DGA y familias rechazan el pin parental y afirman que ya hay controles en los centros

Gobierno de Aragón y federaciones de padres y madres endurecieron ayer sus críticas contra el pin parental, el mecanismo de control propuesto por Vox que ya funciona en la región de Murcia y que permite a los padres vetar cualquier actividad organizada dentro del horario lectivo relativa a cuestiones como la identidad de género, el feminismo o la diversidad Lgtbi, entre otras. Tanto Fapar, que representa a las familias de la escuela pública, como Fecaparagón, de la concertada, rechazaron el veto e instaron a respetar "la autonomía" de los centros.

El consejero de Educación, Felipe Faci, aseguró que se trata de un debate "forzado" y recordó que en los colegios ya existen otros mecanismos de control y transparencia. Lo hizo el mismo día en el que el Gobierno central dio un ultimátum al de Murcia para "restaurar la legalidad" y retirar el veto en el plazo de un mes antes de recurrir a los tribunales y en el que Vox presentó una proposición no de ley en las Cortes valencianas para exigir su implantación en esta Comunidad.

Faci es, además, uno de los ocho consejeros socialistas que firman el manifiesto ‘Educar en libertad y para la libertad’, apoyado por los máximos responsables de Educación de Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Navarra. El texto, publicado por El País, afirma que el pin "no tiene cabida" en el sistema educativo español, y que el interés superior del menor y su preparación para el ejercicio de una ciudadanía activa "son imperativos legales". Los ocho coinciden en que los poderes públicos están obligados a proteger el derecho a la educación y en que "los vetos y las censuras son incompatibles con el desarrollo de la autonomía y la independencia de juicio de los menores".

Para el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la Escuela Pública de Aragón (Fapar), Miguel Ángel Sanz, la medida "no es adecuada", ya que "no favorece la educación integral del alumnado" y priva a los estudiantes "de una serie de valores y de una educación en libertad en pleno siglo XXI". El colectivo reconoce que el debate ha provocado reacciones contrapuestas entre las familias aragonesas y sigue con especial atención la polémica suscitada a nivel nacional. Cree, no obstante, que en Aragón "no hay riesgo" de que se implante.

Límites de actuación

En esta línea, la presidenta de la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Aragón (Fecaparagón), Concepción Ibáñez, lamentó que se esté utilizando la educación "como moneda de cambio para fines políticos" y subrayó que las familias "ya forman parte de la comunidad educativa". "Pertenecen a los consejos escolares y son informadas de todo lo que se realiza", aseveró.

Ibáñez abogó por buscar "un término medio", siempre desde el respeto a la autonomía de los centros escolares y la libertad de cátedra de los docentes, ya que, en su opinión, la participación de los progenitores debe de estar marcada por unos límites de actuación.

En Escuelas Católicas de Aragón no ven necesario este instrumento, ya que, según su presidente, José Luis Sampériz, los padres "conocen y aceptan" la programación del centro y reciben información puntual al respecto.

El propio Faci instó ayer a "confiar en los docentes". "Aparte de ser una profesión es una vocación, y poner eso en cuestión es arriesgado", subrayó. El consejero recordó que toda la programación que se diseña en un centro educativo es supervisada por el equipo directivo y aprobada por el claustro y por el consejo escolar. "Y nunca ha habido ese debate ni debería existir", añadió.

Incidió, a este respecto, en que el pin parental afecta a actividades obligatorias que forman parte del currículum y del enriquecimiento del alumno, como una visita a un museo a la naturaleza.