Heraldo del Campo

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El salario de la discordia

La subida del salario mínimo interprofesional ha desatado la caja de los truenos en el campo. Aseguran que no es su mayor problema pero advierten que es la puntilla para un sector en la ruina por el desplome de los precios en origen.

La fruticultura es uno de los sectores más afectados por la subida del SMI, porque es un sector intensivo en mano de obra.
La fruticultura es uno de los sectores más afectados por la subida del SMI, porque es un sector intensivo en mano de obra.
Aránzazu Navarro

No es el motivo que ha provocado la complicada situación que vive el sector agrario aragonés (y de toda España) ni la causa que ha llevado estos días a los agricultores y ganaderos a ocupar carreteras y sacar sus tractores a las calles de las ciudades. Pero es "la gota que colma el vaso", la "puntilla" -como señalan los profesionales del sector- para unas explotaciones que llevan años sumidas en una crisis de precios que han reducido a prácticamente cero su rentabilidad.

El sector -explican alto y claro- que no se ha movilizado porque no quieran pagar la subida salarial pactada por el Gobierno y los agentes sociales. Todo lo contrario. Si pudieran, estarían "encantados", explican, de abonar eso y mucho más, pero ya no pueden reducir más sus márgenes de beneficios porque no los tienen. De hecho, lo único que han recogido este año han sido pérdidas. Y para justificar su lamento ponen sobre la mesa liquidaciones de melocotón a 0,22 euros el kilo, cuando para producir esa misma cantidad han tenido que desembolsar 0,35 euros, porque mientras los precios de la fruta caen, no dejan de subir los insumos (fertilizantes, los fitosanitarios, la energía, los combustibles) y los costes salariales.

El salario mínimo interprofesional (SMI) en 2018 era de los 735,9 euros al mes. Las subidas de los dos últimos años lo han situado en los 950 euros. A esta cifra -que representa el sueldo que como mínimo tiene que recibir el trabajador-, hay que sumarle, insiste el sector, las cotizaciones empresariales que, lógicamente, también se incrementan.

Con estos aumentos, los costes de producción de los agricultores se han disparado alrededor de un 50% en apenas dos años. Lo dice una simulación realizada por los Servicios Técnicos de COAG en base los datos reales de una explotación media, con 2-3 trabajadores fijos (la habitual en España), que también recuerda que el sector se mueve ahora en contexto de caída de rentas (-8,6% en 2019) y de entrada sin control de importaciones de terceros países que no cumplen ni con la más mínima cobertura social y laboral de sus trabajadores.

Por eso, a los dirigentes de COAG les gustaría participar en la mesa del diálogo social, porque "estamos hablando de proteger a un modelo de agricultura con agricultores, verdadero pulmón económico y social de la España vaciada, con una gran potencial para generar empleo de calidad y fijar población en el medio rural", justifican.

La organización agraria advierte que habrá destrucción de empleo y no solo porque estos costes son "inasumibles" y tendrán que recortar, sino también porque la crisis de precios que soporta la agricultura española está obligando a muchos profesionales, especialmente del sector frutícola -actividad intensiva en mano de obra- a abandonar las explotaciones.

Vicente López es responsable de Relaciones Laborales de la organización agraria UAGA-COAG, pero, sobre todo, es fruticultor. Sabe bien de lo que habla porque sufre en carne propia la travesía en el desierto que lleva recorriendo este sector -en el que Aragón es una de las potencias productoras de España- desde que Rusia decidió cerrar sus puertas, hace ya seis campañas, a estas importaciones por un conflicto geopolítico entre Bruselas y el Kremlin.

López ya ha reducido el número de hectáreas que trabaja: «Solo voy a producir en las tierras de mi propiedad. He dejado las que tenía arrendadas». Ya tiene previsto que empleará a un menor número de trabajadores en la próxima campaña de recolección. "Si el pasado año hemos generado 140 empleos, en este 2020 no podré contratar a más de 25 recolectores". Y aunque insiste en que él quiere "aguantar" en su explotación, reconoce que se alegra de que su hijo, de poco más de veinte años, no haya mostrado especial interés por seguir la trayectoria familiar. "Si él quisiera sería yo quien le quitaría las ganas, porque si no se toman medidas, el futuro es muy, muy oscuro", señala.

Es una voz, pero no es un caso único y aislado. Esta misma situación se vive en muchos de los municipios de las comarcas productoras de fruta de Aragón, donde "un día sí y otro también" se repite el cierre de explotaciones.

