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El parón de las obras del hospital de Alcañiz aboca a la DGA a rescindir el contrato
El Salud recibe el lunes a las contratistas tras expirar el ultimátum para agilizar los trabajos.
El Gobierno de Aragón está decidido a rescindir el contrato de construcción del hospital de Alcañiz tras haber expirado este viernes el plazo dado a las adjudicatarias, OHL y Dragados, para agilizar los trabajos tras meses al ralentí, con la plantilla reducida a tan solo cinco personas. La maquinaria administrativa se pondrá en marcha la próxima semana para agilizar el preceptivo expediente de resolución contractual, aunque todo estará condicionado al resultado de la reunión solicitada en el último momento por las empresas. El encuentro se mantendrá el lunes en Zaragoza con responsables del Salud y del propio equipo de la Consejería de Sanidad a raíz del ultimátum que se le dio hace dos semanas.
La Unión Temporal de Empresas (UTE) del hospital de Alcañiz ha agotado la paciencia del Ejecutivo aragonés, por lo que solo si sus representantes acuden con un compromiso real de retomar los trabajos podría evitarse la rescisión. En el seno del gobierno cuatripartito son muy escépticos y reiteran su decisión de tomar las "medidas legales oportunas", el eufemismo al que recurren para no emplear públicamente la palabra resolución de contrato.
En su decisión ha pesado no solo los continuos desencuentros con OHL y Dragados por la marcha de los trabajos, sino especialmente la advertencia de la dirección facultativa sobre el severo riesgo de no terminar el hospital en el plazo acordado, que expira a finales de 2021.
OHL y Dragados apenas han ejecutado un 10% de la obra en los más de dos años transcurridos desde la adjudicación y mantienen un mínimo retén de trabajadores en el esqueleto parcial del futuro complejo hospitalario. Al cierre del mes de septiembre, la certificación de obra se limitaba a 5,4 de los 57,4 millones del presupuesto y, según la programación plurianual pactada, a estas alturas se deberían haber invertido más de 23 millones. Es decir, el 40% del importe total del contrato.
Pago a las subcontratistas
La situación ha llevado a la UTE a tomar la decisión de pagar a las empresas subcontratistas, que se sorprendieron hace unos días al ver cómo se les abonaban de golpe todos los trabajos a pesar de haberse establecido previamente un calendario que dilataba el cobro varios meses.
El punto de no retorno se originó la semana pasada después de que este diario informara de la reclamación de las empresas, que exigieron sin éxito al Salud una modificación de contrato para ahorrarse costes. La UTE ganó el concurso con una sustancial rebaja económica, del 28,8%, que ahora pretendía contrarrestar al no salirle los números.
En la DGA insisten en su pretensión de que las obras se retomen "cuanto antes", aunque no ocultan, al igual que en las filas socialistas, su preocupación por los efectos de una rescisión. Eso sí, en la Consejería de Sanidad eludieron cuantificar la demora que sus técnicos prevén
Casi dos años más de retraso
Varios especialistas en obra pública indicaron a ese diario que, para empezar, habría que preparar unos pliegos y rehacer el proyecto, cuya redacción tendría que salir otra vez a concurso, por lo que solo en este proceso se perdería un año. A partir de ese momento se podrían licitar las obras, con la diferencia de hacerse por lotes, como en el caso del hospital de Teruel, al afectarle ya la nueva Ley de Contratos del Sector Público. "Y esto requerirá, al menos, de otro medio año", apuntaron.
Lo que sí resulta una incógnita es fijar el plazo de ejecución, que dependerá en gran medida de la voluntad política del cuatripartito. En este sentido, contratistas consultados manifestaron que se podría ejecutar en poco más de dos años, pero recordaron que la DGA lo alargó en su día hasta los 52 meses. En todo caso, habrá que esperar a la próxima legislatura.
Todo este proceso se podría lanzar al mismo tiempo que la DGA y la UTE formada por OHL-Dragados resuelven sus diferencias. En el momento en que comenzara el expediente de resolución contractual, habría que dar traslado a las empresas, que tendrían diez día naturales para alegar. Si se opusieran, habría que pedir informe, de forma preceptiva sin ser vinculante, al Consejo Consultivo de Aragón antes de acabar en una resolución, que se demoraría hasta el próximo año.
Las partes tendrían que hacer la liquidación de las obras y la Administración, alegando que la causa de resolución es achacable a la empresa, podría ejecutar los avales y reclamar daños y perjuicios.
