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Aragón retrasa su entrada en la ‘guerra’ por la reforma de la financiación autonómica

Pedro Sánchez debe presentar el proyecto en ocho meses para cumplir su pacto con Compromís

García-Page, Fernández, Lambán, Núñez Feijóo, Ceniceros y Herrera, ayer, durante la firma de la declaración de Zaragoza.
García-Page, Fernández, Lambán, Núñez Feijóo, Ceniceros y Herrera, ayer, durante la firma de la declaración de Zaragoza.
José Miguel Marco

Aragón guarda silencio mientras el resto de España se enzarza en la feroz ‘batalla’ para imponer sus criterios en la inminente reforma de la financiación autonómica. Ocho meses tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para presentar el proyecto inicial que le prometió a Joan Baldoví (Compromís) a cambio de su voto a favor para la investidura. A Aragón no le conviene que la modificación emane de la promesa formulada a un partido valenciano porque su postura se aleja de la que defiende la España interior y que consiste en que el reparto se asigne en función del coste de los servicios prestados. Con el criterio de población Valencia, Madrid y Andalucía serán los más beneficiados. Y Cataluña, donde ERC tiene suficiente fuerza para condicionar la gobernabilidad del país. Castilla y León y Extremadura apuntalan la postura de la España interior, y Andalucía y Valencia, la del extremo contrario.

En este contexto poco favorable, la oposición deja constancia de su preocupación. El popular Luis María Beamonte asegura que estarán "vigilantes" frente a los independentistas que "querrán ahora sacar tajada", mientras el portavoz de Cs en las Cortes, Daniel Pérez Calvo, teme que Aragón vaya a ser la "pagana" en cualquier cambio de financiación autonómica porque "los del qué hay de lo mío van a conseguir llevarse la mayor parte de la tarta". 

Fue en su tradicional discurso de fin de año cuando el presidente de Aragón, Javier Lambán, se refirió por última vez a la reforma de la financiación autonómica. "Con la actual no es posible mantener siquiera la sanidad y la educación y carecemos de recursos para casi todo lo demás", enfatizaba, para reiterar la postura unánime que defienden todos los partidos en Aragón y que se comparte con las comunidades de la España interior. Apenas 48 horas después se comprometía Sánchez con Baldoví a impulsar la reforma y, desde entonces, el barón socialista permanece callado. La DGA quiere esperar a que esté constituido el Gobierno al completo para pronunciarse.  

Aragón lleva dos años peleando para que lograr un nuevo sistema de financiación que compense el sobrecoste que asume la Comunidad en la prestación de servicios a consecuencia de la dispersión del territorio y el envejecimiento de la población. El 19 de febrero de 2018 constituyó un "frente común" con Asturias, Castilla y León y Galicia para sumar fuerzas. Ese pacto se amplió el 11 de septiembre para incorporar Castilla La Mancha y La Rioja, y rubricar la ‘Declaración de Zaragoza’, un documento que recoge sus principales reivindicaciones. Las seis comunidades concentran el 52% del territorio nacional, pero solo al 21% de sus habitantes, pocos votos para hacer valer sus justas reivindicaciones.

Sánchez llegó prometer en la campaña electoral de la autonómicas, en un mitin en Zaragoza el 13 de mayo de 2019, que incluiría el envejecimiento y la dispersión en el nuevo modelo. Rebajó su compromiso solo unos meses después cuando, a inicios de octubre y en una entrevista concedida a HERALDO, fue más cauto al reconocer que la reforma será "uno de los grandes debates de esta legislatura", pero sin querer mojarse sobre los criterios. "Será difícil" contentar a la España interior y la costera, aseguraba.

La necesaria "multilateralidad"

El acuerdo entre Sánchez y Baldoví pone ahora en cuestión la "multilateralidad" que exige la España interior, que aboga por que el nuevo modelo emane del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El cuestionado pacto PSOE-Compromís recoge, de forma expresa, que el actual modelo, pendiente de renovación desde 2014, "ha resultado especialmente lesivo para la Comunidad Valenciana en términos de financiación media por población ajustada" y el nuevo deberá garantizar «una financiación justa y constitucional para los valencianos». Pero no solo. El PSOE ha aceptado que, hasta que llegue la reforma, en los presupuestos del Estado se garantice a la Generalitat "la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado" sin aclarar cuánto dinero requerirá.

Barones del PP y del PSOE ya están en pie de guerra. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aboga por "afrontar y reforzar el modelo entre todos" y exige "multilateralidad". También el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tiene dudas, aunque confía en que "no haya nada acordado con ERC que tenga que ver con la financiación autonómica". El castellanomanchego Emiliano García-Page se suma al silencio de Lambán, aunque desde sus ejecutivos recuerdan que sus reivindicaciones no han cambiado.

Los que piden que se ajuste a la población se van movilizando. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha pedido a Sánchez una reunión urgente para tratar la reforma y para que habilite una aportación adicional de 4.000 millones. Hasta el líder del PSPV y presidente de Valencia, Ximo Puig, exige "equidad" porque "nadie" cuestiona que su comunidad "es la peor financiada". Solo faltaba Nueva Canarias, que quiere que los ingresos de su Régimen Económico y Fiscal salgan del sistema, para acabar de abrir la caja de los truenos.

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