Aragón ha mejorado significativamente las ayudas a la dependencia en los últimos años. Así lo constata el Observatorio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que sitúa a la Comunidad como la sexta española con mejores resultados, empatada con Cantabria. Valora especialmente su crecimiento en valoraciones tramitadas y en personas atendidas, con un "nuevo récord" de 33.000 beneficiarios, pero también le llama la atención sobre otras asignaturas pendientes. A finales de 2019, aún había más de 6.200 personas que pese a tener reconocida la prestación, no la recibían.

"La voluntad de mejora de Aragón es manifiesta, está claro que ha mejorado sus resultados, pero entre las cuestiones que todavía le faltan por mejorar son la lista de espera que está por encima de las 6.000 personas y la burocracia. No son tan ágiles como deberían", destaca el coordinador en Aragón de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Gustavo García. Según los últimos datos facilitados por el Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales, la demora media en Teruel es inferior a medio año, en Huesca está en torno a los siete meses y en Zaragoza se llega a los ocho.

Las 6.236 personas que había a finales de 2019 en el llamado ‘limbo’ de la dependencia, aquellas con la ayuda concedida pero sin recibirla, han aumentado respecto a 2018 (236 personas más). Un incremento que, según explica García, podría estar motivado por un aumento de solicitudes generado por la "confianza de la gente" en el sistema tras años de parón. Actualmente, están recibiendo la ayuda casi el doble de personas que en el año 2015.

Entre los principales "déficit" de Aragón, el Observatorio detecta un "excesivo peso" de las prestaciones económicas por cuidados en el ámbito familiar, más de un 40% de las ayudas, frente a aquellas referidas a los servicios, como plazas en centros de día y residencias, que "apenas han registrado crecimiento en el último año". Esto, según subraya García, se puede traducir en más atención a las personas de grado I frente a las de II y III, "dependientes con mayor necesidad de cuidados", subraya.

Para dar el salto cuantitativo y cualitativo en el tema de la dependencia, el coordinador en Aragón de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales recuerda la necesidad de contar con una mayor implicación del Gobierno central. La ley establece que la financiación de estas prestaciones debe ser compartida al 50% entre el Gobierno central y el autonómico. Actualmente, según recuerda la asociación, el coste del sistema de la dependencia en Aragón supera los 237 millones de euros. La Comunidad aporta poco más del 80% y el Estado un 19%. 

"Dicen que son un Gobierno progresista, pero seguimos con los mismos presupuestos en dependencia que con el señor Montoro. Y nos tememos que esto siga así hasta que haya presupuesto. La dependencia es el único recorte de los años de crisis que aún no se ha revertido", censura García, que aboga por que Madrid apruebe un decreto específico para la financiación de la dependencia independientemente de si se aprueban o no los presupuestos. De hecho, según los cálculos de la asociación, si se incrementase en 459 millones de euros el presupuesto mínimo de acuerdo al Pacto de Estado por la Dependencia, Aragón recibiría una cantidad adicional de 16,3 millones, lo que le permitiría atender a 2.898 personas más.

El incremento de la financiación nacional no solo supondría más atenciones sino, aseguran desde el Observatorio de la Dependencia, la creación de 518 empleos directos de nueva creación. La entidad recuerda que desde 2015 por la ley de la dependencia se han creado 3.000 nuevos empleos directos y actualmente se da trabajo a 6.500 personas en la Comunidad aragonesa.

Agilizar la tramitación

Desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales se es consciente de que hay que mejorar el tiempo de tramitación en la dependencia.A finales de enero, la consejera María Victoria Broto y el gerente del IASS, Joaquín Santos, ya se comprometieron a que Aragón a finales de este año o principios de 2021 tramitaría la dependencia en menos de seis meses, el plazo máximo que establece la ley.

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