POLÍTICA
El déficit de la DGA superó los 230 millones en 2019, cinco veces más del límite permitido
La bonanza y la subida fiscal permiten reducir el ‘agujero’ a menos de una cuarta parte en cinco años.
El desbocado gasto de personal lleva a sacrificar la inversión, con 119,5 millones sin ejecutar, el 25,7%.
El Gobierno de Aragón sigue gastando mucho más de lo que logra ingresar. Esta es la sencilla conclusión a la que se llega con tan solo ver el avance de la liquidación de las cuentas autonómicas de 2019, que arroja un déficit superior a los 230 millones de euros. A falta de que el Ministerio de Hacienda aplique lo que técnicamente se denomina ajustes de contabilidad nacional, el desfase quintuplica con creces el límite fijado para este, que se limitaba al 0,1% del PIB de Aragón, es decir, unos 37 millones.
A pesar de que el Ejecutivo de Lambán se ha vuelto a saltar con creces el objetivo de estabilidad, la realidad es que el dato, aun siendo malo, es el mejor desde que llegó al Pignatelli a mediados de 2015. En aquel ejercicio, el desfase entre ingresos y gastos superó la barrera de los mil millones y desde entonces se ha ido reduciendo hasta los citados 230.
La rebaja del déficit no ha sido fruto de un milagro de gestión, sino de la bonanza económica, que ha traído consigo un repunte de los ingresos, y de la criticada subida fiscal aplicada con el respaldo de toda la izquierda en su primer presupuesto, el de 2016.
De nuevo solo hay que observar los datos de la liquidación de los cinco años para constatar que los gastos no financieros han oscilado entre los 5.040 y 5.261 millones, mientras los ingresos se han disparado un 24% en este mismo periodo como consecuencia de ambos factores. Así, se ha pasado de unos derechos reconocidos de 4.034 millones en 2015 a alcanzar un récord en 2019 con 4.994.
Los socios de Gobierno no se cansan de repetir que este incremento sustancial de los ingresos ha permitido recuperar los servicios públicos de los recortes aplicados por el Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi (2011-2015), que sufrió el desplome de la recaudación en la peor etapa de la crisis.
De hecho, el gasto de personal no ha dejado de crecer, pasando de 1.953 millones en 2015 a 2.179 millones en 2019, aunque el verdadero repunte se ha registrado en las transferencias corrientes, de 1.361 a 1.654 millones desde que gobierna la izquierda.
El contrapunto está en la inversión, la verdadera damnificada como tampoco dejan de insistir en las filas del PP. Aquí el tijeretazo ha sido sustancial: de los 428,3 millones destinados a infraestructuras y equipamientos en 2015 se ha pasado a tan solo 346,4 millones el año pasado, lo que supone un recorte superior al 19%.
Lo peor es que ni se cumplieron las exiguas partidas comprometidas en 2019 con un presupuestado prorrogado. El crédito inicial alcanzaba los 465,9 millones y se acabaron gastando 346,4 millones. Dicho de otra forma, los socios de coalición PSOE, PAR, Podemos y CHAcerraron su primer ejercicio con un recorte superior al 25%, al dejar sin ejecutar 119,5 millones.
Por difícil que parezca, la DGA ha empeorado aún más la cifra de 2018 disponiendo de las mismas partidas. De hecho, la liquidación definitiva de 2018 detalla que se destinaron 390,7 millones, casi el 84%, diez puntos por encima que un año después.
Ajuste presupuestario
Esta caída se explica por el ajuste presupuestario derivado de las medidas de la orden de cierre del ejercicio, que se hizo efectivo el pasado mes de septiembre y que se justificó ante el Ministerio de Hacienda para frenar el incumplimiento del objetivo de déficit. En este sentido, la Intervención recordó que la «prioridad existente» es el gasto en servicios sociales, sanidad y educación. De este modo, la inversión autonómica se retrotrae a niveles de hace más de veinte años.
Lo que no fallan son las previsiones de recaudación, ya que el Ejecutivo autonómico previó ingresar 5.030 millones y finalmente los derechos reconocidos netos llegaron a 4.994, el 99,27% Y en este capítulo no hubo recortes pese a la insistencia de los partidos de la derecha a la hora de hablar de "infierno fiscal": se pasó de 4.980 a 4.994 millones en derechos reconocidos.
Si la lupa se pone en los distintos departamentos, se aprecia que Educación, Cultura y Deporte ha sido el más cumplidor al ejecutar el 99,5% del presupuesto que dispuso, con 1.008 millones, mientras la contraposición está en Economía, Industria y Empleo, que destinó el 72.,7% de los fondos de los que contó, 110,3 millones.
