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El Gobierno de Lambán dejó de invertir e 96 millones en 2019, su peor dato en 5 años
La ejecución se limitó a 346,6 millones, tan solo un 78,3% del crédito definitivo tras sufrir un recorte inicial de 23. Los gastos de personal baten su récord, con 2.179 millones, al igual que los ingresos pese al pinchazo en Sucesiones.
El Gobierno de Javier Lambán acabó el año pasado con más de 96 millones de euros de inversión sin ejecutar, su peor balance desde que asumió las riendas del Pignatelli a mediados de 2015. Pese a las promesas de que iba a recuperar el gasto en infraestructuras tras el tijeretazo en su primer presupuesto, el de 2016, la realidad es que con las cuentas prorrogadas del año pasado no dejó de menguar. De hecho, la inversión de la DGA se limitó a 346,4 millones, tan solo un 78,3% del crédito finalmente dispuesto por las consejerías y sus organismos dependientes.
Este es también el peor porcentaje de los últimos cinco años, sin contar en este cálculo los 23 millones de inversión inicial que se recortó para atender otras obligaciones. Entre ellas, el pago de las nóminas de los trabajadores de la DGA, que batió récord al superar los 2.179 millones, en la misma línea que los ingresos, que llegaron a 6.313 millones.
Los datos que acaba de hacer públicos la Intervención General no dejan lugar a la duda de que 2019 fue aciago, tanto en las inversiones reales, las acometidas por la DGA, como en las transferencias de capital, las partidas destinadas a terceros para acometer todo tipo de actuaciones. En el primer caso, se dejaron de gastar 36,3 millones y en el segundo, 59,8.
El balance es realmente preocupante si se suman los cuatro años y medio de gestión del Ejecutivo de Lambán. Solo comparando el crédito definitivo con las partidas realmente ejecutadas ya se han dejado de invertir 377,6 millones desde 2015. Es decir, como si un año no se hubiera hecho nada. Mientras, las arcas públicas destinaron la mitad del mismo dinero de inversiones, 176 millones, a pagar intereses a los bancos por la desbocada deuda, que se elevaba a 8.425 millones al cierre del tercer trimestre de 2019.
El grado de ejecución fluctúa mucho en función de los departamentos. El Servicio Aragonés de Salud se lleva la palma como consecuencia de la paralización de las obras del hospital de Alcañiz, para las que se presupuestaron 12,4 millones y se acabaron facturando por parte de las adjudicatarias únicamente 1,64, el 13,2% de la partida. Por contra, la construcción del hospital de Teruel va tan bien que el gasto superó la cuantía prevista: 9,7 millones, 60.386 euros más.
Tampoco se puede decir que la Consejería de Desarrollo Rural destacara por el grado de cumplimiento de sus inversiones, que no llegó al 60%, pese a no ser abultada. Dispuso de 26,17 millones, pero se limitó a destinar 15,5. Hay algún ejemplo palmario, como las balsas de Ontiñena, para las que se contaba con 1,6 millones y se gastaron 84.823 euros, el 5,3%.
Aún peor balance presenta el Instituto Aragonés del Agua, que no llegó a invertir ni el 48% de los 8 millones que tenía en las cuentas del año pasado.
Aunque la coalición PSOE-CHA y, desde el pasado verano, los nuevos socios de Podemos y PAR sacan pecho del gasto social, no pueden hacerlo en lo que se refiere a las inversiones del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Solo contaba con 4,9 millones, pero acabó destinando 3, un 61,32% de la cuantía total.
La otra cara de la moneda la reflejan las consejerías de Educación y Vertebración del Territorio. La imparable construcción y ampliación de colegios e institutos catapultó la ejecución hasta el 96,3% de los 33,2 millones de los que dispuso el primer departamento, mientras que la contratación de mejoras y acondicionamientos de la red viaria llevó a que José Luis Soro llegara a destinar el 93% de los 46,3 millones presupuestados. En su caso, el bloqueo presupuestario le impidió contratar más actuaciones.
Incluso ha bajado la recaudación fiscal, aunque en este caso sigue por encima del 96,8% (impuestos directos) y del 99,7% (tributos indirectos), mientras las tasas se han disparado hasta el 134% gracias al juego y a las sanciones. El verdadero pinchazo lo ha sufrido Sucesiones, que con la rebaja ha pasado de 149 a 103 millones. En el lado opuesto está Transmisiones y Actos Jurídicos, que han llegado al 107,5%, pasando de los 179,6 millones previstos a los 193 reconocidos.
