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entrevista al consejero de hacienda

Pérez Anadón: "Hay instrumentos y fondos para facilitar la implantación de Amazon"

El consejero de Hacienda destaca la sintonía del cuatripartito en la elaboración del presupuesto y se muestra satisfecho por las "dosis de generosidad" de los consejeros.

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Carlos Pérez Anadón, consejero de Hacienda de la DGA.
Oliver Duch

El cuatripartito ha logrado pactar un presupuesto en apenas cien fácil. ¿Cuáles han sido los principales escollos que han tenido que superar?

Fundamentalmente el tiempo, porque nos parecía imprescindible que hubiera presupuestos el 1 de enero de 2020, para que empezaran a funcionar en febrero. Todos los consejeros tenían claro que debía haber un solo presupuesto que defendiera políticas a nivel general según el pacto de Gobierno y el discurso de investidura de Javier Lambán. Mi mayor satisfacción ha sido la dosis de generosidad y de altura de miras que han demostrado los consejeros.

¿Ha habido tensiones al exigir el reparto de fondos?

No. Las ha habido a la hora de defender lo que creían que era lo más importante. Pero la celebración de las fiestas del Pilar tuvo un efecto beneficioso y se cerró la negociación.

Las previsiones económicas cambiantes y el carecer de datos clave que facilita el Estado han dificultado su confección. ¿Puede conducir a errores?

Nos afecta, sobre todo, desconocer cuáles van a ser las transferencias del Estado, pero son incógnitas que tienen todas las comunidades. En el crecimiento económico esperado, fijamos un 1,9%, la cifra que nos facilitaron nuestros técnicos, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acaba de avalar nuestras previsiones macroeconómicas.

¿Incluyen los presupuestos de Aragón medidas para facilitar la implantación de Amazon?

En estos momentos no porque no es necesario. Pero hay instrumentos y habrá fondos para las adecuaciones urbanísticas que se precisen. Dos de las tres ubicaciones de los centros de datos se ejecutarán en suelo público.

Pero la tercera, la del aeródromo de Villanueva de Gállego, requiere 24 millones para afrontar la urbanización...

Lo que hay que hacer es cambiar la calificación del suelo rústico, y al tratarse de un plan de interés general autonómico (PIGA), lo asumiremos y lo haremos.

La patronal y los clústeres recomiendan impulsar el campus tecnológico de Formación Profesional. ¿Cuándo se podrá disponer del Pabellón de España?

Estamos negociando con el Gobierno cómo se produce la cesión. El acuerdo está cercano.

¿Se podrán iniciar las obras para acondicionarlo?

Hay un crédito ampliable en Educación de unos 200.000 euros.

El proyecto de presupuestos destina 500 millones a inversión y se enmarca en una línea continuista. ¿No prevén proyectos nuevos?

Los habrá, sin duda. El problema es que cuando empiezas un proyecto tienes que terminarlo. En Educación todos los centros planteados son nuevos. Los desbloqueamos administrativamente hace unos meses, y en 2020 hay 35 millones para realizarlos.

¿Se contempla alguna partida para abonar los 27 millones que se derivan de la quiebra de la autopista autonómica (ARA-1)?

Tenemos un crédito ampliable.

La anterior legislatura arrancó con un aumento de la presión fiscal para afrontar la emergencia social. En la actual, se mantienen ¿Creen desde el cuatripartito que ha mejorado la situación?

Ha disminuido, y se nota en algunas partidas. De esta crisis se ha salido siendo más desiguales. Mucha gente se ha quedado por debajo del umbral de la pobreza y por eso sigue habiendo muchos fondos de Acción Social.

En el capítulo de ingresos contemplan 66 millones por el cobro del Impuesto de Contaminación de las Aguas. ¿Da por hecho que en 2020 no estará listo el nuevo tributo que lo sustituirá?

No. Hay que recordar que en Zaragoza se cobra el ICA_de 2018 y en los demás municipios, el actualizado.

¿Cuándo sabremos cuánto ingresará el Gobierno aragonés por ese nuevo impuesto?

Cuando exista una nueva norma y cuando haya una disposición transitoria que diga qué pasa con los de Zaragoza porque, si ellos no pagan ese último año, sería una amnistía fiscal, y es imposible concederla. Ahora nos estamos encontrando con gente que figura que firmó para recurrir el ICA pero que dice que no hizo y lo avala presentando el recibo que pagaron. Firmaron más por protesta que por generar un recurso, y ahora les van llegando a casa.

