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La Cámara de Cuentas advierte de la escalada de deuda, hasta 9.171 millones

Alfonso Peña ha señalado que en 2017, la deuda se situó en 8.553 millones, 428 más que un año antes, y ha avanzado que en 2018 sumará 257 millones hasta 8.810 y que al cierre de 2019, se elevará a 9.171 millones, es decir, 361 millones más.

Cámara de Cuentas de Aragón.
Cámara de Cuentas de Aragón.
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El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha advertido este miércoles de la escalada de la deuda de la Comunidad, que según las previsiones este ejercicio llegará a 9.171 millones al sumar 361 millones a la de 2018.

Peña ha dado a conocer estas cifras en su comparecencia en el pleno de las Cortes para explicar el informe de fiscalización de la cuenta general de Aragón de 2017 elaborado por la Cámara de Cuentas, que afecta a trece entidades que representan el 97 % de un presupuesto de gasto de 5.831 millones, el 96 % del personal y el 86 % del activo total.

En su intervención, ha señalado que en el año correspondiente al informe, 2017, la deuda se situó en 8.553 millones, 428 más que un año antes, y ha avanzado que en 2018 sumará 257 millones hasta 8.810 y que al cierre de este ejercicio, se elevará a 9.171 millones, es decir, 361 millones más.

Y en su informe de 2017, la Cámara ya advirtió de que el presupuesto del ejercicio fue insuficiente para cubrir necesidades e imprevistos y que la Comunidad necesitará si no crecen los ingresos, dado el grave desequilibrio patrimonial que presenta, seguir endeudándose para financiar gasto corriente o reducirlo en al menos 349 millones.

En todo caso, Peña ha subrayado que las cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio y de su situación financiera a 31 de diciembre de 2017, así como del resultado económico y del presupuestario excepto por 19 salvedades, entre ellas una provisión insuficiente para hacer frente a responsabilidades, probables o ciertas, que la Cámara cifra en 114 millones.

Entre esos riesgos, destacan los 25 millones reclamados judicialmente por el Ayuntamiento de Zaragoza en cumplimiento del convenio para la financiación del tranvía, 20 millones de posible reclamación del Estado en concepto de devolución de fondos del FITE no ejecutados y 15 millones por el pago de prestaciones a la dependencia reconocidas y no pagadas.

En materia de personal, Peña ha tachado de "alarmante", porque es "altísima", la tasa de temporalidad en el empleo público, del 45 por ciento, un indicador de que "pasa algo", aunque tiene la impresión de que es un problema de todas las administraciones, y ha puesto como ejemplo a Navarra, con una tasa del 48,5 %.

Peña ha explicado además que Aragón incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria al situarse su déficit en 332 millones, 116 más del objetivo fijado en el 0,6 % del PIB, y que la desviación en la regla de gasto fue del 3,2 % (el objetivo era del 2,1 %), lo que obligó a la Comunidad a elaborar un Plan Económico-Financiero, aunque sí cumplió los objetivos de deuda financiera (21,5 % del PIB regional) y los de sostenibilidad de la deuda comercial, con un periodo medio de pago inferior a los 30 días de plazo legal.

El informe también destaca, como incumplimiento de legalidad, la insuficiencia del presupuesto inicialmente aprobado para hacer frente a la actividad de la Comunidad por 272 millones, si bien apunta que los mayores ingresos finales permitieron aprobar modificaciones por 253 millones.

A pesar de ello, los auditores de la Cámara estiman que el gasto realizado en 2017 sin cobertura presupuestaria adecuada y suficiente llegó, al menos, a 37 millones.

Y en respuesta a los grupos, que han lamentado la reiteración de errores técnicos y de las recomendaciones del órgano fiscalizador, Peña ha anunciado que la Cámara está elaborando un informe específico de fiscalización sobre el nivel de implantación de las recomendaciones de los informes de estos años, que se conocerá el próximo año y aportará una información "muy valiosa", teniendo en que la implementación de algunas de ellas requiere poco esfuerzo.

Las conclusiones de ese informe se trasladarán a las administraciones fiscalizadas para que puedan presentar alegaciones, y será entonces cuando se conocerán las dificultades para la implantación de algunas de las recomendaciones.

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