El vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, elevó ayer el tono contra el reparto del Fondo Europeo de Transición Justa y tildó de "terriblemente injusto" que España solo vaya a recibir 307 de los 7.500 millones de euros previstos. Por ello, solicitará una reunión con la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de analizar "el margen de maniobra" para enmendar la propuesta de la Comisión Europea y, además, urgirle a aprobar el convenio nacional para las comarcas mineras porque, lamentó, "está parado".

Un día después de que se confirmara la asignación comunitaria, por la que solo llegará el 4% mientras Polonia logrará 2.000 millones y Alemania, otros 877, Aliaga consideró que es "como para estar alarmados" y compartió la "inquietud" de las comarcas turolenses. "Para repartir miserias, que no tarden tanto tiempo en decidirse", dijo en alusión a la propuesta de la Comisión.

El líder aragonesista consideró una contradicción que los países que más siguen contaminando y, sobre todo, "no han hecho el esfuerzo" de la descarbonización vayan a ser los que se lleven la mayor parte de los fondos, justo cuando la Unión Europea acaba de vender su política de ‘Green Deal’. Así, recordó que Aragón ha asumido el cierre de las centrales de Escucha o Escatrón y la pérdida de la actividad minera en la cuenca central y en Mequinenza.

Sus palabras no se quedaron ahí, ya que Arturo Aliaga se mostró también crítico con la demora que acumula el convenio de transición justa. En esta línea, dijo que hay un borrador "danzando" y pedirá a Teresa Ribera que le aclare cuándo saldrá adelante porque está "parado".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comarcas Mineras de España, Mario Rivas, criticó que la Comisión no haya tenido en cuenta los esfuerzos y sacrificios hechos en España para garantizar el "estricto cumplimiento" de la normativa europea. El colectivo instará a la vicepresidenta a convocar una reunión del conocido como ‘equipo-país’, formado por el Ministerio para la Transición Ecológica, las comunidades autónomas afectadas y los municipios mineros.

Espera, en este sentido, que la acción conjunta permita introducir indicadores que favorezcan una mayor inversión en Aragón y el resto de regiones afectadas por los cierres de centrales.

Un 'lobby' en Europa

El reparto del fondo europeo también provocó reacciones en la oposición. Para el presidente del PP-Teruel, Joaquín Juste, "ha faltado trabajo y eficacia negociadora" en el Gobierno central ante la Unión Europea para defender las comarcas mineras.Juste culpó de la situación al presidente y vicepresidente aragoneses, Javier Lambán y Arturo Aliaga, por haberse "fiado" de Pedro Sánchez y recordó que a un mes del cierre de la central no hay alternativas laborales. "Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso", aseguró en referencia al reparto de fondos europeos.

A juicio del portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, Ribera ha pecado "de falta de empatía con el territorio". "Hemos perdido un año. Ha habido muchas promesas sobre el papel, pero no avanzamos", afirmó. La prioridad, en su opinión, debe ser analizar qué se ha hecho mal y tejer una red de alianzas en Europa, un ‘lobby’ que permita introducir criterios como el PIB o la despoblación para que España y Aragón reciban mayores cuantías. Destacó, a este respecto, la importancia de que la Comunidad demuestre ante la Unión que es capaz de hacer la transición e impulsar proyectos ambiciosos, viables y competitivos.

Santiago Morón, presidente provincial de Vox, lamentó que España haya querido ponerse "la medalla" y haya precipitado los despidos "sin que haya una solución real"cuando otros países como Alemania han retrasado la transición. Por su parte, el coordinador general de IU, Álvaro Sanz, cree que la propuesta es "absolutamente insuficiente", de ahí que reclamase que la versión definitiva contemple "las correcciones oportunas" para evitar agravios.