Aragón no renuncia a recibir los 80 millones de euros correspondientes a un mes del IVA de 2017 y "no descarta ninguna vía para defender los intereses de la Comunidad". Así lo anunció ayer el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Vicente Guillén, que espera que el Ejecutivo autonómico pueda negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la llegada de la cantidad adeudada a la Comunidad, que se engloba en los 2.500 millones de euros que se deberían repartir entre todas las autonomías. PP, Ciudadanos, Vox y CHA instaron al Gobierno aragonés a que reclame el pago "por todas las vías posibles", después de que varias comunidades como Galicia y Castilla y León hayan anunciado ya que recurrirán en los tribunales la devolución del importe adeudado.

Guillén explicó que, a pesar de las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros, la DGA no tiene aún "comunicación oficial al respecto". Esperarán, por tanto, a tenerla para valorar qué decisión tomar, aunque dejó todas las vías abiertas.

No lo debe tener muy claro el Gobierno de Sánchez cuando, precisamente ayer, la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, indicaba que estudiará cómo abordar la cuestión en el contexto de preparación de las nuevas cuentas públicas.

Dos años lleva la DGA a vueltas con el pago del IVA. Fue el exconsejero de Hacienda, el socialista Fernando Gimeno, el primero en exigir al Gobierno liderado entonces por Mariano Rajoy el pago de un mes de IVA correspondiente a 2017, que no se abonó a las autonomías por un cambio en el sistema de información. La reivindicación se llegó a plantear de forma conjunta con otras autonomías de la España vaciada, Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja, con la firma de la Declaración de Zaragoza un año después. Cuando le sustituyó en el cargo Carlos Pérez Anadón (PSOE) asumió la reivindicación del IVA de 2017, que solicitó en varias ocasiones el año pasado, cada vez que reclamaba al Gobierno en funciones el pago de 400 millones por las entregas a cuenta.

Muy crítico con esta situación se mostró el presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte. "Quieren utilizar los 2.500 millones para pagar las hipotecas de la investidura", declaró, y acusó a Sánchez de "ser el mayor moroso" por sus deudas con las autonomías. Respecto a los 80 millones de Aragón, Beamonte instó al presidente de Aragón, Javier Lambán, a "reaccionar judicialmente" y a pedir que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no se reúne desde hace 20 meses.

También se mostró muy crítico con la situación Daniel Pérez Calvo, portavoz de Cs en Aragón. De inicio, recordó que su grupo ya denunció que en los presupuestos de la Comunidad de 2020 "no estaban claros los ingresos". Incidió, por ello, en conocer cómo se van a hacer los ajustes. Recordó, además, que el propio presidente Lambán anunció que no permitiría tratos desiguales entre las autonomías y le pidió que reclame los 20 millones "de la forma que sea".

Mientras el vicepresidente de la DGA, el aragonesista Arturo Aliaga, y Podemos Aragón cerraban filas con el Gobierno, a la espera de más información y asumiendo su decisión, el portavoz de CHA en las Cortes, Joaquín Palacín, solicitaba al cuatripartito, del que forma parte, que reclame los 80 millones del IVA «en todos los órganos pertinentes, hasta conseguirlo". "Se tiene que demostrar que ahora sí se quiere afrontar de forma distinta desde el Gobierno de España el problema territorial y la financiación, y esa cuestión del pago del IVA servirá para medir hasta dónde es real este compromiso", concluyó.

En Vox afearon al Ejecutivo de Sánchez que, el mismo día que se aprobaron las entregas a cuenta de 103.000 millones, se dejaba a las regiones sin los 2.500 millones del IVA. "Parece que el Gobierno necesita aprobar unos presupuestos, y que todo vale para ejercer presión a las comunidades autónomas y conseguir los apoyos necesarios", declaró el presidente de Vox en Zaragoza, Santiago Morón. Recordó, además, a la DGA que "debería velar por los intereses de los aragoneses".

Más que en el pago del IVA adeudado, Álvaro Sanz, diputado de IU-Aragón, se refirió a la reforma de la financiación autonómica pues, en su opinión, "la política fiscal no puede fiarse exclusivamente a los ingresos derivados del consumo y que pagamos todos por igual".