Aragón reclama el pago de los 80 millones del IVA en el Consejo de Política Fiscal

El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, reclamará este viernes en Madrid la liquidación de los 80 millones de euros del IVA de 2017 que el Gobierno central se quedó, con el consiguiente cabreo de Aragón y del resto de territorios. Aunque no forma parte del orden día del Consejo de Política Fiscal y Financiera al que están convocadas todas las autonomías, los consejeros harán frente común a la hora de exigir que se les devuelva, en total, más de 2.500 millones que necesitan para embridar sus respectivos déficits.

El presidente aragonés, Javier Lambán, se mostró firme el martes y desveló que había remitido una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que le daba quince días de plazo antes de tomar medidas legales para exigir el pago del IVA de 2017. "No hacerlo sería una dejación de responsabilidades por nuestra parte absolutamente imperdonable", dijo.

Montero sigue negándose en redondo a abonar el dinero pese a una revuelta autonómica que no entiende de siglas y ha unido a los presidentes socialistas y populares de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Murcia.

Fuentes oficiales de la DGA han mostraron este jueves su confianza en que "desde el diálogo" se llegue a una acuerdo, aunque insistieron en que, de otro modo, acudirán a los tribunales.

Otro modelo de financiación

El consejero de Hacienda también pretende defender en el Consejo de Política Fiscal la reclamación aragonesa de un nuevos sistema de financiación autonómica que atienda el coste real de los servicios.

La ministra prefiere centrar la reunión con los responsables de las arcas autonómicas en la nueva senda de déficit que quiere sacar adelante para dar un respiro y evitar que se resienta tanto el crecimiento como la creación de empleo, en la línea de lo avanzado por el presidente, Pedro Sánchez, tras su reunión con el catalán Quim Torra. Esta cuestión, compartida por la DGA, es clave para los territorios, dado que este año se debería lograr finalmente el equilibrio entre ingresos y gastos, una meta que difícilmente podrán cumplir las autonomías dada su situación financiera.

De hecho, la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya lo advirtió en diciembre, puesto que consideraba "muy improbable" que este año cumplan el objetivo de estabilidad cuatro comunidades (Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia) y apreciaba que será "improbable" que lo haga Aragón tras analizar los primeros presupuestos del cuatripartito. En su caso, su informe apunta a que el déficit rondará el 0,4%, aunque el consejero de Hacienda sostiene que las cuentas se han diseñado con la previsión de no tener déficit como se requiere a todas las autonomías.

El ajuste será severo si se cumplen las previsiones de la Airef, que prevé que se dispare hasta los 320 millones de euros, lo que supone dos décimas más que la estimación de la DGA (del 0,6% al 0,8%) y siete por encima del límite establecido (0,1%).

Por su parte, el líder del PP-Aragón, Luis María Beamonte, ha reiterado su exigencia de que se defienda un modelo de financiación que se ajuste al coste de los servicios, además de reclamar a Hacienda "la apropiación" que ha hecho del IVA de las comunidades para pagar los "compromisos del PSOE".