El Gobierno aragonés, que da trabajo a 56.000 personas, concretó este lunes qué empleos son esenciales para poder liberar al máximo de los trabajadores de acudir a sus puestos de manera presencial. El personal que se considere "imprescindible", sin contar a los sanitarios, a los que atienen servicios del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y a la Administración de Justicia que se rigen por otros criterios, realizarán su actividad por turnos y por los horarios que fijen los responsables de cada área. El resto, desde sus casas, tendrán la obligación de estar localizables y disponibles para su incorporación inmediata a cualquier puesto que determine la Administración.

Los puestos que se consideran esenciales son los que están vinculados a funciones de seguridad, mantenimiento de edificios y comunicaciones, la gestión económica y de personal básica, la tesorería, el registro electrónico, los gabinetes de Presidencia y de Comunicación. Incluye, además, a los altos cargos: directores generales y secretarios generales técnicos.

También se consideran imprescindibles los puestos de atención directa al presidente y al Gobierno, los servicios de mantenimiento del suministro eléctrico y gas y de atención a contingencias relacionadas con accidentes, incendios o temporales, el 112, el Boletín Oficial de Aragón, las asesorías y casas de acogida y los centros de emergencia del Instituto Aragonés de la Mujer.

Figuran en la resolución dictada por Función Pública servicios relacionados con la Administración electrónica, el mantenimiento de carreteras, la tramitación de expedientes de regulación de empleo, las oficinas del Inaem (sellado de demandas de empleo y contratos), la fiscalización de expedientes de Hacienda y de la dirección general de Tributos.

En Educación, se mantendrá la contratación de obras; en Ciudadanía, la atención a mayores tutelados, protección de menores, gestión de pagos de prestaciones económicas, ayuda a domicilio, teleasistencia y atención telefónica de personas aisladas y usuarias de hogares. La consejería de Agricultura mantendrá el control de las depuradoras, los servicios de prevención de incendios, la vigilancia de espacios naturales, la inspección y control de fraude de la cadena alimentaria y las autorizaciones de traslados de residuos.

En todos estos casos, se establecerán los turnos, con las rotacionaciones más cortas posibles para que roten al máximo los funcionarios afectados, y los horarios "imprescindibles" para garantizar la prestación del servicio y minimizar el riesgo de contagios.

El resto ha tenido que firmar un documento en el que se compromete a tener "plena disponibilidad y permanente localización" para la cobertura del servicio público mientras dure el estado de alarma.

Servicio mínimo garantizado

El objetivo, al fin y al cabo, es "garantizar el servicio mínimo para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos teniendo en cuenta que han quedado suspendidos muchos procedimientos y que queda restringida la movilidad de los propios ciudadanos", explicó la consejera de Presidencia, Mayte Pérez.

Pues la regulación, también para la Administración, ha resultado compleja al tratarse de una situación inédita. Suscitó, de hecho, críticas sindicales cuando, según explican, se intentó definir un escenario similar al de los servicios mínimos por una huelga para este estado de alarma que se prolongará, al menos, durante 15 días.

Y hay actividades que la Administración no puede detener, entre las que figuran las inspecciones veterinarias, el control del pago de las facturas y de las nóminas del personal si se contratan sanitarios de refuerzo... "Son unos cuantos miles de personas, más allá de los que nos viene a la cabeza que son los servicios sanitarios y los servicios sociales", explicó Francisco José González, responsable de la sección sindical de CC. OO. en la DGA. Los puestos esenciales incluyen desde altos cargos al personal de limpieza, con sueldos dispares.

Otro de los problemas de la DGA que aflora en este escenario es el escaso desarrollo del teletrabajo. Solo se admite para los empleados que tienen ordenadores portátiles de la Administración, unas cuantas docenas, al ser imprescindible que estén "chequeados y limpios" para utilizarlos desde casa.

La resolución que dictó ayer Función Pública unifica, además, los criterios a aplicar en las medidas de seguridad para los empleados. Los funcionarios de servicios no esenciales que se quedarán en casa recibirán el sueldo íntegro porque garantizan su plena disponibilidad.