Andorra optará a las nuevas ayudas para afectados por cierres de centrales del Ministerio para la Transición Ecológica. La iniciativa, presupuestada en siete millones de euros, busca fomentar un desarrollo económico alternativo como mecanismo de reacción para "anticiparse a los efectos de la descarbonización, crear empleo sostenible e incentivar la formación y recualificación de los trabajadores afectados".

Hasta 15 zonas de toda España podrán presentar proyectos en régimen de concurrencia competitiva. Las bases, publicadas este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establecen que cada entidad local optará a un máximo de tres millones de euros, fórmula con la que se pretende garantizar que no se produzca una excesiva concentración de los recursos.

El Gobierno financiará hasta un 75% de cada proyecto, quedando el 25% a expensas de cada localidad. Cada actuación habrá de tener un coste mínimo de 25.000 euros y un máximo de un millón.

Los municipios podrán solicitar un porcentaje de la cuantía asignada de forma anticipada una vez notificada la resolución, partida que será compatible con otras ayudas concedidas con la misma finalidad. Según consta en el BOE, los siete millones de euros serán "susceptibles de ser ampliados".

Solo serán elegibles aquellas inversiones y gastos "que sean necesarios para conseguir los objetivos de transición justa" o que estén relacionados con la reactivación social y económica del territorio en cuestión. Entre los criterios de selección figuran la localización del proyecto, su capacidad para generar empleo sostenible, el aprovechamiento de recursos endógenos o su arrastre, entre otros factores.

Las solicitudes, según aparece en el Boletín, tendrán que presentarse en el plazo de un mes. Los participantes tendrán que adjuntar una memoria descriptiva de cada proyecto con datos sobre su emplazamiento, las características técnicas generales, las contrataciones previstas para su ejecución y el porcentaje de cofinanciación.

Será una comisión de evaluación encabezada por funcionarios de la Secretaría de Estado de Energía y representantes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, entre otros, la que, en un máximo de seis meses, comunique qué cuantías van a cada término municipal. 

En cuanto a la ejecución, los beneficiarios tendrán que acreditar haber iniciado la tramitación de los suministros, obras y servicios necesarios en un plazo máximo de seis meses desde la resolución; y para terminar las actuaciones, el plazo será de dos años.

Antonio Amador, alcalde de Andorra, confirma que el Consistorio está estudiando ya en profundidad la convocatoria para poder presentar proyectos. Garantiza, en este sentido, que el Ayuntamiento será "consecuente" y actuará con la misma celeridad que exige al resto de administraciones para detallar sus propuestas.