Cincuenta y cinco hombres y treinta y dos mujeres. Así se reparten los 87 altos cargos en el cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) que gobierna Aragón, unas cifras que revelan que la paridad no existe siquiera en los puestos de libre designación. La situación es similar cuando se analiza, por sexos, al personal eventual, donde priman los varones, 93, frente a las trabajadoras, 67, aunque su presencia es notable en puestos relacionados con tareas administrativas (9 secretarias) y con la relación con los medios de comunicación (15). El porcentaje de hombres que ostentan altos cargos, que supera el 63%, contrasta con su limitada presencia en la plantilla del Gobierno de Aragón, en la que apenas supone un 25% (14.481 trabajadores, frente a 41.564 empleadas), aunque ellos concentran el 68% de los salarios que superan los 70.000 euros al año.

Vertebración, con seis hombres en altos cargos y una sola directora general (Verónica Villagrasa, en Vivienda), es la consejería en la que mayor desequilibrio se da, seguida de Agricultura, con siete varones y tres mujeres, según el portal de transparencia. Solo hay paridad en Economía, y tanto en Presidencia del Gobierno como en Vicepresidencia, cuatro puestos en total, solo hay hombres.

En los 160 empleos eventuales asignados a la Presidencia del Gobierno, la vicepresidencia y diez consejerías, solo tres, Ciencia y Universidad, Hacienda y Economía, cuentan con más mujeres que hombres. Estas cifras constatan, según los sindicatos, que queda un largo camino por recorrer para lograr la igualdad. Más aún si se tiene en cuenta que el Ejecutivo autonómico carece incluso de un plan de igualdad, aunque es obligatorio desde hace trece años.

María José Abad, de UGT-Aragón, reconoce que el proceso de implantación de las unidades de igualdad, recogido también la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón que se aprobó por unanimidad en las Cortes, va "más lento de lo esperado". En estos momentos, solo está terminado el plan sectorial de Sanidad, se está negociando el que corresponderá a la Administración General, que podría estar listo en mayo o junio, y está en fase de encuestas el de Educación, según detalla. Los tres planes se deberán unificar en uno común para toda la plantilla.

En la negociación actual, Tania González, de CC. OO., aboga por incluir más medidas de corresponsabilidad y de protección en casos de embarazo. Critica, además, el retraso del plan de la DGA porque varios ayuntamientos pequeños están a la espera para utilizarlo como modelo. Comparte su opinión Inmaculada Aísa, de CSIF-Aragón, que recuerda que aunque parece que no hay desigualdad en la Administración sí existe, y hay que poner remedio.

Las soluciones dependen de la aplicación de una ley de igualdad que sigue casi igual que en 2018 en un retraso que en la DGA achacan a "la prórroga presupuestaria de 2019 y las elecciones". Advierten, a pesar de que ello, que en los últimos meses se han activado muchos trámites administrativos, como el decreto para crear la comisión interdepartamental para la igualdad, el que fijará las sanciones (que podrán llegar a los 50.000 euros por trato vejatorio a la mujer), el que incluirá el equipo de inspectores, que de las cinco plazas previstas habilitará al menos dos, y el desarrollo reglamentario. Sí destacan que las leyes incorporan el correspondiente informe de género, una medida testimonial.

De ahí que para Mar Vaquero, portavoz adjunta del PP, sean "derechos de papel" que se quedan en nada al carecer de dotación presupuestaria, a pesar de que su impulso contaría "con el apoyo de todos los grupos". Loreto Camañes, de Cs, coincide en que la norma requiere dotación presupuestaria para darle visibilidad y que la Administración "no ha facilitado su ejecución". Más crítico se muestra Santiago Morón, de Vox, al que le sorprende que "la urgencia legislativa para su aprobación no ha ido acompañada de su desarrollo, lo que deriva en un postureo dialéctico vacío de contenido". Álvaro Sanz, de IU, reconoce el retraso, pero sostiene que "ahora se está avanzando, aunque queda mucho por hacer".

Podemos, que dirige el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), tiene mucho que decir al respecto. Desde el equipo técnico que rige el partido aseguran que en los últimos meses "se ha dado prioridad a los aspectos más lesivos para las mujeres, con la puesta en marcha del cuerpo inspector y sancionador que se espera que pronto pueda materializarse". El socialista Darío Villagrasa recuerda que resulta un trabajo "complejo por la transversalidad de la norma"; Carmen Martínez (CHA) dice que la ley fue "un hito" y pide complicidad a la sociedad para aplicarla y la aragonesista Esther Peirat destaca la necesidad de incluir programas de igualdad en los centros educativos.