No culpan de la crítica situación del sector a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que afecta de manera especial a este sector. Pero también. Los fruticultores repiten con insistencia que no están en contra de mejorar las condiciones de sus trabajadores - la fruticultura aragonesa emplea alrededor de 15.000 trabajadores en campaña-, pero insisten en que el alza del SMI es "inasumible".

"Desde UAGA-COAG abogamos por unos salarios dignos y un empleo de calidad en el campo pero en un contexto de caída de rentas (-8,6% en 2019) y de entrada sin control de importaciones que no cumplen ni con la más mínima cobertura social y laboral de sus trabajadores, la importante subida de los costes laborales nos expulsa del mercado", señalan desde UAGA. Y lo justifica con cifras. Una estimación realizada por la organización agraria sobre el impacto que la subida del SMI tendría en el sector evidencia el coste salarial mensual de cada trabajador del campo ha pasado de los 778 euros que se abonaban en 2018 a los 1.165 que se tienen que pagar en este 2020, lo que supone un incremento superior al 50%.

"Nuestro coste laboral diario (69 euros) multiplica por 14 el salario de un jornalero en Marruecos (5 euros/ día)", señala la organización agraria, que si utiliza esta comparativa es porque el sector tiene que competir en el mercado con los elevados contingentes hortofrutícolas que llegan del país africano. Para los que pudieran caer en la tentación de proponer que la comparación también podría hacerse con los sueldos mínimos establecidos, por ejemplo, en Alemania -donde el SMI supera los 1.500 euros-, el sector recuerda que el Ejecutivo de gran coalición que gobierna en Berlín ha aprobado hace apenas unos días un paquete de ayudas a los agricultores de aquel país por valor de 1.000 millones de euros durante los próximos cuatro años. "Que tomen nota", se escucha desde el sector.

Precios de ruina

Los agricultores y ganaderos, y sus representantes al unísono, no dejan de repetir que no su mayor problema no es el SMI. "Es la puntilla", dicen. Pero lo que realmente les preocupa -y les ha llevado a las calles- es, sobre todo, los precios de ruina que soportan. Unos precios sobre los que no tienen ninguna decisión y a los que no pueden cargar las constantes subidas de la luz, del gasóleo, de los fertilizantes o de los fitosanitarios. Y ahora también los de los sueldos.

"Estamos a años luz de poder trasladar al precio de nuestros productos el incremento de costes, en un mercado desregulado en el que se impone la ley de la selva. La presión en precios y costes está asfixiando a las explotaciones familiares", subrayan desde UAGA-COAG, cuyos dirigentes advierten que "habrá destrucción masiva de empleo" en sectores que demandan mano de obra de forma más intensiva, como el de frutas y hortalizas.

La subida del SMI ha provocado un ‘choque de trenes’ entre los sindicatos UGT y CC. OO. y las organizaciones agrarias (UAGA-COAG, Asaja y UPA). El desencuentro entre ambos bloques -que entre algunos actores y en otros momentos han sido considerados ‘sindicatos hermanos’- ha sido tal que desde los dirigentes de los sindicatos de clase han llegado a tachar de "terratenientes carcas" a los agricultores que está semana se movilizaban en toda España para exigir unos precios justos y les han pedido que ya es hora de que reduzcan un poco sus márgenes de beneficio para mejorar los "salarios de miseria" que reciben los temporeros. Unas palabras que han despertado la ira del sector, que critica a los líderes sindicales por el "analfabetismo y la falta de conocimiento que tiene el sector".

Lo dice López, pero podrían ser las palabras de cualquier profesional agrario. "Si yo puedo vender mis nectarinas a 45 o 50 céntimos el kilo, ahora mismo firmo ese SM", destaca el fruticultor, que explica que las liquidaciones recibidas por su producción apenas han se han situado entre los 15 y los 20 céntimos el kilo. Esas mismas producciones que se han encarecido hasta un 500% cuando llegan a los lineales de los supermercados", advierte, al tiempo que señala que "es imposible" reducir márgenes en beneficios cero y, muchos menos, cuando se vive en pérdidas. Recuerda además que las explotaciones familiares medias en España se sitúan entre las 20 y 40 hectáreas. "No son precisamente latifundios", insiste.

"No estamos en contra"

Las organizaciones agrarias aragonesas también han alzado la voz. "Todo se está malinterpretando. No es que no queramos pagar y, por supuesto, estamos de acuerdo con todo lo que sea una mejora para el agricultor", asegura José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón, que señala que "no podemos asumir más incrementos de los costes de producción en tanto en cuanto los precios no suban".

