día de la mujer
Pasar de la igualdad legal a la igualdad real, una asignatura pendiente
Se ha legislado para erradicar ciertas problemáticas, pero las cifras reflejan que se queda en papel mojado. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género apenas se ha desarrollado.
Entre la igualdad legal y la real hay un gran trecho. En los últimos años se ha legislado para erradicar la discriminación de las mujeres en distintos ámbitos, pero las cifras son tercas y demuestran que aunque sobre el papel sea ilegal que una mujer cobre menos que un hombre, la brecha salarial sigue muy presente. En Aragón, las mujeres cobran anualmente 5.594 euros menos que los hombres, denunciaba hace unos días el sindicato Comisiones Obreras.
La vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la abogada feminista zaragozana Altamira Gonzalo Valgañón, pone otro ejemplo de lo poco que se ha avanzado en algunas cuestiones desde que en 2007 se aprobara la Ley de Igualdad. “Los cuidados en la práctica siguen recayendo todavía sobre las mujeres. En 2007 el 95% de las excedencias para atender a los hijos las solicitaron madres y el año pasado este porcentaje fue del 92,5%. En estos años solo hemos avanzado un 2,5%”, apunta. Además, reclama un compromiso real para cumplir con todas las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género al que se dio luz verde en 2017. Para ello considera que se necesita por igual un presupuesto real y suficiente y “decisión política”.
En esta semana del 8-M, el Consejo de Ministros ha dado el primer paso para tramitar la nueva ley de libertad sexual, impulsada por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Moreno (Unidas Podemos). La aprobación de este texto legislativo, que busca la reducción de la violencia sexual contra las mujeres, ha abierto los primeros desencuentros en el seno del Gobierno de coalición.
La ministra de la formación morada ya ha desgranado otras normas que quiere impulsar como ejes de su política en esta legislatura. Quiere iniciar los trabajos para una futura ley integral contra la trata de mujeres y se ha mostrado partidaria de abolir la prostitución, aunque es consciente de la dificultad de llevar a cabo esta última iniciativa teniendo en cuenta, además, la división que hay en el propio colectivo feminista entre un sector que quiere acabar con esta práctica y otro que reclama que se protejan los derechos de las trabajadoras sexuales. También planea una ley de tiempo de trabajo corresponsable para mejorar la conciliación.
Altamira Gonzalo, Asociación de Mujeres Juristas Themis
Sobre el papel hay un reconocimiento formal de los derechos de mujeres y hombres. ¿Qué hace falta para que no se quede en papel mojado?
Lo que hay que hacer tiene que ver con los problemas más graves de las mujeres en España, como son la violencia de género y las brechas salariales, sobre todo las que se derivan de los trabajos no remunerados. Es necesario implementar todas las medidas que se acordaron en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esta última Ley de libertad de sexual se corresponde con algunas de estas medidas porque integra el contenido del convenio de Estambul dentro del Código Penal. Las medidas de este pacto que afectan a la educación y a los menores deben ser prioritarias.
El escaso desarrollo de este Pacto de Estado contra la Violencia de Género ¿es un problema de falta de financiación?
Hace falta un presupuesto real y suficiente, por supuesto, pero hay otras medidas que solo necesitan de decisión política. Por ejemplo, se prevé que cuando hay un procedimiento abierto por violencia de género se suspendan las visitas de menores con el maltratador, eso no requiere dinero, eso es una decisión legislativa y está aprobada por todos los partidos políticos, ¿por qué no se lleva al Parlamento? La verdad es que hemos pasado dos años un poco especiales con este tema. En Aragón ocurre lo mismo con el caso de los niños y niñas que han vivido en un ambiente de violencia de género y necesitan tratamiento psicológico. En agosto de 2018 se aprobó una reforma del Código Civil por la que se establecía que para poder acudir un menor a este especialista no era necesario el permiso del padre. En Aragón se aplica el Código de Derecho Foral y este tema no se ha resuelto.
Para favorecer la igualdad laboral y combatir la brecha salarial se han aprobado medidas como ampliar el permiso por paternidad, ¿qué más hay que acometer?
El decreto de marzo de 2019 para combatir la brecha salarial obligaba a las empresas de determinado tamaño a tener transparencia salarial para descubrir dónde se producen esas diferencias. Para normalizar la situación habría que igualar los permisos por paternidad a los de maternidad. Algo que proponemos desde Thermis es que los permisos por paternidad sean obligatorios, que no sea potestativo tomarlos, porque de esa manera las empresas sabrán que un niño o una niña significa la misma carga para un trabajador que para una trabajadora.Tenemos que aprender de otros países que han ido por delante de nosotros.
La Ley de Igualdad de 2007 establecía un principio de representación equilibrada del 40/60 que pretendía garantizar que ninguno de los dos sexos represente menos del 40%, ¿se cumple?
En las listas electorales se cumple y algunos partidos políticos contemplan en sus estatutos las listas cremallera. También promovía que se cumpliera ese principio en los órganos de dirección y consejos de administración de las grandes empresas y en todos los órganos de la Administración del Estado, pero eso sigue siendo una asignatura pendiente. Lo justo es pasar de esa cuota legal a una igualdad total, porque, de manera subliminal, el porcentaje más bajo del 40% siempre es el de las mujeres.
El desequilibro sigue existiendo en la cúpula del poder judicial.
La Administración de Justicia es un ejemplo muy gráfico de la discriminación de las mujeres. Hay cerca de un 60% de mujeres en el sistema judicial en España, en las primeras escalas son más del 70% pero a medida que van subiendo las escalas jerárquicas su presencia se reduce hasta el extremo de que en el Tribunal Constitucional solo hay dos mujeres. La fotografía del comienzo del año judicial continúa mostrando que en el órgano de gobierno del Tribunal Supremo hay cero mujeres. Esta ausencia de mujeres llega también a las presidencias de los tribunales superiores de justicia. Y esto afecta luego a cómo se aplica la justicia con una visión más de hombre que de mujer con las consecuencias que tiene.
