Alcaldes, sindicatos, empresarios y agentes sociales tienen "perfectamente claro" cuáles son las políticas e inversiones que tendría que recoger "sí o sí" el convenio de transición justa de Andorra. Unos y otros exigirán en la reunión del próximo día 24, a la que asistirán técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, bonificaciones fiscales que permitan "recortar" las diferencias de la ‘España Vaciada’, un impulso a la A-68 –imprescindible para vertebrar el Bajo Aragón–, la extensión de la fibra óptica a todo el territorio y una apuesta por los regadíos sociales.

Roberto Miguel, presidente de la Asociación de Empresarios Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, cree imprescindible aprobar rebajas fiscales tanto a nivel autonómico como nacional para asentar población. Propone, asimismo, "la creación de una oficina de transición justa" en Andorra que ayude a coordinar el proceso.

Para Joaquín Noé, alcalde de Ariño, el acento ha de ponerse en las comunicaciones, la extensión de la fibra óptica a los polígonos industriales, la cesión del ramal ferroviario y la conversión de la pista minera que utiliza Endesa en una carretera pública. Otras propuestas pasarían por "poner en valor el agua" y estudiar nuevos usos para la mina de cielo abierto de Ariño. "También se necesita un plan estratégico de turismo para estas zonas", dijo.

Noé animó a todos los agentes convocados a la reunión del día 24, que iniciará el proceso participativo contemplado por el Ministerio de cara a la firma del convenio –prevista "entre mayo y septiembre"–, a presentar sus alternativas. "No solo hay que exigir cosas. También hemos ser capaces de proponer", expuso. Se desconoce, en todo caso, qué criterios seguirá el Gobierno central para priorizar los proyectos que se presenten desde el territorio. 

En esta línea, Alejo Galve, secretario general de UGT en Teruel, reclamó un mayor esfuerzo para atraer empresas a la zona. Lo ideal, en su opinión, sería aprovechar la transición energética para fijar iniciativas relacionadas con este nuevo modelo.

Los trabajadores, aseguró ayer, necesitan respuestas a corto plazo. Sobre todo ahora que la central ha detenido su producción, reservándose sus últimas 25.000 toneladas de carbón. "Los ánimos siguen por los suelos. Creemos que la térmica ya no arrancará más. Hacerlo para cuatro días generaría más pérdidas que beneficios. Muy caro tendría que estar el megavatio para que eso ocurriera", afirmó.

El turismo como prioridad

David Andreu, secretario de UAGA en Teruel, destacó el "importante" papel que podrían jugar los regadíos para asentar población. "Pueden ser un nicho de creación de puestos de trabajo. El sector primario podría ser un fundamental para estabilizar y consolidar la economía en estos municipios", afirmó. Recordó, en este sentido, que el cierre de la térmica podría perjudicar seriamente a los regantes. "Endesa aporta una cifra considerable de dinero al bombeo de agua tanto para Alcañiz y Calanda como para Caspe", expuso.

El turismo también podría ayudar a que la transición sea justa. Así lo cree Jesús Marco, presidente de la Federación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur), otro de los colectivos con los que se cuenta de cara a la elaboración del convenio. Para lograrlo, se necesita mejorar la accesibilidad, generar un atractivo turístico e impulsar nuevas actividades. "Puede que no sea la panacea, pero podría ayudar a crear empleo", razonó. Cree, a este respecto, que Endesa se equivoca al derribar la chimenea de la central, "un símbolo para la zona".