Casi con idénticas palabras se manifiesta el máximo responsable de Asaja en Aragón, Ángel Samper. "No estamos en contra", asegura, pero el secretario general de esta organización agraria destaca que si hay que asumir un componente social en la cadena alimentaria "que se aplique a todos los que forman parte de la misma, y el primer y principal eslabón es el agricultor y ganadero".

Para Samper, la "racanería" que tanto se le echa en cara a los profesionales del campo se la podrían criticar también a las administraciones. Y eso que, asegura Samper, para dar solución a la crítica situación que vive el campo existen herramientas y medidas para las que no se necesita dinero. Entre ellas cita la regulación de la cadena alimentaria, marcada por la falta de precios, la inexistencia de contratos, las prácticas abusivas.... Porque, reitera el dirigente de Asaja en Aragón, "a base de arruinarse el propio agricultor no se puede subir el salario mínimo interprofesional".

El presidente de Araga, Jorge Valero, insiste en que "al final estamos pagando 1.500 euros mensuales y eso es inasumible". Y defiende que si el Gobierno tiene tanta preocupación por los bajos salarios, "que se rasque el bolsillo y reduzca las cotizaciones empresariales, así será más fácil poder pagar a los trabajadores ese SMI".

También el secretario general de UAGA, José María Alcubierre, asegura que la organización que dirige se "alegra mucho" de que se piense tanto en los que menos cobra, pero destaca que lo "realmente triste" es encontrarse con informes de liquidaciones en los que el kilo de manzanas se ha pagado a 12 céntimos, cuando el agricultor ha tenido que pagar más del doble para producirlo y los consumidores tienden que desembolsar más de tres euros cuando las adquieren en el supermercado. "Con esta situación lo único que se plantean los agricultores es arrancar sus frutales o reconvertirlos en almendros que no necesitan mano de obra", señala.

Y lamenta "profundamente" la "insensibilidad" y "el escaso conocimiento del sector" que muestran aquellos que han llegado a decir que «si la explotación tiene que cerrar por el SMI, que cierre». A estas voces Alcubierre y el resto de las organizaciones agrarias advierte que si eso sucede, "¿Quién te dará de comer mañana?", lema de las movilización en Aragón.

Dos interpretaciones, un cruce de acusaciones y más de 100 denuncias

Las subidas del salario mínimo interprofesional ha abierto una brecha en las negociaciones del convenio colectivo del campo en las provincias de Huesca y de Zaragoza (en Teruel no hay negociaciones). En una parte se han situado FIA UGT y la federación de Industria de CC. OO., cuyos máximos responsables aseguran que conocen los problemas del sector pero advierten que "el bote salvavidas del mismo no puede ser la precarización de salarios". En el otro lado, las organizaciones agrarias que responden a estas centrales sindicales que en un escenario de crisis de precios, de pérdida de renta y de inviabilidad de las explotaciones no pueden asumir el nuevo salario mínimo interprofesional. Al menos tal y como lo exigen UGT y CC. OO.

Porque las desavenencias entre ambas partes tienen su origen y explicación en la interpretación que cada uno hace de cómo debe calcularse la aplicación de la subida del SMI. Los sindicatos de clase insisten en que dicho cómputo debe realizarse "tal y como admite Inspección de Trabajo", dividiendo el salario mínimo aplicable en 2020, es decir 13.300 euros anuales, por las horas pactadas en cada convenio, que en el caso de Zaragoza se establecen actualmente en las 1.752 horas. La cuenta son otras para las organizaciones agrarias. Consideran que el SMI debe de dividirse por la jornada laboral anual que recoge el Estatuto de los Trabajadores (1.820 euros). Y el resultado tiene diferencias notables que han provocado un agrio cruce de acusaciones.

Desde los sindicatos se ha tachado a los empresarios agrícolas de "señores feudales" y se les ha acusado de "querer dilatar la negociación y la firma del convenio" para conseguir así "ahorrarse mucho dinero". Las organizaciones agrarias lamentan la "insensibilidad" de los sindicatos ante la "situación de ruina" del sector y lamentan que CC. OO. y UGT "no fueran tan valientes cuando negociaban con PSA como lo son ahora para atacar a un sector débil, difuminado y que no se puede deslocalizar".

El conflicto no ha quedado en palabras. Las negociaciones del convenio están rotas y ante el juzgado. El pasado viernes, FIA-UGT e Industria de CC. OO. presentaban ante Inspección de Trabajo las "primeras" 114 denuncias contra otras tantas fincas agrícolas aragonesas en las que, según los sindicatos, no se está aplicando la subida del salario mínimo interprofesional.

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