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El Justicia negocia con todos los partidos que se limite su mandato a siete años
Propone que se reforma su ley aprobada en 1985 y todas las fuerzas políticas están de acuerdo para crear una mesa técnica.
El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha reconocido esta mañana en las Cortes de Aragón que han negociado con todos los partidos políticos la necesidad de reformar la ley 4/85 del Justicia de Aragón para aprobar once premisas, entre las que destaca que su mandato se limite a siete años y de momento ha encontrado consenso en todas las fuerzas. Lo ha hecho en la rueda de prensa en las Cortes de Aragón después de haber presentado el informe anual de 2019 y entregárselo al presidente Javier Sada.
Esta propuesta supondría que Dolado sería el primer Justicia que no tendría la posibilidad de renovación, como sus tres antecesores: el primer Justicia de la etapa moderna fue Emilio Gastón y se designó en 1987, lo sucedió en 1993 por Juan Bautista Montserrat quien ejerció hasta 1998, que fue sucedido por Fernando García Vicente hasta abril de 2018.
Asimismo, Ángel Dolado ha resaltado que han propuesto reconvertir al Justicia de Aragón en el Notario Mayor del Reino, como un cambio protocolario, y que ya lo pidió su antecesor Fernando García Vicente en 2003. Pretenden recuperar una de sus más antiguas funciones, como tomar juramento o ser notario del juramento de los altos cargos de la Comunidad autónoma de Aragón como lo fue en otros tiempos.
El Justicia de Aragón ha negociado con los partidos crear una mesa técnica para la reforma de la ley de 1985. Considera que en los 35 años trascurridos la Institución se ha consolidado y hoy goza de una buena salud y prestigio, pero "resulta necesaria una revisión y, en su caso, modificación y adaptación de su ley reguladora, para su adaptación a los nuevos tiempos". Se basan en la experiencia acumulada y la referencia de otras defensorías el resto de las comunidades que han reformado sus leyes recientemente.
Asimismo, el Justicia precisa que en su etapa democrática hay cierta discordancia entre las funciones que el Estatuto de Autonomía otorga al Justiciazgo con las que estableció luego su ley, por lo que reclama que se adopte su norma e incluya todas las competencias diseminadas en otras normas.
"Se ha producido una serie de remisiones legales a nuevas facultades y obligaciones de la Institución en diversas normas aragonesas, en materias tan dispares como menores, transparencia, igualdad, comunidades aragonesas en el exterior, derechos históricos y hasta catorce normas", solicita a los partidos.
Entre las propuestas que negocian está que se potencie con apoyo legal las actuaciones del Justicia en el desarrollo de sus funciones, como la mediación entre ciudadanos y Administración. También solicita la extensión de sus facultades de supervisar la actuación de empresas o entidades privadas que presten servicios públicos.