¿Espera que se aborden en esta legislatura la prostitución y la trata de mujeres?
En Thermis queremos que dentro de esta Ley de libertad sexual se apruebe la sanción por compra de sexo. Creemos que para terminar con la trata, una obligación adquirida por el Gobierno español por los convenios internacionales que tienen firmados, es necesario reducir la demanda desbocada de prostitución que existe en España. La prostitución es violencia sexual sobre mujeres que están en situación de necesidad y si queremos conseguir la igualdad hay que abordarla seriamente. Tenemos legislación sobre la trata, pero esta lacra se ha ido perfeccionando y extendiendo y necesitamos una legislación que se adecúe al momento actual. Es un delito, pero es un fenómeno muy complejo y requiere muchas previsiones y recursos de ayudas a las mujeres en esa situación para que puedan salir de ella. El PSOE hizo un borrador de una ley contra la trata y la prostitución que se quedó allí y que habría que recuperar en esta legislatura.
¿Reclama alguna otra iniciativa legislativa?
Hay una ley que habría que discutir y tratar de aprobar que sería una Ley de usos del tiempo para racionalizar los horarios de trabajo, los horarios de comercio e incluso la vida de las ciudades para conseguir que hombres y mujeres tengamos vida laboral, vida familiar y también vida personal.
Mª Ángeles Rueda, catedrática de Derecho Penal de Unizar
igualdad ha avanzado mucho, pero existen deficiencias en su aplicación"
¿Qué opinión le merece como penalista la Ley de libertad sexual que acaba de empezar a tramitarse?
Con carácter general, cabe valorar positivamente la existencia de una ley integral que aborde la protección y la asistencia de todas las víctimas de violencia sexual, particularmente de las mujeres a quienes afecta de una manera desproporcionada. Sin embargo, la valoración de otras medidas previstas en el anteproyecto debe realizarse con más reservas.
¿A qué se refiere cuando habla de reservas?
Por ejemplo, si nos centramos en las novedades penales más significativas podemos mencionar, entre otras, la definición en el artículo 178 del Código Penal de un acto sexual no consentido cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en dicho acto. Esta definición parece delimitar con claridad cuándo estamos ante un acto sexual no consentido pero, no obstante, puede presentar dificultades en la práctica porque su reconocimiento exigirá también en numerosos casos una interpretación subjetiva. La seguridad absoluta solo existirá si ha habido un sí expreso. Sin embargo, en aquellos otros supuestos en los que no haya habido un sí expreso, no se evitará completamente el riesgo de que surjan interpretaciones contrapuestas, que mediante la pertinente prueba habrá que fundamentar.
Otra de sus novedades es suprimir la denominación de abuso sexual e integrar este concepto en el de agresión.
En esta reforma penal los atentados contra la libertad sexual reciben la única denominación de “agresiones sexuales” no solo cuando se realicen empleando violencia o intimidación como sucede actualmente, sino también cuando haya abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad. La pena prevista para estas agresiones sexuales es de prisión de uno a cuatro años. Desaparece, entonces, el nombre de “abusos sexuales”, si bien es cierto que dentro de todas las agresiones sexuales se permite graduar la pena a imponer en función de la gravedad del correspondiente atentado contra la libertad sexual. La apreciación de esta gravedad también es objeto de una interpretación.
En el ámbito legislativo ¿qué más sería necesario hacer de cara a lograr una igualdad real?
En los últimos años se han promulgado diversas normas cuyo fin último es alcanzar la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El marco jurídico para integrar y desarrollar el principio de igualdad, e implementar medidas transversales en todos los ámbitos de la vida política, jurídica y social con el fin de eliminar la discriminación contra las mujeres se puede considerar muy avanzado, sin perjuicio de reconocer que existen deficiencias en su aplicación.
La Ley de Igualdad data de 2007 ¿faltan muchos aspectos de la misma por desarrollar?
La ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres presenta algunas deficiencias en la consecución de su objetivo en determinados campos. Esto se puede apreciar en el ámbito laboral, por ejemplo, donde el paro, la brecha salarial, la adopción de medidas de conciliación, la escasez de planes de igualdad en las pequeñas y medianas empresas afecta en mayor medida más negativamente a mujeres que a hombres.
¿Y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género?
Aunque se han puesto en marcha desde 2018 paquetes de medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, consideradas más urgentes, su implantación se está realizando con lentitud, entre otras causas porque hemos estado sin actividad legislativa en el Parlamento durante mucho tiempo. Esperemos que esta situación cambie ahora y se pueda recuperar el dinamismo de otros tiempos. La reciente aprobación del anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual en el último Consejo de Ministros es una prueba de ello. Seguidamente se tramitará en el Congreso y después en el Senado.
De la anterior legislatura decayeron normas como la Ley contra la trata de mujeres y la prostitución, ¿habría que ponerla otra vez sobre la mesa?
El PSOE en 2018 ya elaboró un Proyecto de Ley Integral contra la trata de seres humanos y en particular con fines de explotación sexual, como una de las medidas establecidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género. Al respecto existen distintos modelos de regulación y es necesario reflexionar con calma cuál es el que mejor se adapta en nuestro marco jurídico.
¿La asignatura pendiente del feminismo sigue siendo pasar de la igualdad legal a la igualdad real?
Esta meta es de la sociedad y el feminismo es sin ninguna duda un motor impulsor para que así sea.
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