. “No pueden abrir sin nosotros”, afirma, a la vez que denuncia la actuación de un Gobierno que va poniendo parches pero no da una respuesta contundente a la desprotección que vienen sufriendo miles de trabajadores.