El sector de las renovables denuncia un atasco en la tramitación de autorizaciones de la DGA

Empresarios del sector aragonés de las energías renovables denuncian el "atasco" que sufre la DGA en la tramitación de las preceptivas autorizaciones administrativas de los parques eólicos y plantas fotovoltaicas. Aunque reconocen el "esfuerzo" realizado por la Dirección General de Energía y Minas y las servicios provinciales, argumentan que hace falta reforzar su personal ante el aluvión de proyectos previstos. Para ello, argumentan que, a cierre de 2019, ya se contabilizaban propuestas con autorización de acceso y conexión que suman más de 13.500 megavatios en la Comunidad, más del triple de la potencia instalada, que roza los 4.000.

La visión de la Consejería de Industria es muy distinta. Fuentes oficiales niegan a este diario que se pueda hablar de bloqueo o parálisis y remarcaron que la tramitación va "al ritmo que tienen que ir" porque es larga y compleja. Además, recuerdan que los proyectos tienen que superar obligatoriamente la declaración de impacto ambiental, que depende del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).

Además, apuntan que el personal también debe hacerse cargo de otros expedientes industriales, como los de los ascensores o los que afectan a las granjas, otro sector en plena eclosión.

Distintos grupos empresariales han señalado que es una evidencia el "atasco administrativo" en Teruel, ya que el servicio provincial cuenta únicamente con un director y un técnico, a los que se suma una administrativa del Inaga que se hace cargo del papeleo que conllevan las expropiaciones. "Los funcionarios de Energía y Minas han hecho un gran esfuerzo, incluso trabajando en fin de semana para que pudiéramos cumplir los plazos de las subastas, pero hay que reforzar el personal ante la acumulación de proyectos", sostienen.

Liderazgo en el sector

Fuentes de Forestalia no ocultan su preocupación, dado que en unos meses presentarán los proyectos que tienen ahora en redacción, que suman casi 3.000 megavatios en Teruel. No obstante, dan una de cal y otra de arena al subrayar que la declaración de inversiones de interés autonómico por parte de la DGA en la pasada legislatura fue "clave" para atraer proyectos y confían en que se mantenga ahora este "compromiso". "Aragón tiene la oportunidad de avanzar hacia el liderazgo en el sector", apuntan.

Otras empresas aragonesas desarrolladoras de parques eólicos y fotovoltaicos como Atalaya no quisieron pronunciarse, aunque ya están sufriendo las consecuencias. Es el caso de un proyecto fotovoltaico para Andorra, que presentaron ante el servicio provincial de Energía el pasado mes de julio y que aún no ha superado a estas alturas el primer trámite, la exposición pública para someterse a las alegaciones. Con posterioridad, deberá pasar la declaración de impacto en el Inaga para luego volver al servicio provincial, lo que demorará meses su desarrollo.

El problema es que tiene tres proyectos por delante para que el funcionario de Teruel pueda atender su solicitud, lo que da un idea del atasco existente con otros parques eólicos y plantas fotovoltaicas que se hayan presentado con posterioridad. Lo que no aclara la Consejería de Industria es el número de proyectos registrados y el plazo de tiempo requerido para obtener la autorización administrativa.

Lo que sí es una evidencia es que el número de tramitaciones de proyectos de energías renovables decayeron el año pasado. Con datos oficiales recopilados por el sector, en 2018 obtuvieron la preceptiva autorización 57 actuaciones en Aragón, de las cuales el 63% fueron declaradas de interés autonómico, lo que garantizaba que la tramitación administrativa se redujera a la mitad. Sin embargo, el año pasado los proyectos que obtuvieron el visto bueno se redujeron a 33, de los que el 21% lograron la misma declaración prioritaria de la DGA.

Al mismo tiempo, los parques eólicos y fotovoltaicos sometidos a información pública cayeron a la mitad de un año para otro, pasando de 97 a 43. En el sector de las renovables no lo pudieron atribuir en su totalidad al atasco administrativo, dado que reconocieron que el grueso de las actuaciones sujetas a las subastas estatales se impulsaron hace dos años para llegar a tiempo al plazo fijado a finales de 2019.