Los embalses del Gállego se atascan en los tribunales tras 40 años de estudios y cinco alternativas

Cuarenta años de estudios, cinco alternativas, anteproyectos, proyectos, pactos y resoluciones administrativas no han sido suficientes para alcanzar un acuerdo en la regulación del río Gállego, cuyas infraestructuras, tanto la futura presa de Biscarrués como el embalse en construcción de Almudévar, están inmersas en procesos judiciales. En unos días, el Tribunal Supremo dictará sentencia sobre la legalidad del primero, pero aún habrá que esperar al dictamen de la Audiencia Nacional sobre los dos contencioso-administrativos del segundo planteados por los ecologistas y el Ayuntamiento.

En su comparecencia esta semana en las Cortes para hablar de la Mesa de Diálogo del Agua, el presidente aragonés, Javier Lambán, volvió a referirse a los "horizontes sombríos" de Biscarrués, y parece que quiere esperar al pronunciamiento del Supremo para convocar ese foro, que nace sin consenso político y con la anunciada ausencia de los beneficiarios, Riegos del Alto Aragón.

Biscarrués es la última alternativa a la regulación del Gállego, cuyo estudio solicitaron ya los regantes en 1978. Desde entonces se ha hablado de hacer embalses en Javierrelatre, Anzánigo (I y II), La Peña y Biscarrués (192 y 35 hectómetros).

Pero, ¿por qué todas las obras hidráulicas de Aragón acaban en los tribunales? Yesa y Mularroya ya resolvieron sus pleitos y ahora quedan activos los procesos judiciales por la regulación del Gállego. "Los ecologistas las impugnan por sistema", afirma Xavier de Pedro, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (2012-2015). "Mularroya estuvo en la misma situación pero se subsanaron los defectos y se volvió a poner en marcha", explica. En su opinión, en cuanto se cuestiona una obra o se abre un debate, como ocurre ahora con Biscarrués, "eso conlleva una parálisis". Para él, lo prioritario debe ser «acabar las que están en marcha, y entonces se podrá hablar de otras cosas».

"Fue un calvario"

Quien más sufrió esa judicialización fue Tomás Sancho, otro expresidente de la CHE (1996-2000). "No se trataba solo de ir contra los proyectos sino contra las personas", dice, en alusión a las dos causas penales a las que se enfrentó durante casi una década, con peticiones de 8 prisión, por las obras de Yesa y Santaliestra. En este último caso, el acuerdo para descartar el pantano conllevó la retirada de las querellas, pero en Yesa fue uno de los seis ex altos cargos juzgados y finalmente absueltos. Lo recuerda como "un calvario, injusto y desproporcionado", y lamenta la judicialización incluso de una obra con un amplio respaldo social como Almudévar.

Sobre la nueva Mesa de Diálogo, Tomás Sancho se muestra partidario de respetar los acuerdos ya alcanzados. "Los pactos están para cumplirlos. Siempre que se plantea un diálogo sobre el agua acaba con los usuarios renunciando a proyectos". Según él, "las obras fundamentales se lanzaron y se han ido haciendo poco a poco. Yesa está próximo a culminarse. No se hizo Santaliestra, pero sí San Salvador, gracias al acuerdo. Y queda pendiente la regulación del Gállego, que se necesita para tener garantías de riego. Cuando yo era joven la gente decía: 'Regadíos, sí, pantanos, no'. Eso no es posible".

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En el caso que cita de Almudévar, hay activos dos recursos en la Audiencia Nacional: uno del Ayuntamiento, aprobado por unanimidad en el pleno, basado en el retraso del Plan de Restitución Territorial, que no está siendo ejecutado de forma simultánea a las obras, tal y como obliga el Plan Hidrológico del Ebro; y otro de Ecologistas en Acción, cuya demanda apunta a que Almudévar y Biscarrués son un proyecto único y la anulación de este debería afectar al otro.

En aras del interés colectivo

"Los recursos contra proyectos de gran envergadura deben contemplarse desde la normalidad democrática, porque la actuación de la administración está sometida a la ley. Igual que es comprensible el recurso de un ciudadano contra una multa o la denegación de una licencia de obras, lo es una acción en aras del interés colectivo", declara Jaime Doreste, abogado de los ecologistas en el pleito.

En su opinión, son pocos ya los tramos no represados en la cuenca del Ebro y cada nueva obra supone "un impacto acumulativo", de ahí la intervención de las organizaciones conservacionistas. Sobre el amplio acuerdo de este proyecto, un embalse lateral, fuera del cauce, cuya obra está ya ejecutada al 23%, replica que el consenso es entre regantes y políticos, "porque también inunda tierras". Otra de las críticas es su escasa rentabilidad al llenarse por bombeo y no por gravedad.

Detrás del otro recurso está el Ayuntamiento. Su alcalde, Antonio Labarta, justifica la acción judicial, pese al acuerdo en torno al proyecto. "La inundación de 1.000 hectáreas de tierra supone una merma para el municipio que debe tener una compensación social y económica. Nos vimos obligados a ir a los tribunales porque las administraciones no nos garantizaban un plan de restitución", declara.

Estos días, el presidente aragonés ha insistido en que los embalses en obras no están en cuestión ni serán objeto de la Mesa de Diálogo del Agua. Otro expresidente, Carlos Pérez Anadón, actual consejero de Hacienda, ve "correcto" que en 2020 se analice "cómo ha evolucionado la situación". El listado de obras del pacto del Agua de 1992 fue fruto de un acuerdo, lo mismo que su revisión en 2006, "y el análisis de la realidad actual debería llevar a una propuesta de futuro desde el consenso más amplio posible".

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