¿Incluye el presupuesto de 2020 la subida del 2% del salario de los funcionarios?

Sí, pero al ser un incremento variable aparece en la sección 30, que se denomina ‘varios departamentos’, hasta que podamos cuantificarlo.

Once altos cargos, trece asesores y 22 cargos de libre designación. ¿Era necesario ampliar en 2,3 millones al año el gasto en personal de confianza?

No hay ningún cuatripartito que tenga menor estructura de Gobierno que este, ni ningún ayuntamiento en Zaragoza. Creo que es modulado. Otra cosa es que a los sindicatos no le guste.

Al PP y a Vox tampoco.

El PP tiene un problema: el presente y el pasado. En el Gobierno de Aragón un consejero cobra 68.000 euros; un jefe de gabinete del Ayuntamiento más de 80.000. La diferencia es notable.

¿Ha recibido la DGA la mitad de los 162 millones que le debe devolver el Estado?

No. Viene la mitad en noviembre y el resto en diciembre. Y están todos gastados ya.

Parece difícil que Aragón cumpla el objetivo del déficit (0,1%)...

No lo vamos a cumplir.

¿Le preocupa que Aragón deba volver a elaborar en 2020 un Plan Económico y Financiero y que Madrid tenga más control sobre las cuentas?

Incumplimos todos los años menos en 2018. Si se cumple, ya no se puede optar al extraFLA, y pasamos más agobios que otras comunidades que no se han ajustado.

Pero también se está más sujeto al control por parte de Hacienda.

La interventora tiene la obligación de informar a Madrid del estado del presupuesto todos los meses. Lo penoso fue lo que hizo el PP al cargarse en el Senado la posibilidad de bajar del 0,3% al 0,1% el déficit, porque cada décima son 40 millones que nos habrían venido muy bien. En 2020, se exigirá un 0%, así que vamos a esperar a que un nuevo Gobierno analice la situación. La práctica totalidad, salvo País Vasco, Navarra y Canarias, lo incumplirá.

¿Solicitará Aragón que se modifique el objetivo de déficit?

Sí. Y al presidente Javier Lambán le he dicho que si no nos pagan los 80 millones del IVA igual hay que plantearse una posición judicial.

Esta legislatura se abordará la reforma de la financiación autonómica. Si tenemos un gobierno de coalición de PSOE y Podemos que necesita a otros partidos, ¿será más difícil que se atiendan los intereses de Aragón?

Vamos a ver cómo se conforma el_Gobierno. PSOE, Podemos, PP y Cs llevaban en sus programas la reforma de la financiación.

La cuestión es cómo: ¿atendiendo a la España vaciada o al resto?

Nuestro modelo tiene que pasar por que lo que son derechos básicos de la ciudadanía no han de ser prestados de modo distinto con independencia de que sean costosos. La postura de los partidos no va ser uniforme, sino que dependerá de los territorios. Tendremos un debate complejo e indispensable. Será una manera de contrapesar lo de Cataluña pues, si ve que hay reivindicaciones por otro lado, el Gobierno, sea el que sea, tendrá que planteárselo.

¿Considera que un Gobierno progresista estará dispuesto a abordar una armonización fiscal?

Aragón lo va a plantear como tema imprescindible. Si se sigue por la senda actual tendremos ‘dumping’ fiscal y, al final, en Madrid se está generando un paraíso fiscal.

Planteó la creación de una Agencia Tributaria de Aragón para reforzar el control fiscal. ¿Qué plazos baraja para su implantación?

Dependerá de cuánto tiempo y cuánto dinero nos cueste implantarla. Mi idea es que haya una agencia propia en colaboración con la administración estatal.

¿Cuánto dinero se podría recuperar?

Este año han aflorado 17,4 millones por fraude y puede haber más. A los que nos enfrentamos saben mucho, y tienen a los mejores abogados especializados en tributos para pagar menos. Lo importante es llegar a una tributación más justa y que afloren los niveles de fraude.

¿Veremos esta legislatura una nueva Ley de Función Pública?

Es un tema pendiente. Debemos estudiar si es posible impulsarla económicamente; si no, se buscará cuáles son las medidas más potentes para sacarlas adelante.

En la Administración regional el porcentaje de interinos ronda el 48%. ¿No resulta excesivo?

No debería ser así porque ni siquiera es rentable, ya que cuestan más estos puestos que los de los funcionarios.  

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