Juicio por una deuda de la Seguridad Social que tenía pagada

Cuando empezó el juicio por malversación impropia a Jorge G. P, un empresario de Cadrete que tenía una sociedad de moldes y matrices, parecía que no se iba a celebrar porque se supo que había pagado la deuda de la Seguridad Social que le reclamaban. Pero la inercia del derecho lo impidió. La Junta Electoral Central había ocupado dos salas del nuevo edificio de la Audiencia de Zaragoza, donde se celebraba la última jornada del juicio del crimen del tirantes, y esta vista oral se trasladó al edificio histórico del Palacio de los Luna, que le daba más pompa.

Cuando el presidente de la sala de la Sección Tercera de la Audiencia de Zaragoza le preguntó al acusado, Jorge G. P., si quería contestar, al principio le dijo que prefería callar. En realidad, pensaba que ya había cumplido con el abono de los 18.426 de la Seguridad Social de las cuotas de tres meses de sus seis trabajadores en la empresa y con esa acción ya había replicado al juicio por malversación que le sentó en el banquillo. Pero al final, se lo pensó y se prestó a declarar porque tenía muy claro lo que ocurrió y cómo la crisis económica le había dejado en el desempleo al igual que su mujer. «Estoy dispuesto a declarar. Si ya he pagado toda la deuda», señaló.

Aunque el abogado defensor Rafael Ariza avisó al fiscal, al abogado del Estado y a los magistrados del tribunal que su defendido no había incurrido en el dolo de la malversación ni siquiera le había quedado un euro de la deuda por devolver, la acusación no se retiró y la vista oral se celebró.

Traslado de las tres máquinas

Jorge G. P. declaró que le habían embargado tres máquinas de su empresa por las deudas a la Seguridad Social y la crisis le provocó a tener que perder la nave donde las tenía guardadas como depositario de las mismas. Por eso optó por trasladarlas a otro almacén de María de Huerva que era de su mujer, sin intención de ocultarlas del embargo.

De hecho, el acusado explicó al fiscal y al abogado del Estado que este traslado lo comunicó por teléfono a la Seguridad Social para que supieran donde se encontraban las máquinas que pensaban entre 15.000 y 20.000 kilos porque no pensaba ni venderlas ni moverlas del lugar donde las había tenido que dejar.

El acusado agregó que la Tesorería de la Seguridad Social había acordado una ampliación del plazo del pago 24 meses, desde diciembre de 2017. Cada mes le tocaba abonar 754 euros, pero el empresario superó esas cuotas, hasta el punto que el abogado defensor mostró al tribunal datos de la Seguridad Social, en los que reconocían que cuando lo denunciaron por malversación (noviembre de 2017) ya había devuelto 8.400 euros de la deuda.

Un responsable de la Seguridad Social declaró que no encontraron las máquinas en la nave y buscaron a otro depositario sin encontrarlo. El fiscal y el abogado del Estado reconocieron que pagó la deuda pero le pidieron una pena de dos años y seis meses, así como la inhabilitación para un cargo público. Su abogado solicitó su absolución: «No hubo dolo del delito porque pagó toda la deuda y no hay perjuicio de la Seguridad Social». Y el juicio acabó.